En la enseñanza jurídica, la formación va asociada a la consolidación de la cultura de la legalidad: Josefina Cortés Campos

Para Josefina Cortés, no podemos afirmar que estamos en un nivel de madurez del estado de derecho, de consolidación de las instituciones o de respeto de la cultura de la legalidad

Durante la primera sesión del ciclo Los problemas nacionales y el derecho, bajo la coordinación de José Ramón Cossío, miembro de El Colegio Nacional, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Juan Jesús Garza Onofre, resaltó no sólo la importancia, sino la necesidad de que el tema de los valores forme parte de la enseñanza del derecho en cualquier escuela, “porque de nada me sirve tener al mejor abogado, si esos problemas que se le presentan son la defensa de una minera frente a un pueblo indígena”.

“El tema de los valores o de la filosofía que debe ejercer el profesional una vez graduado me parece fundamental. Alguna vez me tocó dar ética en una escuela de derecho, pero es optativa para los abogados y ese tipo de cuestiones tendrían que llevar muy ancladas las competencias a la par de los valores”, destacó el catedrático.

Durante la mesa El Estado de derecho: el papel de la enseñanza jurídica en su construcción, en la que también participó Josefina Cortés Campos, del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), aseguró que en un tiempo en el que existen muchas escuelas de derecho, en su mayoría sólo interesadas en la entrega de un título o en la reproducción automática de un modelo, el Estado debe tener un rol más activo.

“Si lo dejamos al arbitrio de la potestad de las escuelas de derecho para modelar su programa de estudios conforme a su ideología o a las necesidades del mercado, sí creo que la batalla está perdida. Si el Estado no quiere intervenir en la configuración de la educación privada, entonces tendría que haber certificaciones bien estructuradas, porque si nos vamos a la buena voluntad, se va a ir agrandando la brecha: si el Estado pudiera saber quiénes enseñan derecho, las cosas podrían cambiar”.

En la conversación, moderada por el colegiado, Garza Onofre recordó que en México se habla de la existencia de más de dos mil de escuelas de derecho, una diversidad que podría ser considerada un buen signo de la salud del Estado de Derecho, “pero hay una inexistencia de controles. ¿Qué se necesita para fundar una escuela de derecho?”

“El gran elemento es que el Estado licencia a estas escuelas para poder dar células profesionales. Este crecimiento acelerado pega en distintos factores: la desigualdad económica, porque pareciera que existe un grupo de escuelas privadas, donde la matrícula oscila entre 100 y los 200 mil pesos, en comparación con los 20 centavos de la UNAM”.

A ello habría que sumar que durante el proceso de enseñanza del derecho se habla de la discrepancia entre la realidad y lo que se enseña, en donde se encuentra desde la diferencia entre profesores de planta y los que van sólo por una asignatura, hasta los controles existentes para conocer los estándares de calidad; sumado a lo anterior, están los modelos de titulación, que tampoco están regulados en el país.

“Si alguien quiere hacer una tesis de licenciatura bienvenido, si alguien quiere hacerlo por promedio o estudiar dos materias de maestría… todo esto es válido. Esto habla de una diferenciación para el acceso al mercado laboral”.

En el después, el doctor en Filosofía del derecho, reconoció que muchas escuelas de derecho se contemplan como fábricas de abogados corporativos, “que suministran la mano inexperta y dócil que requieren los grandes despachos de abogados”, y el problema es que la desigualdad encuentra consonancia en cómo los abogados se van a insertar en el mercado laboral y “aquellos que han invertido más no están dispuestos a ejercer profesiones como abogados de oficio, ser parte de la administración pública, por una visión mercantilizada de la profesión jurídica, lo que al final impacta en el Estado de Derecho”.

Lejos de una cultura de la legalidad

Una de las primeras preguntas que planteó el ministro en retiro José Ramón Cossío fue cómo podría definirse el estado de la educación jurídica en la actualidad. Para la catedrática Josefina Cortés Campos, si la evaluación fuese si estamos lejos o cerca de que la educación jurídica cumpla su cometido frente al Estado de Derecho, “lo primero que tendríamos que ver es cuál es la condición del Estado de Derecho, de la cultura de la legalidad”.

“No podríamos afirmar que estamos en un nivel de madurez del estado de derecho, de consolidación de las instituciones o de respeto de la cultura de la legalidad. Desde esa perspectiva uno podría afirmar: estemos donde estemos, aún estamos lejos y ese estar lejos nos obliga a pensar en qué contexto estamos enseñando el derecho: qué enseñamos, a quiénes enseñamos, cómo enseñamos el derecho y quiénes enseñan el derecho”, a decir de la investigadora del Departamento de Derecho, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Desde esa perspectiva, la catedrática aseguró que vivimos un tiempo en que la enseñanza de disciplina jurídica se está realizando en entornos cada vez más complejos, no sólo por la apertura o el fenómeno de la globalización y toda la complejidad que ofrece, sino porque la educación en general viene con un compromiso importante, en donde no se está formando con las competencias que requiere el mercado laboral.

“Además, las generaciones a las que estamos formando ya son diferentes, más allá de que sean nativos digitales, de la cultura de la inmediatez, de los nuevos valores que hoy tienen estas nuevas generaciones a las que estamos enseñando el derecho, y a todo eso habría que sumarle el entorno nacional y su distanciamiento con la cultura de la legalidad, su falta de credibilidad en las instituciones, en el derecho y su capacidad de hacer frente a los problemas sociales que se plantean en nuestro país”.

Para Josefina Cortés Campos toda revisión de los modelos de enseñanza jurídica debe dar lectura a este contexto y, a partir de ahí ver qué se pone o qué se quita; incluso, con aspectos que parecerían demasiado cotidianos, como la enseñanza en las aulas, porque en este entorno tan complejo debe reflexionarse sobre qué se está enseñando y cómo se debe enseñar.

“No podemos dejar atrás la idea de que la formación va asociada a la consolidación de la cultura de la legalidad y, si vamos un paso atrás, hablamos de la educación como un elemento de progreso económico y social, y como un elemento que apunta a la dignidad y al florecimiento humano”.

¿Cuáles son los problemas que atiende el derecho? Los problemas sociales, nacionales e internacionales y, a partir de ello, con qué competencias se debe formar a los alumnos para que le puedan hacer frente a ese reto que se descubre como parte de las problemáticas centrales de las que se ocupa el derecho.

En ese sentido, lo que para algunas universidades antes era un lujo, la interdisciplina, ahora es una necesidad: “no puede haber planes de estudio como islas, sólo con contenido jurídico, porque a esos grandes problemas ya no les hace frente solito el derecho, sino debe haber interdisciplina y la posibilidad de desarrollar la capacidad de nuestros alumnos para que conviva con otros saberes”, en palabras de la académica.

Fuente: El Colegio Nacional