“Queridos pasajeros, aquellos que viajen sin billete, que se comporten desordenadamente o que fumen en lugares públicos serán castigados de acuerdo a las reglas y su comportamiento quedará registrado en el sistema de créditos e información individual. Para evitar cualquier registro negativo en su crédito personal siga las normas y cumpla las órdenes en el tren y la estación”.

Esta cita no corresponde a la voz de una telepantalla en 1984, la novela de George Orwell, o a un extracto del primer capítulo de la tercera temporada de Black Mirror en el que aspectos clave de la vida de las personas como el empleo de transportes públicos o la posibilidad de alojarse en un determinado hotel se encuentra condicionada por su puntuación en una red social global. El fragmento es una grabación real de un tren en Shanghai que muestra la punta del iceberg del sistema de crédito social puesto en marcha por el Partido Comunista chino. Real pero, al mismo tiempo, mucho más aterrador, preciso y perfecto que la distopía narrada en ambas obras de ficción.

El sistema de créditos sociales chino, que ya se encuentra en funcionamiento, otorga una puntuación a cada uno de sus ciudadanos en función de sus hábitos cívicos, su estilo de vida, las páginas web por las que navega, de lo que compra en internet y de otras variables como sus infracciones de tráfico.

Una puntuación que marca la posición de los ciudadanos en la escala social del país de modo que, aquellos con un crédito alto, tendrán derecho a un trato preferente por parte de la Administración.

“Mantener la confianza es glorioso y romper la confianza es una desgracia”, sostiene un documento público del Partido Comunista en el que se explica el proyecto. Un escrito en el que la palabra “confianza” aparece 105 veces y en la que se detallan algunos comportamientos y actitudes que conllevan la “romper la confianza”.

Aquellos con una puntuación baja, los que “rompen la confianza”, se están enfrentando a represalias como la imposibilidad de acceder a determinados puestos de trabajo, la prohibición de comprar billetes de tren o avión, de alojarse en los mejores hoteles, de que sus hijos vayan a un buen colegio o, incluso, que el estado les quite a sus mascotas. Todo eso además de ser incluidos en listas negras públicas de malos ciudadanos.

Una serie de castigos que, más allá del papel, ya se están produciendo. Por ejemplo, a 12 millones de chinos ya se les ha prohibido de comprar billetes domésticos de avión y tren.

Un sistema de control político y social que, según el proyecto redactado por el partido comunista chino, es “una base importante para implementar de manera integral la visión del desarrollo científico y construir una sociedad socialista armoniosa, es un método importante para perfeccionar el sistema de economía de mercado socialista, acelerando e innovando la gobernanza social, y tiene una importante importancia para fortalecer la conciencia de sinceridad de los miembros de la sociedad, forjar un entorno crediticio deseable, elevar la competitividad general del país y estimular el desarrollo de la sociedad y el progreso de la civilización”.

Un proyecto que, según dicho texto, se enmarca en el interés del “Comité Central del Partido Comunista Chino para las opiniones del Estado buscando el fortalecimiento y la innovación del manejo de la sociedad”.

El sistema crédito social de China es posible gracias a la combinación e integración de varias tecnologías como el big data, el reconocimiento facial y la monitorización de internet en un entorno cuyas libertades no son comparables a los de una democracia occidental y ayudados por más de 600.000 cámaras de vigilancia con inteligencia artificial.

Pese a que los castigos y represalias son conocidas, el funcionamiento del algoritmo que determina la posición de un individuo en la escala social es incierto.

Gran parte de los datos que otorgan la puntuación de cada ciudadano en el sistema de crédito social provienen de los historiales de internet de los chinos, aunque también se tienen en cuenta factores económicos -como retrasos a la hora de pagar las facturas- o sanciones administrativas y/o penales que castigan comportamientos incívicos.

El sistema también tiene en cuenta un componente moral, y con un carácter más aleatorio, a la hora de asignar el valor crediticio de cada ciudadano. Las compras frívolas, jugar a videojuegos, publicar fake news e, incluso, determinados comportamientos, que no son constitutivos de delito, en las redes sociales pueden tener un impacto negativo en la puntuación de cada ciudadano, según explica Foreign Policy.
En este ámbito, uno de los posibles castigos a los que se pueden enfrentar los ciudadanos con una baja puntuación es una merma en la calidad de su conexión a Internet.

Sin embargo, la lista de castigos es larga y la presencia de un individuo con una baja puntuación puede afectar a otros de su entorno social, pese a que estos gocen de un valor mayor en el sistema de créditos.
Esto le sucedió a un estudiante de universitario que vio su admisión revocadadebido a que su padre tenía una baja puntuación en la escala de crédito social. Un caso recogido incluso por los medios estatales chinos que citan otros ejemplos de jóvenes a los que se les impidió acceder a instituciones educativas por la mala puntuación de sus padres.

Los medios de comunicación, bajo control público y censura, juegan un papel importante a la hora de generar una política de miedo y represalias en esta línea. El citado documento del Gobierno chino explica así su papel.

“Reforzar la propaganda relativa a la lista de personas perseguidas por romper la confianza y castigadas en su crédito, dar rienda suelta al papel de los medios de comunicación en la propaganda, la supervisión y la orientación de la opinión pública. Utilice los periódicos, la televisión, los medios online, etc., para hacer pública la información relativa a las personas sujetas a persecución por romper la confianza, el castigo que reciben, etc., crear presión en la opinión pública y ampliar la influencia y la disuasión del sistema de listas de nombres para personas sujetas a la persecución por romper la confianza”.

Entre los castigos más severos fruto de una baja calificación en esta escala se encuentra la prohibición de viajar al extranjero, de comprar una vivienda, de tener una tarjeta de crédito, perder la tutela de tu perro o, incluso, de acceder a un buen empleo en cualquier empresa o institución que tenga relaciones con el sector público nacional o que ejerza su actividad en ámbitos relacionados la manipulación de potencialmente tóxicas y de alimentos o de ostentar cualquier cargo de responsabilidad en ámbitos como la minería, la industria química o la producción de petardos y fuegos artificiales.

Las personas con una “confianza” baja también se enfrentan a problemas a la hora de conseguir empleos en el sector privado. Un comunicado del gobierno anima a las empresas a consultar las listas negras antes de contratar a nuevos empleados. Unas listas negras que en algunos casos se encuentran publicadas en Internet pero que, en el caso de algunas localidades y provincias, también existen en un formato físico y se publican en tablones de anuncios en los que, además del nombre, aparece una fotografía de aquellos ciudadanos que “han roto la confianza”.

Fuente: elmundo.es