La SEP analiza el uso de celulares y plataformas digitales en las aulas para construir ciudadanía crítica

La SEP analiza el uso de celulares y plataformas digitales en las aulas para construir ciudadanía crítica

México estudia las experiencias de más de 114 países antes de definir una política nacional sobre dispositivos digitales en escuelas. De acuerdo con El Universal, 17 entidades federativas ya cuentan con algún tipo de regulación sobre el tema, y otras cinco mantienen discusiones activas. Las cifras sitúan a México en un momento de definición, no de punto de partida.

El planteamiento de Delgado: herramienta al servicio del usuario, no instrumento de control

El anuncio se realizó durante el segundo Foro Regional Noreste «La vida frente a la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas», celebrado el 20 de agosto de 2026 en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Ahí, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, fijó el tono del proceso en curso.

«No se trata de imponer nada, sino de llegar a una medida progresista, generar conciencia y que, juntas y juntos, tomemos medidas y pongamos límites», dijo Delgado en la ceremonia de apertura.

Su planteamiento central distingue dos realidades opuestas. En una, la tecnología funciona como recurso a favor del usuario. En la otra, el usuario queda atrapado por plataformas diseñadas expresamente para retener su atención. La SEP, según Delgado, busca construir una cultura y ciudadanía digital donde la inteligencia artificial no sustituya el pensamiento crítico, y donde el celular sea una herramienta al servicio del estudiante, no un mecanismo que lo domine.

Esa distinción tiene un componente de responsabilidad empresarial. Delgado señaló que las compañías que diseñan plataformas para mantener enganchados a los menores de edad tienen una obligación concreta frente a riesgos ya documentados, entre ellos el ciberacoso, el acoso sexual y la exposición a contenidos violentos o sexuales no solicitados. La regulación que estudia la SEP no pretende prohibir la tecnología; aspira a delimitar qué hacen las plataformas con quienes las usan.

“Para nuestra Presidenta, tenemos que abrir la discusión y el debate sobre qué vamos a hacer con las tecnologías, las plataformas y las redes sociales; cuál es su impacto, principalmente en las escuelas, que es lo que hoy nos convoca aquí, así como en nuestras juventudes, adolescentes, niñas y niños.”

Plataformas de recompensa, atención juvenil y el lente de la ciudadanía digital

El equipo editorial de Playripcity sigue de cerca el ecosistema de plataformas digitales que compiten por la atención de los jóvenes, y el principio que Delgado articula resulta preciso como criterio de análisis. La distinción entre herramienta que sirve al usuario e instrumento que lo controla es exactamente el lente que unos criterios claros de ciudadanía digital deberían aplicar a servicios concretos.

En ese marco, tragamonedas de la ciudad de la estafa, con sus bucles de recompensa y sus promesas de ganancias fáciles, es justamente la clase de plataforma que una educación digital sólida enseñaría a los alumnos a escrutar antes de participar. No se trata de prohibición, sino de comprensión de los incentivos que mueven el diseño de esos servicios.

“La pregunta que la SEP debería ayudar a los estudiantes a formularse no es solo cuánto tiempo pasan frente a una pantalla, sino para qué está diseñada esa pantalla y a quién le sirve realmente ese diseño.”

Consulta a un millón de docentes y el modelo de Nuevo León

El alcance de la revisión que impulsa la SEP es considerable. La dependencia consultará a más de un millón de maestros sobre la presencia de dispositivos digitales en escuelas, y la medida se aplicará en 200 mil planteles a lo largo del país. Esa escala convierte el proceso en uno de los ejercicios de consulta educativa más amplios en la historia reciente del sistema.

Nuevo León aparece en el foro como un caso de referencia. En esa entidad, el uso de tabletas, celulares y otros dispositivos digitales está permitido en las escuelas siempre que sea exclusivamente para fines educativos. El modelo no prohíbe; acota el propósito. Es un esquema que otros estados y la propia SEP observan mientras definen sus propias posiciones.

El marco internacional añade presión al proceso. Más de 114 países han establecido medidas relacionadas con plataformas, redes sociales, teléfonos o su utilización en entornos escolares. Que 17 estados mexicanos ya cuenten con regulación propia, mientras cinco más debaten el asunto, indica que la discusión no espera a que el gobierno federal termine su análisis.

Voces del foro: salud mental, urgencia y el testimonio de los propios estudiantes

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, amplió el marco del debate durante el foro. Para García, el uso de dispositivos digitales por parte de niñas, niños y jóvenes no es solo un asunto educativo; también involucra la salud mental y la dimensión jurídica. La observación sugiere que cualquier regulación eficaz tendrá que articularse entre secretarías y órdenes de gobierno, no quedar confinada al ámbito escolar.

Andrés Morales, representante de la UNESCO en México, aportó una perspectiva de evidencia. Señaló que la discusión sobre el impacto de las tecnologías digitales es importante y urgente, y que requiere escuchar a quienes participan directamente en la educación. La posición de la UNESCO pone el acento en no legislar a ciegas: la urgencia es real, pero las decisiones deben apoyarse en datos.

Los datos más inmediatos llegaron de los propios estudiantes. En una encuesta aplicada entre alumnos de la UANL al término de la ceremonia de apertura del foro, los jóvenes expresaron en términos generales la necesidad de reducir las horas de uso del celular. Señalaron que el dispositivo reduce sus horas de sueño y afecta su concentración en el salón de clases. También indicaron que reciben publicaciones, publicidad y contenidos que no buscaron. Son los mismos riesgos que Delgado nombró desde la tribuna, ahora confirmados por quienes los viven a diario.

El debate, abierto en la UANL el 20 de agosto, no tiene fecha de cierre. La regulación sigue siendo una posibilidad en construcción.

Alberto Vazquez

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