Los recortes en ciencia sacuden a América Latina

“Cuando mi papá murió de fiebre hemorrágica argentina yo era muy joven, tenía 6 años. Para toda la familia fue un golpe muy duro. En ese momento no existía la vacuna”, recuerda Juan Sarasola, intendente de la localidad de Casilda, provincia de Santa Fe (Argentina). “Gracias al doctor [Julio] Maiztegui y a su equipo, a esa epopeya histórica, posteriormente se obtuvo la vacuna y se salvaron miles de vidas en toda nuestra región, en la zona endémica”, añade.

Sin embargo este año, precisamente cuando se cumplen 40 del inicio del desarrollo de esa vacuna, su producción está frenada en Argentina debido a que la inflación y la constante devaluación de la moneda hacen imposible reemplazar tres equipos dañados, valorados en 267.000 dólares: un enfriador de líquidos, un equipo de ensayo de esterilidad y un contador de partículas.

Actualmente en el país solo quedan 140.000 dosis, insuficientes para cubrir la demanda del próximo año. Esa vacuna es la única en el mundo contra la enfermedad, que si bien es exclusiva de una zona de Argentina, significa un riesgo para cinco millones de personas. Desde 2007 la vacuna es obligatoria para los mayores de 15 años que vivan, trabajen o transiten por el área endémica o en localidades cercanas.

En el Instituto Nacional de Investigaciones Virales Humanas Dr. Julio I. Maiztegui, en la localidad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, el tiempo corre en contra: si el nuevo equipamiento para la producción de la vacuna contra la fiebre hemorrágica llegara se necesitarían unos ocho meses para volver a poner en marcha la planta y otros tres meses para entregar 80.000 dosis que, sumadas a las 140.000 existentes, podrían alcanzar hasta 2020, dependiendo de la demanda. El problema es que nadie sabe con certeza cuándo llegará ese equipo.

Desde la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud“Dr. Carlos Malbrán (ANLIS) de Argentina —organismo público del cual depende el Instituto de Pergamino— aseguran, por escrito, que la compra de equipamiento está en trámite: una comisión evaluadora de ANLIS tiene que establecer los procedimientos específicos para hacer la compra por licitación pública de los tres equipamientos. Es decir, nadie asegura que los equipos puedan estar disponibles este año. También consideraron que el stock de dosis puede cubrir la demanda de 2020.

Sin embargo, en un comunicado conjunto, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, la Sociedad Argentina de Virología y la Asociación Argentina de Microbiología han instado “a las autoridades sanitarias nacionales a generar las acciones necesarias para asegurar la continuidad de la producción de vacuna en Argentina en forma oportuna”.

En Brasil, una investigación para comprobar si la cloroquina, un medicamento usado contra la malaria y las enfermedades autoinmunes, puede inhibir la replicación del virus del zika y algunas de sus secuelas —como la microcefalia— podría quedar inconclusa debido a los recortes a miles de subvenciones a la investigación, anunciadas recientemente por las entidades del sector.

Hasta el 30 de septiembre de este año se habían registrado en Brasil 9.813 casos de zika según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de ese país, de los cuales 447 afectaban a mujeres embarazadas. Además, se registraron dos muertes en el estado de Paraiba y hay 1.649 casos sospechosos pendientes de confirmación.

El genetista Rodrigo Brindeiro, del Laboratorio de Virología Molecular de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que encabeza el estudio con la cloroquina, señala que como el medicamento ya está aprobado para su uso incluso en mujeres embarazadas y ofrece seguridad en cuanto a toxicidad, el costo del estudio es “centenares de veces menor que invertir en nuevos medicamentos”.

“Pero si continuamos con este escenario no podremos proseguir nuestros estudios”, reconoce. Él se refiere a la espada de Damocles que pende sobre miles de investigadores ante el reciente anuncio del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq, por sus siglas en portugués) de suspender el financiamiento a 84.000 investigadores de distintos niveles por falta de recursos. Aunque el CNPq logró pagar las becas este mes de octubre, el organismo sigue bajo riesgo.

En realidad, la inversión en el sector de CTI de Brasil ha caído en picado desde 2016, y 2019 es el peor año: el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones tiene un presupuesto equivalente a 750.000 dólares, una tercera parte de lo que tenía en 2010.

Una tendencia en toda la región

Los anteriores son solo dos ejemplos de cómo los recortes presupuestarios y la baja inversión en ciencia, tecnología e innovación, que se extienden como una perniciosa tendencia en la región, no solamente están causando daños a la investigación, sino a la sociedad en su conjunto, impedida de beneficiarse de las innovaciones tecnológicas para el desarrollo.

“Si bien algún cínico ignorante pueda argumentar que no pasa nada si se deja de financiar la ciencia y la tecnología en nuestros países, el impacto de interrumpir la investigación y los múltiples beneficios de la ciencia para la sociedad sería profundamente perjudicial porque perderíamos una de las pocas brújulas y fuentes de ideas para pensar y hacer efectivo un futuro mejor”, reflexiona Hebe Vessuri, doctora en antropología social y premio Bernardo Houssay 2017 a la Trayectoria en las ciencias sociales de Argentina.

Actualmente profesora invitada en la Universidad de Los Andes de Bogotá, Colombia, e investigadora emérita del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Vessuri remarca que “la inversión pública en ciencia y tecnología continúa siendo crucial en todos los países”, pero añade que de seguir transitando por la vía de los recortes presupuestarios nos aguarda “ser furgón de cola de un tren que nos lleva no sabemos dónde y caernos en el trayecto con cualquier cambio o giro en el camino”.

Venezuela: líneas de investigación mueren en las universidades

En Venezuela, las posibilidades de investigar y producir innovaciones son prácticamente nulas debido a la crisis económica y política generalizada. Con una hiperinflación anualizada estimada en 135,379 por ciento a fines de agosto, dos procesos de reconversión monetaria y 15 años de control cambiario, las universidades no tienen acceso a dólares para la compra de reactivos o nuevos equipos.

Además, desde 2009, las universidades públicas y autónomas dejaron de recibir presupuestos para la investigación. En la actualidad esas instituciones apenas obtienen recursos para pagar sueldos y salarios al personal. Las instalaciones y laboratorios científicos lucen abandonados y deteriorados. En muchos casos sobreviven gracias a donaciones que realizan sus egresados desde el exterior, lo que sigue siendo insuficiente para las necesidades de la academia.

Por ejemplo, el bioterio de la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela, que fue un lugar élite para la crianza animal y experimentación científica, ahora no tiene animales. En la Universidad Simón Bolívar la situación es similar y se corre el riesgo de perder el patrimonio genético, que tiene 32 años.

Allí trabaja la bióloga Yenis Pérez. Su proyecto, una vacuna de proteínas recombinantes en animales para controlar las enfermedades parasitarias en el ganado bovino y equino, está prácticamente paralizado. Depende de la disponibilidad de reactivos y la infraestructura para realizar los ensayos.

La investigación de Pérez ayudaría a evitar que los humanos se contagien por consumir carne y leche contaminada, porque en los últimos cinco años los bovinos en Venezuela están atacados por parásitos, lo que no solo ha disminuido la producción sino que se refleja en la baja calidad de la carne y leche para consumo humano.

“Nos queda la persistencia que tenemos los investigadores. Trabajo con un grupo de estudiantes que no desfallece pese a la situación. Aun así es difícil avanzar en las líneas de investigación”, explica.

En diciembre de 2006, a Nieves Canudas, profesora de la Universidad Simón Bolívar, le asignaron un presupuesto de 1.302.325 millones de dólares (2.800 millones de bolívares) para su proyecto, ganador de una convocatoria de la Misión Ciencia y el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. El trabajo tenía como fin desarrollar ungüentos con compuestos que pudiesen destruir agentes patógenos en la piel de personas con quemaduras. Con ese dinero compró equipos e insumos para el laboratorio. El protocolo incluía desde el diseño de compuestos orgánicos, la síntesis orgánica y su caracterización, hasta los ensayos fotobiológicos y de toxicidad.

Pero la investigadora no ha podido pasar de la concepción de los compuestos. Desde el año pasado tuvo que dejar de trabajar en su investigación por no poder reparar el cromatógrafo de gases-masas y el de resonancia magnética nuclear de protones.

“No tenemos dinero para culminar el proyecto. Necesitábamos 90.000 bolívares, pero eso ahora es insuficiente para las necesidades que tenemos. Tampoco alcanzaría para hacer las pruebas en el bioterio”, refiere Canudas.

La creciente hiperinflación deterioró sensiblemente el poder adquisitivo de la moneda. Si bien para 2017 esos 90.000 bolívares ya representaban apenas la mitad de un salario mínimo —que equivalía a 0,99 dólares—, tras una segunda reconversión monetaria en 2018 que eliminó cinco ceros a la moneda, ahora Canudas no podría comprar con esos 90.000 bolívares ni siquiera un boleto para el metro, o pagar un pasaje en transporte público, cuyo costo es de 1.000 bolívares.

Fuga de cerebros: amenaza latente

Uno de los emprendimientos tecnológicos más importantes de Brasil, el acelerador de partículas de cuarta generación Sirius, también se ha visto afectado por los recortes presupuestarios en ciencia y tecnología que sufre el país.

Planificado para iniciar sus actividades el próximo año con trece estaciones de investigación, comenzará con solo una de ellas. Está financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones, que ha invertido 323 millones de dólares del presupuesto total del trabajo, que asciende a 440 millones de dólares.

Antônio José Roque da Silva, director general del Centro Nacional de Investigación de Energía y Materiales (CNPEM) y del proyecto Sirius, explica que pese a que el presupuesto votado en el Congreso para este año fue de 62 millones de dólares, hasta ahora solo se ha recibido poco menos del 20%.

Ubicado en el CNPEM, Campinas, São Paulo, Sirius tiene muchas aplicaciones: desde el estudio de rocas en capas de petróleo para aumentar la producción hasta tomografías computarizadas avanzadas que pueden mejorar el diagnóstico del cáncer y allanar el camino para nuevos tratamientos médicos.

Planificado desde 2012, Sirius es un proyecto desarrollado completamente en Brasil y probablemente será el segundo acelerador de partículas de cuarta generación en operar en el mundo: el primero fue MAX IV, de Suecia, inaugurado en 2016. Francia está construyendo otro, que comenzará a operar en 2021. Estados Unidos y Japón también están modernizando sus fuentes de luz sincrotrón.

Para el físico y ex presidente de CNPEM Rogério de Cerqueira Leite, Sirius es un salto trascendente “no solo para la ciencia brasileña y latinoamericana, sino mundial”. “Es un proyecto importante para la autoestima del científico brasileño, porque siempre estamos rezagados con respecto a Europa y Estados Unidos, y este proyecto coloca a Brasil a la par de los países más avanzados en esta área”.

Pero no oculta su temor de que los continuos recortes al sector les pasen factura. “La búsqueda de nuestros investigadores por otros aceleradores en el mundo siempre ha sido muy alta. Si no podemos darnos el lujo de conservarlos, se aprovecharán en todo el mundo, lo que será excelente para ellos, pero no para Brasil”, admite.

“En un escenario de incertidumbre, es difícil mantener personal altamente calificado. A corto plazo existe el riesgo de interrumpir la cadena de producción entre los centros de investigación y las empresas”, advierte José Roque.

Y puede que no sea suficiente recomponer el presupuesto para que el escenario se vea mejor. “Si desmantelamos lo que tenemos, nos llevará 20 o 30 años recuperarnos”, agrega Cerqueira Leite.

Lo que hay detrás: desconocimiento

Para Gabriela Dutrenit, coordinadora de posgrado en Economía, Gestión y Políticas de Innovación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, detrás de todos estos recortes e indiferencia hacia la ciencia y las innovaciones tecnológicas hay un “desconocimiento generalizado de la población y de los políticos respecto del papel de la investigación científica, que no les hemos sabido transmitir”.

“Tenemos que hacer ver a la sociedad los beneficios que obtiene de la investigación, y hacerles entender a los políticos que incluso económicamente no es conveniente una reducción de la inversión en desarrollo científico-tecnológico, por las consecuencias que trae para la sociedad”, afirma.

Y prosigue: “Hay que hacerles ver que la afectación [a la sociedad] no será de un día para el otro: si yo le bajo un dólar a la inversión no voy a ver de inmediato [sus efectos], pero a mediano plazo sí, porque quienes estaban haciendo determinada investigación ya no pueden seguir, y algo que podía ser un beneficio para una población afectada demorará más tiempo en generar el conocimiento que se plasma en nuevas técnicas”.

Por su parte, Hebe Vessuri advierte de que “nuestros países” en su gran mayoría ya tienen capacidades instaladas de ciencia y tecnología “en una situación bien diferente a la de hace medio siglo. Esas capacidades deberían aprovecharse de maneras mucho más creativas”.

“Lamentablemente, lo que vemos como parte del proceso autoinfligido de deterioro por parte de nuestras autoridades y políticos es el serio riesgo de desmantelamiento de las capacidades construidas con tanto esfuerzo”, añade.

Ella cree que los científicos “no han sabido encontrar la forma de hacer entender a los políticos y empresarios el gran potencial que tienen para sus países”. Tampoco la clase dirigente ha sabido aprovecharlos, remarca.

Y la corrupción

Y tal vez sea ese desconocimiento uno de los factores que lleva a ciertos funcionarios y burócratas a desviar a otros fines los fondos destinados a equipos tecnológicos y desarrollo de innovaciones cuando están escasos de recursos.

Es el caso del Perú, donde los diversos programas de financiamiento público para el desarrollo de innovaciones tecnológicas cumplen su cometido, pero la población se ve impedida de acceder incluso a tecnologías de larga data, como el uso de incubadoras, monitores y bombas de infusión para bebés prematuros, tal como lo admitió ante el Congreso Nacional la ministra de Salud, Zulema Tomás el 4 de septiembre.

Así, en el Hospital Regional de Lambayeque —al norte del país— murieron 30 bebés en el primer trimestre del año “por falta de presupuesto para reparar y comprar más incubadoras”, según fuentes del hospital. Sin embargo, la Contraloría General de la República comprobó que se había usado un millón de soles (poco más de 300.000 dólares), la mitad del presupuesto destinado a Neonatología, para comprar canastas de navidad para sus trabajadores.

En medio de este poco esperanzador panorama hay voces que proclaman el cese de la inversión pública en ciencia y tecnología. Pero para Gabriela Dutrénit “no es el momento”. “No creo que la inversión privada pueda suplir [a la inversión pública] en nuestros países”, opina.

Precisa que los países latinoamericanos todavía tienen muchas capacidades científicas y tecnológicas por construir. “Aun no hemos llegado a tener esas masas críticas que se requieren para que se adquiera dinámicas propias” por lo que el estado “no se puede retirar de seguir asumiendo la necesidad de una fuerte inversión pública en ciencia y tecnología”.

“Se requiere todavía de inversión pública, no solo por liderazgo, sino para que marque las áreas donde hace falta invertir para que contribuir al desarrollo económico y al bienestar social, porque la empresa privada se va a guiar por criterios de rentabilidad”, concluye.

Fuente: elpais.com

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!