El colegiado expuso que “el Estado no es capaz de alumbrar una economía que ofrezca alternativas viables a quienes se dedican a la economía ilícita, y tampoco puede orquestar el ordenamiento de la economía informal”

Como parte de la última lección del ciclo El tejido social rasgado, Claudio Lomnitz, miembro de El Colegio Nacional, recuperó los planteamientos centrales que expuso a lo largo de las seis lecciones previas, realizadas entre marzo y octubre de este año, para comprender y diseccionar el origen, la dimensión y las consecuencias de la violencia en el México contemporáneo. La sesión, que llevó como título Recopilación final, se transmitió en vivo el viernes 26 de noviembre, a través de las plataformas digitales de la institución.

En la primera lección, que fue su Discurso de ingreso, el antropólogo social aseguró que la violencia que hoy vive México no es una guerra, ya que el enemigo, es decir, las drogas y los operadores de la economía de las drogas, no puede ser vencido ni erradicado, debido a que para sus consumidores se trata de sustancias ambivalentes que son a la vez veneno y remedio. Aunado a esto, productores y distribuidores, dedicados a dicha economía, tienen una ambivalencia similar respecto de sus actividades, pues conocen los riesgos en que incurren, pero también comprenden las consecuencias negativas que implicaría dejar de hacerlas.

Lomnitz insistió en que la violencia que campea en México no es una guerra en su acepción tradicional, ya que los supuestos enemigos a vencer hacen las veces de chivos expiatorios y agregó: “el Estado no es capaz de alumbrar una economía que ofrezca alternativas viables a quienes se dedican a la economía ilícita, y tampoco puede ya orquestar el ordenamiento de la economía informal, por lo cual le es conveniente tener siempre a la mano algún chivo expiatorio”.

Esto significa que nuestro país no está frente a una guerra, sino ante una nueva forma de regular la economía informal. Dicha regulación, dijo, está ante un nuevo tipo de Estado, el cual no se caracteriza por la pérdida de su soberanía, sino por el abandono de algunas funciones administrativas, en particular el hecho de relegar la impartición de la justicia.

La violencia, abundó el colegiado, “se ha vuelto parte consustancial del tránsito a un nuevo orden y ha sido interpretada erróneamente como resultado de una crisis de orden moral, resumida en la idea del tejido social rasgado”, pero antes que una causa de la violencia se ha convertido en un objetivo táctico entre grupos violentos.

En sus propuestas, Lomnitz planteó el estudio de la violencia desde un análisis antropológico e identificó tres tipos de violencia: la que es ejercida sin tener ninguna consecuencia negativa para el agresor; aquella en la que existe impunidad plena y garantizada, y cuando ésta es recíproca, como en el caso de las vendettas, que propicia contextos de rivalidad entre grupos criminales.

En su segunda lección, titulada El extrañamiento del Estado respecto de sí mismo, el también académico exploró a detalle la naturaleza de la transformación del Estado y la administración de la justicia criminal, describiendo la manera como operaron las policías entre los años 80 y 90 del siglo XX.

Además, expuso que, “desde la matanza de estudiantes en La Normal de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, en 2014, en México se ha reconocido la colusión del crimen organizado con el Estado, lo cual muestra una realidad institucional mal articulada”.

Esto implica que la relación entre el Estado y la violencia criminal no tiene una solución sencilla, debido a que las olas de crimen han irrumpido en las ciudades desde mediados de los años 80 y crecieron a lo largo de la siguiente década, propiciando una percepción generalizada, entre la opinión pública, de que las policías son cuerpos corruptos.

A partir de su diagnóstico, Lomnitz advirtió que el Estado intentó profesionalizar y “dignificar” a las policías preventivas, mejorando su nivel educativo, su equipamiento y especialización, mejorando su sueldo, prestaciones, condiciones de vivienda, armas y vehículos para mejorar su imagen e inspirar más respeto o miedo en la ciudadanía. Esto implicó una inversión en los cuerpos policiales que pasó del 0.01 por ciento del PIB al 1.7 por ciento en los años 90.

Lomnitz también abordó el funcionamiento de la estructura policiaca. “Basándonos en una serie de etnografías realizadas en los años 80 y 90, mostramos que las policías preventivas eran un cuerpo que combinaba un sistema de operación burocrático con otro que podríamos llamar empresarial.”

Esto propició dos fuentes de ingresos para los cuerpos policiacos. Una proveniente del presupuesto por su naturaleza burocrática, y la otra proveniente de extorsiones y sobornos como parte de una “actividad empresarial”.

“La primera fuente de recursos fluía de arriba para abajo, es decir, de las instancias en que se decide el presupuesto federal, estatal o municipal, a los cuerpos de policía; mientras que la segunda circulaba de abajo hacia arriba, es decir, de la sociedad, con sus infractores” hacia los cuerpos de seguridad.

Esta fórmula híbrida, detalló Lomnitz, generó todo tipo de abusos e injusticias. Sin embargo, se convirtió en un instrumento de orden que operaba a bajo costo para el Estado mexicano, debido a los ingresos percibidos por “la vía empresarial”, es decir, por extorsión y soborno.

En este punto, advirtió el colegiado, debe considerarse que los gobiernos de México, históricamente, se han caracterizado por su bajo nivel de recaudación de impuestos, por lo cual no era posible invertir un presupuesto mayor para mantener un aparato policial, así que éste resultó barato para el fisco.

Esto propició que, toda transacción entre policías tenía un costo: “un auxilio brindado en un operativo, la asignación de una patrulla o de una esquina para un policía de tránsito, pasar un examen, alguna promoción o comisión. Todo se pagaba y el uso generalizado del dinero era una costumbre indispensable para mantener una relación funcional entre mandos y subordinados”, destacó.

Durante la tercera lección, bajo el título El brazo armado de las economías informales, Lomnitz concentró su atención en la manera como las organizaciones emergentes de narcotráfico comenzaron a financiar candidatos, partidos políticos y campañas electorales, a nivel local y estatal, aunado a que dichas organizaciones asumieron la forma de un brazo armado de la economía informal que ganó poder.

“Con la transición democrática, los brazos armados de la economía informal fueron ampliando su rango de acción y, en algunas ocasiones, controlando territorios políticos o actores políticos”, apuntó.

Sin embargo, “en la tercera lección argumenté que cuando el Estado mexicano intentó recuperar el control sobre las policías judiciales, el mundo del empleo informal que la circundaba se independizó y empezó a operar como actor independiente dentro del mundo criminal o como empleados del crimen organizado”.

En la cuarta lección, Unidades de análisis de las economías ilícitas, el también antropólogo social comentó que para comprender la privatización y el incremento de la violencia en los años 90, es necesario considerar la economía de las drogas y su creciente consumo.

En este sentido, “argumenté que el ingreso de México a la distribución de la cocaína, desde mediados de 1980, fue para los brazos armados informales algo parecido a un momento de acumulación originaria descrita en los orígenes del capital en la modernidad”.

Y con la llegada de otras drogas sintéticas, de bajo costo, inició un proceso de ampliación del mercado interno de la droga y el desarrollo de un gran mercado en México.

Además, en este apartado, Lomnitz trazó un estudio meticuloso de las economías ilícitas y desarrolló una geografía de la violencia a partir de tres categorías de organización social en las economías ilícitas: el crimen organizado sofisticado o corporativo, caracterizado por un rango de acción transnacional que se asoció a los cárteles; el crimen organizado, de pequeña escala, a veces más artesanal, que comprende pandillas criminales y barriales; y el crimen no profesionalizado, dedicado al robo de ocasión que llamó “lumpen crimen” o “ejército criminal de reserva”.

En la quinta lección, La ínsula de derechos, mar de extorsión, el ponente ofreció una interpretación del nacimiento del nuevo Estado, a partir de la quiebra económica de 1982 y la posterior construcción de México como parte de Norteamérica a través del Tratado de Libre Comercio y el desarrollo de un Estado de Derecho, así como la competencia entre una economía formal transnacional, aliada al Estado de Derecho; y la economía local e informal aliada a la economía.

“En esta sesión también reparé en el problema de la verdad ante la polarización como estrategia para ordenar el campo político”, expresó Lomintz, y planteó los problemas de una fórmula polarizadora que no consigue una idea de la verdad, desde el poder, que sea creíble o compartida.

En un contexto así, abundó, “surge todo un repertorio de rituales para intentar darle sacralidad a las verdades que emanan del poder”, con rituales que criminalizan a las víctimas de la violencia descontrolada o plantea la idea de que el gobierno actual es distinto.

Por último, en la sexta sesión, titulada La contingencia: familia, comunidad, Estado, el investigador se dedicó a revisar el concepto de contingencia como principio de gobierno, sus implicaciones en el tejido social y su relación con el Estado.

En este sentido, reconoció que el actual régimen, inestable y polarizado, ha asumido la idea de la contingencia, formulada a partir del COVID-19.

Dicho concepto, expresó, resume el espíritu de una época en que la vieja estrategia familiar de la diversificación ya no protege universalmente a la población mexicana, por lo cual se ha dejado sin protección a pueblos, regiones y familias. Por ejemplo, “se deja sin sustento a sectores del campesinado, aunque México transita a la modernidad, al Estado de Derecho y a su homologación paulatina con Estados Unidos”.

Aunado a esto, el actual régimen, tanto el neoliberal como el actual, “tiene la doble característica de ser futurista y de evitar toda responsabilidad respecto de desgracias que antes hubieran sido responsabilidad del gobierno”.

La realidad es que el gobierno niega tener responsabilidad alguna en estos procesos, concluyó Lomnitz, desafortunados, que identifica como errores del pasado e incidentales a su propio gobierno. Sin embargo, dijo, el Estado no es capaz de hacerse cargo del desastre y por ello insiste en que lo que ocurre es parte de una contingencia, es decir, una piedra en el camino.

Fuente: El Colegio Nacional