Si bien la enseñanza del Derecho en México ya venía con algunos desafíos muy importantes, con la pandemia éstos se han incrementado, no sólo porque estamos encerrados o por las consecuencias de la tercera ola, sino porque “estamos a punto de entrar al nuevo ciclo escolar sin saber qué vamos a hacer ahí”, destacó el jurista José Ramón Cossío, miembro de El Colegio Nacional, durante la mesa redonda Perspectivas sobre la educación jurídica en México: su presente y su futuro.

La sesión, que se transmitió en vivo el sábado 14 de agosto, a través de las plataformas digitales de la institución, formó parte del ciclo La Enseñanza: reto para el siglo XXI, a cargo del también colegiado Javier Garciadiego. En ella participaron Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM; Leticia Leal Moya, rectora del Centro Universitario de Tlajomulco de la Universidad de Guadalajara, y Gabriela Naranjo, coordinadora de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana León, quienes no sólo se refirieron a los desafíos que ha dejado la pandemia en la enseñanza del Derecho en nuestro país, sino hicieron algunas propuestas a corto y mediano plazo.

“Reflexionar sobre el Derecho y sobre la enseñanza del Derecho en estos días es un tema excepcionalmente importante; sin embargo, hay retos que vienen desde antes”, apuntó el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien señaló que “en el país hay más de dos mil escuelas de derecho, algunas buenísimas, algunas regulares y algunas, de plano, pésima. Entonces sí hay un asunto central, no sólo por quienes van a las escuelas, sino por la calidad de los servicios jurídicos que la población puede recibir: si uno pone en manos de un mal abogado, de un pésimo abogado, de un corrupto abogado sus intereses, sean éstos, libertad, bienes, papeles, posesiones, familia, la probabilidad de que eso salga muy mal y de que esta persona reciba un agravio, un daño adicional al que ya había recibido, es muy alta”.

En su intervención, la doctora en Ciencias Jurídica, Leticia Leal, criticó el estado actual de la formación jurídica en México, “no sólo es deficiente, sino que tiene un rezago importante. Se están formando abogados poco profesionales, muy deficientes en cuanto a la competitividad, en cuanto a sus valores éticos y técnicos, que es lo más preocupante”.

Al presentar el estudio The World Justice Progress, considerado como el indicador más reconocido para medir el impacto social de la profesión jurídica en la sociedad de 128 países, aseguró que México ocupa el lugar 104; además, en América Latina y el Caribe ocupa la posición 26 de 30, por debajo de Guyana, Belice, Guatemala.

En gran parte, ese estado se debe al alto volumen de estudiantes de Derecho existentes en México: “tenemos mil 600 instituciones en México que ofrecen Derecho, lo que es un mar de posibilidades, pero sin saber si estamos sacrificando, comprometiendo la calidad en la formación de los abogados”.

“En Alemania hay 44 centros universitarios en los que se puede estudiar Derecho; en España, 73 y en Canadá, 21. Tenemos demasiados abogados, hay un alto número de aspirantes, las escuelas están saturadas y, aun así, hay un alto índice de rechazo. En las escuelas en Jalisco estamos en el 60 por ciento de rechazados en las escuelas de Derecho, lo que ha generado que todos estos chavos se vayan a estas escuelas que ofrecen la carrera en tres años y que se han generado de manera desmedida en los últimos tiempos.”

En ese sentido, Gabriela Naranjo, coordinadora de la Licenciatura en Derecho, de la Universidad Iberoamericana León, mencionó que el hecho de contar con un gran número de instituciones que ofrecen la carrera no sólo debe entenderse como parte de una oferta diversa, porque se pueden encontrar los mismos espacios de la más alta calidad, posibilitando diferencias de formación bastante significativas, “mientras que otras van a ofrecer lo mínimo”.

“Es muy triste escuchar que, de pronto, encontramos la formación en casas particulares, en cocheras, sin bibliotecas, sin una sala de juicios orales o un espacio favorable para la formación en las competencias que se requieren hoy para el ejercicio de la profesión jurídica y sin la posibilidad de espacios de formación integral.”

“Esto se ve reflejado en la ausencia de modelos educativos y situaciones diferenciadas de los planes curriculares, con la ausencia de temas trascendentes para nuestra profesión: las cuestiones de ética, la reflexión y el ejercicio dirigido hacia la construcción de la paz, la lucha por la justicia social.”

También es importante señalar el tema del perfil docente. Mientras existen algunas escuelas de educación superior que se preocupan por garantizar que quienes están al frente de la formación de los futuros y las futuras abogadas sean personas académicamente preparadas, “con una importante trayectoria, con experiencia y con mediciones muy claras respecto a la evaluación del ejercicio docente, y la importancia de la profesionalización”, también se pueden encontrar una enorme cantidad de universidades donde ello no ocurre.

A lo anterior, habría que considerar que las instituciones educativas ya deben pensar en espacios de desarrollo deportivo, cultural o artístico y que eso, en esta gran diversidad de oferta educativa, no se satisface en todos los casos.

“Esta desigualdad impacta en el perfil profesional de las y los juristas mexicanos. Si bien hay un tema positivo de cómo las escuelas de Derecho, sobre todo las más reconocidas nos hemos movido hacia el desarrollo de competencias que atiendan las demandas sociales derivadas de las últimas reformas, también es una realidad que la diversidad de universidades y de ofertas del programa educativo impactan en su perfil profesional y en su integración al campo del ejercicio profesional”, señaló Gabriela Naranjo.

Mirada hacia el futuro

Continuando con su intervención, la académica de la Universidad Iberoamericana León puso sobre la mesa otros temas de la enseñanza del Derecho, como su certeza de que el campo de esta disciplina sigue siendo patriarcal: si bien hay un crecimiento importante de mujeres jóvenes que están en las aulas, no sólo en situaciones de paridad, sino de representación en estos espacios, en el ejercicio de la profesión no sucede lo mismo.

“Las mujeres seguimos enfrentando situaciones como las oportunidades por cuestiones estructurales para crecer académicamente, para ocupar los espacios de decisión en los diferentes espacios de la formación de abogados y abogadas.”

Asimismo, comentó que en el estudio de algunos temas se sigue consultando a los mismos autores, con lo cual no sólo se conserva una tradición “sobre la que tendríamos que reflexionar”, sino se mantiene aislada a la profesión, sin tomar en cuenta la necesidad de conocer de otras disciplinas.

En su participación, el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante, se refirió a algunos temas que provocaron que la educación jurídica desde antes de la pandemia ya fuera muy complicada, como la Reforma Constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos, que “nos obligó a cambiar todo”.

“Hoy hay que enseñarles a los jóvenes no sólo lo que dice la Constitución, las leyes federales y las leyes de las entidades federativas, sino lo que dicen los tratados internacionales y las resoluciones que tienen los organismos jurisdiccionales a los que nos hemos adscrito. Esto implicaba un gran reto cuando llegamos a la Facultad de Derecho, en 2016: nos dimos cuenta de que el plan de estudios que estaba muy rezagado.

“Ahora se cuenta con un plan de estudios, a la mitad en su implementación, en donde se educa a los jóvenes desde lo que dicen los tratados de la Corte Interamericana, lo que dice la Constitución, las leyes federales, las leyes estatales y hoy tenemos como materia obligatoria el Derecho indígena, que estaba olvidado y forma parte de una reforma.”

De esa forma, en la actualidad se ha buscado enseñar al estudiante a investigar y a actualizarse de manera permanente, conscientes de que no se puede mantener la enseñanza tradicional, sino se deben complementar lo que se le dice en el aula, porque un abogado tiene que establecer el compromiso de actualizarse de manera permanente el resto de su vida.

Al mismo tiempo, el académico de la UNAM reconoció que la educación jurídica debería dirigirse hacia la resolución de problemas nacionales: “los tribunales del país estaban congestionados, algunos más que otros, pero todos congestionados, en gran parte por asuntos que se pueden resolver de manera más sencilla”, lo que se demostró en una serie de estudios que desarrollaron en la facultad de Derecho.

“Nos dimos cuenta de que si metíamos en un mismo saco todos los juicios: el 40 por ciento serán de origen familiar, un 30 por ciento de asuntos civiles y el resto de todos los demás temas. El país está congestionado por conflictos entre familiares, exsocios, vecinos y examigos. Así cambiamos el perfil del egresado y apostamos a forjar abogados mediadores y conciliadores, en lugar de litigantes y pleitistas.”

Un panorama que llevó al director de la facultad de Derecho a plantear una idea: mandar una sugerencia a la Secretaría de Educación Pública, “porque hay más de dos mil escuelas que tienen Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOES) y ésta es una responsabilidad de la SEP y de las secretarías de los estados”.

“Se debería de hacer un análisis muy profundo y ver qué tipo de educación están autorizando para formar abogados. No puede ser la misma preparación que recibe un joven en la UNAM, donde cuidamos el perfil docente, para lo cual estamos abriendo especialidades con interdisciplinariedades”, destacó Raúl Contreras.

Fuente: El Colegio Nacional