Actualmente, el índice de infraestructura de México se encuentra por debajo del de economías desarrolladas, e incluso de países emergentes como China, Chile y Turquía.

México tiene una oportunidad para aumentar el acervo de infraestructura y con ello elevar la competitividad, la productividad y en consecuencia el crecimiento del PIB.

Una estrategia para incrementar la inversión pública en infraestructura sería factible en el corto, mediano y largo plazo, e incluso generaría beneficios económicos, tales como bienestar para las familias y crecimiento real del PIB per cápita en el largo plazo, señala un estudio elaborado por la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez.

La investigación titulada “Qué tan factible es aumentar el acervo de infraestructura en México: una propuesta de inversión de largo plazo” revela que actualmente, el índice de infraestructura total de México se encuentra por debajo del de economías desarrolladas como Japón, Alemania y EE. UU.; incluso, países emergentes como China, Chile y Turquía cuentan con un indicador mayor.

La infraestructura de transporte, señala el documento del IBD, también está por debajo de las economías desarrolladas y de países emergentes como China, Turquía e India. Mientras que, en materia de telefonía y electricidad, México se ve superado por economías desarrolladas y de países latinoamericanos como Chile, Brasil y Argentina, entre otros.

El documento del IBD refiere que diversos especialistas han señalado que para que los países latinoamericanos logren aproximarse al nivel de infraestructura que tienen países como Corea del Sur, se necesita que en un horizonte de 20 años, aumenten anualmente su gasto en inversión pública entre 3% y 6% del PIB para lograr tal cometido. En este sentido, los especialistas han advertido que si los países emergentes quieren cerrar la brecha y converger hacia el acervo de infraestructura con el que cuentan las economías desarrolladas, deben redoblar esfuerzos para aumentar su gasto público en inversión.

El estudio desarrolla un modelo de equilibrio general y explica que con el fin de crecer en 53% el acervo de infraestructura en México en una década, el gasto público en inversión en términos del PIB debe pasar de 2.5% en el año base del modelo a 3.9% en el año 10. Asimismo, para mantener el acervo de infraestructura en el largo plazo se necesita que el gasto en inversión permanezca en 3.9% del PIB después del décimo año.

La investigación plantea que el mecanismo de financiamiento de esta política pública para ampliar el acervo de infraestructuta de México, en el corto término podría ser la deuda pública, mientras que los impuestos al consumo o al ingreso se constituirían como la fuente de recursos de largo plazo.

El estudio señala que para que el aumento del gasto público en inversión sea sostenible, se necesitaría incrementar las tasas impositivas; de manera que esto permita repagar la deuda que se contrata en el corto término para fondear el proyecto. En este contexto, los resultados del modelo muestran que el crecimiento real de los diferentes indicadores macroeconómicos y fiscales, tienen un mejor desempeño cuando el ISR es la fuente de financiamiento de largo plazo.

De acuerdo al modelo, si México lograra alcanzar una eficiencia de 100% en la inversión en infraestructura y empleara un mecanismo de financiamiento soportado por el ISR, se podría generar un crecimiento real del PIB per cápita en nuestro país de hasta 27.6% en el largo plazo.

En contraparte, el modelo también especifica que si los niveles de eficiencia son menores al 50%, un incremento del gasto público en inversión, lejos de ser productivo generaría efectos adversos para el desempeño económico, debido a que la pérdida de recursos excedería los beneficios de la política expansiva.

El documento afirma que para implementar la estrategia de expansión del gasto público en inversión a través modificaciones a las tasas impositivas, se tendría que considerar la necesidad de reformar el marco hacendario, lo que se traduciría en importantes retos para los ámbitos político y fiscal. Una estrategia de tal magnitud, dice el estudio, debe considerar los impactos macroeconómicos y fiscales que implica su implementación; lo que conduce a que el análisis de factibilidad hacendaria se desarrolle en un marco de equilibrio general.

El estudio completo puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3969