El Gobierno decidió incorporar la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad a la Semarnat, lo que, según advierten expertos, limitará su transversalidad, presupuestos y funciones

“Si la Conabio fuera un organismo vivo, lo que produce el reciente decreto del Gobierno es lentamente matarlo de hambre”, asegura José Sarukhán, biólogo y autor de incontables trabajos científicos, quien en 1992 fundó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Este organismo, que ha creado un detallado archivo de la biodiversidad de México con 46 millones de organismos validados y georeferenciados, llegó a llamar la atención de los asesores del presidente Barack Obama, que recomendaron que fuera replicada en Estados Unidos. Se creó hace tres décadas en la búsqueda de que México pudiera proponer algo verdaderamente innovador en la Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro, pero un decreto del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, busca incorporar la comisión a la estructura de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. El decreto fue enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), pero aún no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

“Recortar los presupuestos de esta organización es algo que tiene que ver con la vida de todos, con nuestro bienestar y el de nuestros nietos. Porque esa información que se ha recogido ahí y que está disponible para todo el mundo —nos visitan más de 45.000 personas al día en nuestra web— se traduce en tomas de decisiones que de verdad apelan a los territorios. Cuando tienes información real sobre la biodiversidad de un país, puedes tomar decisiones sobre cosas que están afectando a una u otra especie”, explica José Sarukhán, quien renunció a su cargo en la Conabio en 2022 debido a diferencias con la Semarnat, que nombró como nuevo secretario ejecutivo del organismo a Daniel Quezada, un economista poco conocido en el círculo científico y ambiental.

En las últimas semanas, expertos como Sarukhán han alertado de que los recortes anunciados a la Conabio ponen en riesgo un sistema de información gracias al que se han podido lograr, por ejemplo, cambios en la red forestal de desarrollo sustentable de manera que la frontera agrícola no pueda llegar a los puntos de conservación; crear una alerta nacional para frenar la llegada al país de la palomilla del nopal, o, como ocurrió en Tamaulipas, lograr que quién destruyó un manglar tenga que pagar por ese daño ante la evidencia de que en ese territorio había más de 20 hectáreas protegidas.

El decreto ha generado alarma entre la comunidad científica nacional. Al centenar de comentarios sobre la propuesta se le suma la carta de preocupación publicada por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, en la que se lee: “Derivado de esta modificación se dificulta realizar de manera efectiva el trabajo intersecretarial, lo que significará un retroceso en la capacidad del Estado para abordar los desafíos ambientales y adaptarse a las fluctuaciones políticas, poniendo en riesgo el gran valor del capital natural de México y que la toma de decisiones para el desarrollo sostenible del país se lleve a cabo de manera informada”.

La decisión del Gobierno sobre la Conabio no se produce en un vacío. En 2019, el entonces titular de Semarnat, Víctor Manuel Toledo, publicó una carta en la que aseguraba que la entidad “arrastraba una situación anómala o excepcional dentro de la administración” y dejaba claro que ese organismo recomendaba “la inmediata transformación de la de comisión intersecretarial a un organismo público descentralizado”. Además, se estipulaba la supresión del fideicomiso privado-público que se usó en la entidad por 27 años, y que sumaba más de 827 millones de pesos (casi 50 millones de dólares), con la justificación de que no era acorde con la política de austeridad del Gobierno de López Obrador.

En un comunicado enviado a América Futura, la Semarnat defiende que con esta medida se busca “hacer más transparente la gestión y el actuar de las dependencias y organismos que conforman” esta dependencia y fortalecerla. “El reglamento que contaba con más de 30 años no le daba certeza normativa. Con la modificación de la estructura orgánica, dentro del reglamento interior de la Semarnat, se garantiza una mejora continua y modernización de la gestión pública, brindándole certeza jurídica a la Unidad Coordinadora Científica y Técnica para el Conocimiento, Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad. Esto impulsará las políticas públicas en materia de biodiversidad”, añade el organismo. Además, asegura que el recorte presupuestario no afectará su funcionamiento, ya que “con el presupuesto y personal de la secretaría se ajustó la estructura bajo los principios de racionalidad y austeridad republicana”.

Sin embargo, la medida, que parece estar en la misma línea de recorte presupuestal que han sufrido el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la Comisión Nacional Forestal, también ha generado un fuerte rechazo en la oposición política. “Bajo la idea de que en todo hay corrupción, lejos de revisar, de poner responsables o de mejorar, ha tomado la opción de desaparecer instituciones que forman parte del Estado mexicano y que proveen información necesaria para delinear unas políticas exitosas”, lamenta la diputada Edna Díaz Acevedo (PRD), quien preside la comisión de cambio climático del Congreso.

No es la primera vez que la política ambiental del presidente Andrés Manuel López Obrador es señalada por sus contradicciones que, por un lado, desangran instituciones que —como la Conabio— eran intersecretariales, es decir que trabajaban transversalmente con toda la agenda de desarrollo del país y estaban lejos de las ideologías y los partidos de turno; y, por otro lado, suben el monto para el Anexo 16 de los presupuestos, que tiene que ver con la mitigación y adaptación al cambio climático.

“No hay tal contradicción: cuando te enfocas punto por punto en todos los renglones en los que se divide el Anexo 16, te das cuenta que se usa para todo menos para el ambiente”, increpa, sin embargo, la diputada Díaz Acevedo. “Para becas, refinerías, el Tren Maya, pero no se usa para la protección de la diversidad, ni mitigación del cambio climático. Puedo entender que no les interese el medio ambiente, pero no que destruyan instituciones que no tienen que ver con la oposición o grupo de poder”, sentencia.

Con los datos que ha recolectado la Conabio hay, según explica José Sarukhán, mucha información en la que aún se puede trabajar como un archivo, “pero si no se actualiza, llega un momento en el que se vuelve caduca, en el que empiezas a tomar decisiones a ciegas”. El otro problema que ve el académico es la pérdida de la gente que ha trabajado en esa organización. “Tomará décadas tener de nuevo esa comunidad. Con esta incorporación a la Semarnat, ese capital humano que se ha formado durante años se esfuma. Perder eso nos implicará en el futuro volver a reclutar un montón de gente, volverla a capacitar, volver a empezar mientras la velocidad de los problemas ambientales solo se habrá acelerado. Por el contrario, lo que tendríamos que estar haciendo ahora es unir a la mejor gente que tenemos a la mano, con la mejor información que se ha generado para ayudar al país a tomar decisiones”, apunta.

Ante las críticas, la Semarnat pide calma: “Pueden estar tranquilos porque el trabajo de la Conabio no desaparece, únicamente se fortalece y se transparenta su actuar en políticas públicas en materia de biodiversidad y dirigidas al conocimiento de la diversidad biológica, conservación y uso sustentable”, responden en el comunicado en el que aseguran que el organismo seguirá trabajando “de forma transversal” con los “distintos sectores involucrados” en la conservación ambiental. “La política ambiental del Gobierno de México considera indispensable la investigación y estudios científicos para conservar la biodiversidad en nuestro país, siempre con las personas y las comunidades en el centro de nuestra labor. La preservación de nuestro patrimonio biocultural es uno de nuestros objetivos prioritarios en la estrategia de desarrollo sustentable de la Semarnat”, concluye.

Son respuestas que en algún momento podrían tener que dar los responsables de esta secretaría ante el Congreso si sale adelante una iniciativa de la diputada Edna Díaz Acevedo que quiere llamar a la Semarnat a rendir cuentas y explicar por qué se están tomando estas decisiones. “Con algunos integrantes de la comisión que presido estamos construyendo un punto de acuerdo para exhortar al ejecutivo para que esas acciones den marcha atrás. Adicionalmente, estamos trabajando en una iniciativa de ley para que quede plasmado legalmente que las decisiones que involucren entes de esa magnitud y calado, no dependan de las ocurrencias o las decisiones del presidente de turno, o de una secretaría de Estado, que haya un andamiaje que los proteja sin importar quien se suba al poder”, sostiene.

Para José Sarukhán, por su parte, la supervivencia de instituciones que velan por la protección y conservación de los ecosistemas, las plantas y el oxígeno, que vigilan y protegen la biodiversidad —que es esencial para la vida de México— depende ahora sobre todo en la presión que pueda ejercer la sociedad civil. “La única forma de defenderlas es tener una ciudadanía informada que sabe la importancia de sus instituciones. La gente tiene que ser más consciente y más activa, si eso no ocurre no habrá ningún político suficientemente ilustrado para que tome esa posición en contra de los intereses económicos”, concluye.

Fuente: elpais.com