Precarización de trabajo científico crece en América Latina

¿Por qué un país como México debería aumentar el número de investigadores, si no puede ofrecerles un buen trabajo tras concluir sus estudios? ¿Cómo lograr que el trabajo de los investigadores esté en el centro de las políticas sobre CTI en América Latina? ¿Qué mecanismos y estrategias pueden asegurar mejores condiciones laborales para las generaciones más jóvenes?

Estas fueron algunas de las interrogantes planteadas durante el Primer Foro Latinoamericano de Trabajadores Científicos, celebrado la semana pasada (28 de agosto) en esta ciudad.

El evento tuvo lugar en la Cámara de Diputados de este país, con asistencia de legisladores, docentes universitarios, representantes gremiales y científicos interesados en discutir las condiciones que afectan el quehacer de la investigación en la región y que impiden a los países posicionarse como potencias científicas.

Algunos de los cuestionamientos más duros a la política pública en la materia fueron planteados en la mesa sobre precarización de jóvenes científicos, donde se pidió resolver con urgencia el déficit de empleo al que se enfrentan hoy los investigadores recién graduados.

Según datos de 2018 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el primer país latinoamericano y el sexto en el mundo con mayor exportación de migración altamente calificada. Gran parte de la también llamada “fuga de cerebros” está vinculada con la falta de condiciones laborales adecuadas para los investigadores jóvenes. A México le siguen Colombia, Cuba, Jamaica y Brasil en el ranking de países que más pérdida de investigadores presentan.

Mientras que la formación de nuevos investigadores ha sido una prioridad para distintas instituciones científicas en América Latina, la inserción laboral de los nuevos doctores es un problema cada vez más grave. En México por ejemplo se forman entre 4 mil y 6 mil doctores por año -según cifras referidas en el evento- y la principal universidad del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, ha generado desde el 2000 únicamente 500 plazas nuevas para investigadores.

La propia definición de investigador joven se encuentra en entredicho, coincidieron los ponentes, ya que la edad de ingreso al mercado laboral en condiciones óptimas se extiende cada vez más a falta de oportunidades para todos.

“Una de las contradicciones del sistema es que a quienes nos llaman jóvenes rondamos los 40 y tantos años, y hoy no tenemos un empleo estable, no tenemos condiciones dignas; no tenemos un empleo donde se respeten los derechos plenamente”, expresó Adriana Gómez, integrante de la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos e investigadora del Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán, en México.

Aunque la precarización laboral del trabajo calificado es un fenómeno global que se ha acentuado en los últimos 15 años, dice Gómez, en México este tema ha permanecido invisible para la mayoría de las instituciones y autoridades del sector.

En México, “se han creado algunos mecanismos como paliativos, [incluyendo cátedras temporales de investigación y mayor apoyo a becas posdoctorales] pero al no ser una política de fondo, bien sustentadada y planeada, articulada con los planes desarrollo, solo ha conducido a mayor precarización”, agregó como parte de su diagnótico.

“La precariedad laboral de los científicos va mucho más allá del salario: tiene que ver con condiciones de bienestar, estabilidad, un buen ambiente de trabajo que le permita ser productivo, y contribuir al desarrollo de la ciencia”, señaló Gómez.

Al hablar de la precarización en América Latina, Marcelo Magnasco, representante de la Federación de Docentes Universitarios de Argentina, dijo que una de las carencias se encuentra en la falta de contratos colectivos que garanticen el cumplimiento de derechos laborales.

“El sistema universitario latinoamericano casi no tiene convenios colectivos de trabajo que garanticen la estabilidad laboral de los docentes universitarios. Y los trabajadores científicos vinculados con la universidad tienen todavía menos derechos; muchas veces firman contratos de 3 o 6 meses”, ilustró.

Magnasco dijo además que en muchos países la labor del investigador es considerada un hobby y no un trabajo. “El apoyo científico se basa en becas, lo cual es una precarización laboral, pues este mecanismo es una especie de dádiva”, subrayó.

Dijo que en México, por ejemplo, se debería trabajar en un marco normativo donde participe el Congreso, las universidades y los investigadores, a fin de que se logre garantizar la estabilidad laboral de este sector.

La última intervención en el evento corrió a cargo de Edgar Vargas, integrante de la Asociación Nacional de Estudiantes de Posgrado de México. El estudiante dijo que esta organización está pensando en formar la “Academia Mexicana de Científicos Precarios”, como respuesta a la falta de inclusión de las voces más jóvenes en las instituciones académicas tradicionales y para llamar la atención sobre la gravedad del problema.

“El resto de la sociedad está pidiendo una renovación del sistema científico académico. Los ciudadanos confían en los científicos, pero esa confianza no es eterna ni es gratuita”, agregó.

Fuente: scidev.net

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