Jesús Antonio del Río Portilla

En nuestro país, de acuerdo con los últimos datos del Inegi reportados por Coneval, tenemos más del 50 por ciento de la población viviendo por debajo de línea de pobreza. Hace más de tres años se observaba una ligera mejora en este indicador al encontrarse por debajo de ese 50 por ciento; sin embargo, en este año se incrementó sustancialmente. Es muy probable que la crisis económica provocada por la COVID-19 haya incrementado este lacerante indicador, que ya de por sí ocasionó que una proporción muy grande de la población buscara alternativas diferentes a los cambios que se ofrecían a principios de este siglo, optando por un gobierno que prometía apoyar a la población pobre.

Muy lamentablemente los datos indican que tanto la COVID-19 como el otro problema mundial que nos afecta, el cambio climático, están impactando más negativamente en el sector de la población mexicana pobre.

Es cierto que estos dos eventos, no han sido causados por esa población, pero sí está sufriendo sus consecuencias.

En cuanto al cambio climático, lo discutiremos en otra ocasión, en este texto comentaremos sobre las consecuencias de la pobreza para los impactos de la COVID-19 en la población según sus ingresos.

En este mes, se publicó un artículo en la revista The Lancet que observa una diferencia en los ingresos de las personas en México que mueren y aquellas que aunque se enferman no llegan a sufrir la muerte [1].

En ese artículo se afirma que la pandemia de COVID-19 evidenció grandes desigualdades estructurales mostrando disparidades en la salud de las personas en función del nivel socioeconómico.

En la mayoría de los artículos previos los datos agregados o de simulaciones apuntan a otros posibles mecanismos detrás de la asociación, en particular se hacía referencia a la situación de salud previa, comorbilidades, de las personas.

En este artículo se han realizado estudios específicos sobre la diferencia en los ingresos de las personas que llegaron a morir por la COVID-19 en nuestro país.
En particular, el análisis se basó en datos en el ámbito individual y ajustados por comorbilidades o acceso a la atención médica.

Para no dejar duda de los resultados, en el estudio se controlaron las variables de comorbilidad y de atención médica y se concluye que las personas en el decil de ingresos más bajo tenían una probabilidad de morir de COVID-19 cinco veces mayor que las del decil superior. La diferencia no es un porcentaje menor, sino cinco veces más probable de morir al sufrir la COVID-19.

Este resultado es un indicador inequívoco de que la estrategia que se ha impulsado no ha podido atender a la población más pobre, que ha sufrido la muerte en una proporción mucho mayor.

Notemos que al controlar las variables de comorbilidad y de acceso a los cuidados de salud, se descartan estas variables y se deja una terrible conclusión, de que la población más pobre está pagando con creces las decisiones de la actual política para contender al COVID-19.

La situación de desigualdad de los impactos ya había sido esbozada en boletines de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Ya a mediados del año pasado nuestro país, junto con Brasil y E.E.U.U. eran ejemplos para ilustrar que la profunda polarización política y la ausencia de propuestas basadas en conocimiento causan efectos negativos sobre la habilidad de los gobiernos para responder a la COIVD-19 [2].

Además, se apuntaba hacia la desigualdad económica de la población en los primeros dos países. En ese entonces se ilustraba con el número de muertos por casos confirmados, pero no había información detallada [3].

Es muy lamentable que el artículo de Eva Arceo Gómez y colaboradores que se publicó en The Lancet [1], como mencioné anteriormente, confirma, sin lugar a dudas, que en nuestro país la afectación a la población más pobre fue muy por encima de aquella de la población con bienestar.

Esta terrible conclusión nos exige reflexionar y demandar un cambio de estrategia que disminuya los efectos sobre la población más pobre de las crisis.

Estoy seguro de que hay aspectos correlacionados con el bienestar que merecen ser ampliados a la población más pobre y así disminuir los efectos de las crisis, en particular de la provocada por la COVID-19.

Me atrevo a insistir en lo obvio y que tanto se ha enfatizado, el uso adecuado del cubrebocas de tres capas en todos los espacios, ya que es una medida barata y que debe enfatizarse con el ejemplo desde todas las posiciones.

Estoy seguro de que toda la población mexicana puede seguir estas reglas, como se ha mostrado cuando se viaja a otro país donde la regla es el uso obligatorio del cubrebocas. Hemos observado como hasta el presidente de la república mexicana usa el cubrebocas en reuniones en otros lugares. Así que debemos continuar con ese uso, incluso en las reuniones en nuestro país, y dar el ejemplo.

Por otro lado, es imperiosa la vacunación contra el COVID-19 o cualquier otra enfermedad a toda la población. La salud de la población es uno de los requisitos para el bienestar social y la contribución de las vacunas es fundamental.

Esto último implica un esfuerzo económico que toda la población merece, en especial, la población infantil.

No debemos escatimar esfuerzos y en cuanto sea seguro vacunar a toda la población la obligación de los gobiernos es ofrecer esa alternativa.

Sigamos cuidándonos. Aunque estemos vacunados hay personas que no han podido hacerlo y a la población infantil no se le ha otorgado ese derecho. Usemos el cubrebocas en nuestras actividades cotidianas.

[1] https://www.thelancet.com/journals/lanam/article/PIIS2667-193X(21)00111-3/fulltext
[2] https://www.project-syndicate.org/commentary/inequality-fuels-covid19-mortality-by-jeffrey-d-sachs-2020-06
[3] https://delrioantonio.blogspot.com/search?q=covid

Fuente: delrioantonio.blogspot.com