La Ley General de Archivos garantiza el derecho ciudadano de acceso a la información y fomenta el resguardo de la memoria institucional al establecer las bases para su preservación y consulta, aseguró Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta.

Señaló que esta ley obliga a cualquier órgano, autoridad y organismos de los poderes de la Unión, pero también a partidos políticos y sindicatos, entre otros, que ejerzan recursos públicos a resguardar, difundir y poner a disposición de la sociedad documentos privados de contenido social, histórico, científico y cultural.

Ana Lilia Herrera explicó que para el correcto funcionamiento de la información, se creará el Consejo Nacional de Archivos, presidido por el Archivo General de la Nación, y que encabezará al Sistema Nacional de Archivos, se encargará de la coordinación adecuada entre instituciones y avalará la política nacional de gestión documental y administración de archivos.

La senadora indicó que con la aprobación de la Ley General de Archivos, el Senado de la República cierra el proceso legislativo para consolidar el andamiaje institucional que se ha construido en materia de transparencia y acceso a la información pública.

El 13 de diciembre pasado, el Senado aprobó la Ley General de Archivos con 90 votos a favor y 0 en contra. Se remitió a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión.