A cinco años de convertirse en el primer país del mundo en regular la producción, distribución y venta de cannabis, Uruguay agrega otro hito a un lustro con variadas iniciativas. El más reciente es la creación de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal (Cecam), que desde octubre nuclea al 60 por ciento de los emprendimientos que trabajan en este rubro en el país.
Son 14 las empresas fundadoras de la Cecam, pero se estima que unas 20 son las que integran una “industria con enorme potencial para Uruguay, que generará investigación y desarrollo (I+D) por más de US$ 1,5 millón en el próximo año”, dijo Marco Algorta, vocero de la cámara, durante la presentación.
Estimó también que estas empresas crearán unos 3.000 puestos de trabajo zafrales o directos, y si bien no hay cifras específicas para profesionales de I+D ejemplificó que solo en un proyecto de investigación que podrá iniciarse próximamente trabajarán unos 15 investigadores del área química y la biomedicina.
“El potencial científico (de esta industria) es donde se debería hacer foco un país como Uruguay”, subrayó Algorta, que lamentó que aun haya trabas burocráticas que impidan el desarrollo del cannabis medicinal, como autorizar permisos y licencias para el uso de cannabis para investigación.
Cinco años de historia
La historia de la legalización del cannabis en Uruguay se inició en diciembre de 2013, cuando el Poder Ejecutivo promulgó la ley 19.172, que regula la producción, distribución y venta del cannabis, como herramienta de una política dirigida a “minimizar riesgos y reducir daños, promoviendo la información, educación y prevención sobre el uso problemático de drogas”.
La ley establece que el Estado controla la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados (…)” a través del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA), bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública.
En tanto, la norma mantiene la prohibición de la extracción de sustancias de esas plantas, y establece que el IRCCA “tendrá control directo” de este punto. Esto supone que es el organismo encargado de dar las licencias para investigación, por ejemplo.
En cuanto al uso recreativo, después de varios años de ajustes, en julio de 2017 Uruguay marcó otro hito al comenzar a vender marihuana para consumo personal a través de 14 farmacias habilitadas.
Estos comercios son uno de los tres canales de venta permitidos, junto con la producción en el autocultivo (hasta seis plantas por persona) y la producción en clubes cannábicos.
El producto que se comercializa en las farmacias es elaborado por empresas privadas controladas por el Estado. Se puede vender hasta 40 gramos mensuales por consumidor, y para comprar es requisito ser ciudadano o residente en el país y estar inscrito en un registro que actualmente tiene más de 25.000 anotados.
Después de ese primer paso, en diciembre de 2017 también comenzó la venta en farmacias de marihuana medicinal, pero hasta ahora el MSP solo dio habilitación a un producto.
Se trata de Epifractán, un aceite de cannabis que cuesta casi US$ 70 el frasco, que tiene una concentración de 2 por ciento de cannabidiol (CBD) —el componente terapéutico— y no contiene tetrahidrocannabinol (THC), que genera efectos psicoactivos.
El fármaco es elaborado con materia prima importada por un laboratorio local que hace la dilución, informó Algorta, quien lamentó que aún no sea legal elaborar estos productos en el país.
Más fuerza en grupo
El vocero de la Cecam explicó que Epifractán usa una formulación ya testeada en Suiza y por eso tiene habilitación en Uruguay. En esa línea, agregó que la creación de la Cámara intentará alentar que el Estado considere al cannabis medicinal como un producto fitoterapéutico y no como un fármaco. Eso permitiría acortar los tiempos de los protocolos científicos farmacológicos (las diferentes fases de prueba de un producto) y la autorización, señaló a SciDev.Net.
Así, aunque desde la aprobación de la ley en 2013 el Estado habilitó a 17 empresas y cinco grupos académicos a desarrollar actividades en esas áreas —según datos de la Presidencia de la República en octubre—, actualmente no hay producción nacional ni venta de cannabis medicinal permitida.
En paralelo surgió un mercado negro en el que se pueden encontrar aceites de cannabis elaborados por productores artesanales sin autorización.
Quienes compran estos productos son pacientes con epilepsia, Parkinson y otras enfermedades para las cuales hay cierta evidencia que respalda el uso de cannabis. “Muchos (productores de aceite) lo hacen muy bien, pero otros no, y eso es peligroso”, dijo Algorta.
En ese mercado negro se pueden conseguir aceites por un costo 10 veces menor que el de farmacias, pero pueden tener riesgos asociados a una dosis incorrecta, una cantidad excesiva de la CDB o la presencia de THC. De hecho, en los últimos años se han registrados intoxicaciones por consumo de aceite no autorizado.
La Cecam abogará, entre otros cometidos, por impulsar que haya una normativa clara y transparente. “Ahora falta voluntad política para terminar de definir qué es cannabis medicinal y cómo habilitar su venta “, aseguró Algorta.
Para el vocero —que además es propietario de una de las 14 empresas de la cámara— “hay muchos actores políticos que están de acuerdo, pero queda un núcleo del gobierno que pone obstáculos en la implementación”.
Por su parte, para Alejandro Bucciarelli, farmacéutico, especialista en fitoterapias e investigador en el área de plantas medicinales de la Cátedra de Farmacognosia del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur, en Argentina, “el agrupamiento en cámaras que reúnan a establecimientos dedicados a investigación y comercialización de derivados (de cannabis) es beneficioso para tender puentes entre ellas y generar valor agregado a sus productos, priorizando tanto la salud de los pacientes como a la rentabilidad necesaria para sustentarse”.
Bucciarelli dijo a SciDev.Net que los recursos humanos disponibles en la región son de “alta calidad y podrían acompañar la estrategia del país que decidiera implementar objetivos vinculados con el cannabis”.
“Además, podrían aprovecharse las partes de la planta ya utilizadas en la extracción de principios activos, como un subproducto, articulando la extracción de las moléculas de interés medicinal con el aprovechamiento del material a descartar en la industria papelera o textil, o para el desarrollo de nuevos materiales”, agregó.
Fuente: scidev.net