Investigadores señalan que la funcionaria ha dirigido el máximo órgano científico en México de espaldas a los investigadores y defendiendo a ultranza la visión política de López Obrador

Al grito de “¡Álvarez-Buylla, la ciencia no es tuya!” y “No al asalto al CIDE”, decenas de estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) bloquearon este lunes por más de seis horas la carretera México-Toluca en señal de protesta por el cambio de estatutos de este centro de estudios avalado en una asamblea extraordinaria convocada por la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla. Los estudiantes que se movilizaron advierten que las modificaciones restarán autonomía académica a la institución.

De los ocho integrantes convocados este lunes en la Asamblea General de Asociados del CIDE, solo dos votaron en contra de las reformas al estatuto: el Colegio de México (Colmex) y la Secretaría de Economía, mientras que el Banco de México se abstuvo y el resto de los miembros entre los que figuran las secretarías de Hacienda, Energía y Educación, el Fondo de Cultura Económica –dirigido por Paco Ignacio Taibo II– y el Conacyt, que fue quien puso sobre la mesa la iniciativa de reforma, votaron a favor.

Tras las movilizaciones, la directora del Conacyt celebró a través de su cuenta de Twitter los cambios aprobados asegurando que se llevaron a cabo mediante “un ejercicio democrático, colegiado y de discusión profunda” y haciendo hincapié con que las reformas fortalecen a los cuerpos colegiados del CIDE y se enriquecerá la investigación a favor de los alumnos del CIDE. Los mensajes de Álvarez-Buylla contrastan con el rechazo del alumnado y de los profesores de la institución, quienes ya evalúan la estrategia legal para impugnar ante tribunales las modificaciones de los estatutos.

El profesor e investigador del CIDE, Javier Aparicio, explica que con esta reforma el Conacyt ha ganado más poder para realizar nombramientos que antes pasaban por los órganos internos de la institución. “Cambiaron la forma de designar director general del CIDE, con esta reforma los futuros directores ya no tendrán que someterse a la votación del consejo directivo. Además, ahora el secretario general puede ser externo al centro de investigación y con esto se facilita el control del CIDE desde afuera”, detalla.

Tanto académicos como estudiantes del CIDE advierten estas decisiones como una cruzada del Conacyt por restarle autogestión a este centro de investigación, uno de los referentes en el análisis de la investigación política y social del país. Esta última controversia supone un capítulo más en el desencuentro que desde hace cuatro meses sostiene la institución con el Gobierno federal, una polémica que ha pasado por un recorte de presupuesto para proyectos de investigación, por el nombramiento del actual director, José Antonio Romero Tellaeche, una designación avalada por el Conacyt pese al rechazo de los estudiantes y un plantón del alumnado.

Para Aparicio este nuevo golpe al CIDE perjudica a la ciencia en México. “Álvarez-Bullya tiene una visión de cómo debe ser la ciencia, este sesgo ideológico de combatir la ciencia neoliberal y promover la ciencia nacional, traen un poco ese discurso, pero yo no creo que solo sea ideología, yo creo que es un intento de control político disfrazado de ideología. Es un esfuerzo centralizador de controlar las agendas deinvestigación del país”, zanja.

La polémica en el CIDE es una de las tantas batallas que la actual dirección del Conacyt ha emprendido bajo la narrativa del Ejecutivo de acabar con los privilegios de “la ciencia neoliberal”. Una batalla que ha servido de justificación para reducir las becas para estudiantes en el extranjero, eliminar cientos de fideicomisos científicos, la pelea en tribunales contra la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico y, finalmente y en su punto más álgido la presentación, en agosto pasado, de una denuncia penal contra 31 investigadores por supuestas transferencias millonarias de manera ilícita. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación tras la denuncia presentada por el Conacyt por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

La investigación de la Fiscalía contra este grupo de científicos sigue en curso aunque en dos ocasiones un juez federal ha rechazado las acusaciones. Los implicados solicitaron en noviembre pasado el no ejercicio de la acción penal, pero aún no han recibido respuesta. En las próximas semanas los abogados de los investigadores acudirán al ministerio público para cotejar que las versiones electrónicas que recibieron del expediente de más de 20.000 fojas en contra de sus clientes concuerden con la versión en papel.

El investigador del Centro de Ciencias Genómicas David Romero asegura que al menos en esta Administración se han removido al menos a tres directores de centros de investigación públicos, cuyo Consejo integra el Conacyt, para imponer a gente afín al Gobierno federal. Además, añade Romero, los financiamientos directos para proyectos de investigación han disminuido y se han concentrado los fondos para unos cuantos programas, por ejemplo, los Pronaces [Programas Nacionales Estratégicos del Conacyt]. “Un número cada vez mayor de investigadores están enfrentando la problemática de tener que hacer sus investigaciones sin financiamiento del Conacyt”, señala.

Desde el inicio de su mandato, el presidente López Obrador arremetió contra la llamada “ciencia neoliberal” y en 2020 decretó la extinción de más de 109 fideicomisos –de los cuales 91 correspondían a fondos dedicados a la investigación científica y tecnológica, que manejaban alrededor de 25.000 millones de pesos, bajo el argumento de que estos fondos ayudarían a la pandemia-. Pese a la ola de críticas de la comunidad científica, el órgano científico avaló la medida: “El Conacyt ha respaldado la extinción de fideicomisos por resultar onerosos y propicios para la opacidad y la corrupción”, declaró el máximo órgano de la ciencia en México a través de sus redes sociales en ese entonces.

Con un llamado a una nueva movilización nacional por los estudiantes del CIDE comienza el 2022, un año en que el Conacyt, como cabeza de sector, deberá resolver el conflicto en este centro de investigación y comenzar el debate sobre la nueva Ley General de Ciencia, cuyo primer borrador ya ha sido cuestionado por varios científicos al considerar que es una propuesta centralista en detrimento de la pluralidad de visiones.

Fuente: elpais.com