Establece tipos penales, sanciones, distribución de competencias y la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Prevén medidas específicas para la atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación que garantice los derechos de las víctimas.

El Pleno del Senado de la República aprobó en votación nominal, con 90 votos a favor y cero en contra, la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Con la creación de esta Ley se establecen los tipos penales de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; así como sus sanciones, el régimen de distribución de competencias, y la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar estos delitos.

También se prevén las medidas específicas para la atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación que garantice los derechos de las víctimas; lo anterior, bajo los principios de dignidad humana, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, no re-victimización, perspectiva de género y transparencia.

Con esta Ley, la investigación y persecución del delito de tortura se llevará a cabo de oficio, y tanto la acción como la sanción serán imprescriptibles, con el objetivo de evitar que los años contribuyan a la impunidad.

Además de expedir la Ley, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional.

Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, presentó el dictamen a nombre de su Comisión, y refirió que el país contará con un marco jurídico fortalecido que brindará mayor protección a los ciudadanos frente a la tortura y otros tratos crueles.

Las propuestas que contiene el dictamen, se encuentran acorde a los estándares internacionales y constituye un instrumento legal que, de implementarse efectivamente, contribuirá a superar los retos del combate y erradicación de “esta aberrante práctica”, dijo.

Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, detalló que, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del 2006 al 31 de diciembre de 2015, se recibieron cuatro mil 404 quejas sobre trato cruel o degradante; y la Secretaría de la Defensa Nacional es la que más número de quejas tiene.

Además, de acuerdo al Índice Global de Impunidad, México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayor nivel de impunidad; “la tortura y malos tratos son generalizados, y son relatados en distintos informes de carácter internacional”, refirió.

La senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, comentó que el combate a la tortura es una de las mayores preocupaciones de las autoridades y de la sociedad; por lo que, apuntó, es fundamental contar con un marco jurídico encaminado a prevenir, investigar y sancionar la tortura.

Numeró cinco puntos trascendentales de la Ley: enuncia como un principio normativo la prohibición absoluta de la tortura; se armonizan las reglas de responsabilidad penal correspondientes a los superiores jerárquicos; se garantiza que los servidores públicos investigados no puedan interferir; flexibiliza la regla para la procedencia de la investigación del delito; y se excluye toda prueba obtenida a través de la tortura.

La senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del PT, destacó que la tortura, “el método de investigación” más utilizado para iniciar un proceso criminal, no sólo es generalizada sino que va en aumento en el país, desde que inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

En opinión de la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, “el más grave problema de salud vinculado a la tortura, es la impunidad y la ausencia de mecanismos integrales y coordinados” para prevenir, investigar, sancionar y erradicar esta práctica”.

El senador del Grupo Parlamentario del PVEM, Jorge Aréchiga Ávila, indicó que el nuevo ordenamiento será un componente fundamental para la prevención de la tortura y los delitos vinculados; y destacó que los registros históricos de la CNDH muestran que los casos de torturahan ido en aumento, 16 ocurridos en 2010, hasta 216 en 2016.

Por su parte, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del PT, aseguró que esta ley es una luz de esperanza ante la tortura, la cual, es el método favorito de quienes aplican la procuración de justicia por consigna. Es una luz en medio de la terrible oscuridad que vive el pueblo de México en materia de procuración y administración de justicia, argumentó.

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y las reformas a diversas disposiciones, fueron remitidas al Ejecutivo Federal.