Aún persisten conductas que limitan la participación de las mujeres en el ámbito político.

El Pleno del Senado de la República exhortó a las autoridades electorales, federales y estatales, aplicar el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, publicado el 24 de noviembre de 2017, ya que es inadmisible que exista, en la actual contienda electoral, acoso, daño a su dignidad o integridad por participar como candidatas.

El dictamen aprobado en votación económica, señala que aún persisten conductas que limitan la participación exitosa de las mujeres en el ámbito político, desde el reconocimiento del derecho femenino al voto, hasta las más recientes reformas para las cuotas de género en las candidaturas de los partidos.

También hace ver que el problema de la violencia de género tiene efectos devastadores en las personas y las familias, por ello, los esfuerzos se han concentrado principalmente en la atención a las víctimas.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales FEPADE, del 2012 al 2017, se abrieron 190 carpetas de investigación y averiguaciones previas por este delito.

El Protocolo marca a ocho instituciones como las que tienen obligación legal de atender y actuar para castigar la violencia política de género, que son: la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; Fiscalia Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas; Instituto Nacional Electoral; Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Comisión Ejecutiva de atención a víctimas; Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e Instituto Nacional de las Mujeres.

El ciberacoso aumenta en México; sólo el 4 por ciento de mujeres lo denuncia

En otro punto de acuerdo avalado, el Pleno solicitó al Instituto Nacional de las Mujeres y a los gobiernos de las 32 entidades fortalecer o realizar acciones para prevenir el acoso sexual en redes sociales en contra de las niñas, adolescentes y mujeres en México.

En el dictamen, se señala que en México el ciberacoso ha ido en aumento, en los últimos años, con mayor incidencia en jóvenes, comunicadoras y defensoras de los derechos humanos; que cerca de 20 millones de internautas en el país, son jóvenes y pueden ser víctimas.

Del porcentaje de las mujeres que han sido víctimas de acoso en la red, sólo el 4 por ciento denuncia; el 26.3 por ciento prefiere bloquear a la persona; 23.6 ignora la situación y un 13.9 por ciento cancela o cambia su número telefónico o cuenta en redes sociales.

El ciberacoso se puede manifestar de diversas formar, desde mensajes de correo electrónico en texto o en línea, sexualmente explícitos y no deseados, insinuaciones inapropiadas u ofensivas en redes sociales, amenazas de violencia física o sexual, hasta la llamada de venganza pornográfica, entre otros.

El Senado, también aprobó los dictámenes por el que se pide a la Fiscalía General del estado de Oaxaca a informar el estado que guardan las sentencias a favor de los juicios para la protección de los derechos políticos de las síndicas Erika Molina López, Herminia Quiroz Álvares y Yarely Cariño López, así como el de los congresos de las entidades federativas a homologar y, en su caso, armonizar la tipificación del delito de feminicidio.