Julio Frenk puntualizó que “la respuesta epidemiológica a la pandemia fue tardía, tibia y descoordinada” y recordó que las autoridades de salud afirmaron erróneamente que el arribo del virus a México no representaba un riesgo

“La única manera que tenemos como sociedad de procesar este gran trauma colectivo, que hemos enfrentado en estos dos últimos años, es aprender de la experiencia para construir no una nueva, sino una mejor normalidad”, afirmó Julio Frenk, miembro de El Colegio Nacional, al coordinar y participar en la mesa Sistemas de salud: limitaciones y lecciones, transmitida en vivo el 18 de octubre a través de las plataformas digitales de la dependencia.

La sesión formó parte del VI Encuentro Libertad por el Saber. La pandemia: retos y oportunidades, coordinado por el colegiado Antonio Lazcano Araujo, y contó con la participación de la psicóloga María Elena Medina-Mora, y el jurista José Ramón Cossío, ambos integrantes de esta institución.

El médico Julio Frenk aseguró que el proyecto de salud del gobierno no ha estado a la altura del desafío que implicó la pandemia, ni a la altura de los retos que enfrenta el país en materia sanitaria, por lo que es indispensable corregir el rumbo cuanto antes. “La pandemia puso a prueba los dos componentes centrales de todo el sistema de salud: el de la salud médica, que da respuesta epidemiológica; y el de la atención a las personas, que incluye la oferta de servicios clínicos. Por desgracia, el actual sistema de salud de nuestro país falló en los dos frentes.”

Puntualizó que “la respuesta epidemiológica a la pandemia fue tardía, tibia y descoordinada” y recordó que las autoridades de salud afirmaron erróneamente que el arribo del virus a México no representaba un riesgo, porque su gravedad era mucho menor que la influencia estacionaria. “El Gobierno Federal, además, ignoró los llamados de la Organización Mundial de la Salud que pedían utilizar masivamente las pruebas para la identificación de los casos y los contactos. De hecho, México fue el único país que llegó a calificar estas pruebas como un desperdicio de tiempo, esfuerzo y recursos.”

Entre los errores iniciales para hacer frente a la pandemia, el experto en sistemas de salud mencionó dos más, el rechazó al uso de cubrebocas como medida adicional para controlar la transmisión de la infección; y delegar las responsabilidades a los estados, cuando todos los manuales de manejo de epidemias afirman que es necesario desarrollar una respuesta unificada a nivel nacional.

“Hoy, México es el cuarto país con más muertes por COVID-19, en todo el mundo, sólo superado por Estados Unidos, Brasil y la India. Es, además, el país con más muertes del personal de salud en toda América y posiblemente en el mundo, con 4 mil 84 defunciones, dos y media veces superior a la de Estados Unidos y seis veces mayor que la de Brasil.”

De acuerdo con el especialista, un agravante adicional fue que la pandemia llegó en pleno desmantelamiento del sistema de salud, en México, lo que explica la falla en la oferta de servicios personales de salud. “El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que recentralizó la prestación de servicios de primer y segundo nivel de atención para la población sin seguridad social, en 26 entidades federativas, nació sin un diagnóstico, sin diseño y sin reglas de operación. Se suma la impericia de la administración general que, a tres años de haber entrado en funciones, no ha sido capaz de establecer un método confiable de compra y distribución de medicamentos e insumos para la salud.”

Agregó que un retroceso de esta magnitud debe corregirse cuanto antes. “No para restituir el Seguro popular, sino para reestablecer un sistema que garantice a todos los mexicanos el acceso igualitario, un servicio integral de salud con alta calidad y protección para todos.”

Julio Frenk también se refirió a las características que debería tener el sistema de salud, en México, tras la pandemia para una mejor normalidad. Sostuvo que la creación del INSABI pretende reestablecer el sistema de salud existente en los años 70, del siglo pasado, es decir un sistema fragmentado sobre bases corporativistas con escasos recursos públicos y centralizados. “Considero que México debe retomar el camino hacia un sistema de salud que se adapte a nuestras circunstancias, como el modelo de los países escandinavos, Reino Unido y Canadá.”

En palabras del experto, para llegar al modelo escandinavo, en el país, es necesario superar cinco obstáculos, el primero, es eliminar la contradicción que existe entre el artículo 4° constitucional, que reconoce a la protección de la salud como un derecho ciudadano, y el artículo 123°, que la reconoce como un derecho laboral. El segundo, exige llevar al gasto de la Ciudad de México al promedio latinoamericano que es de 7.5% del PIB movilizando recursos públicos.

El tercer obstáculo es separar las funciones de financiamiento y prestaciones de servicios en todas las instituciones públicas de salud, con el fin de garantizar una prestación que amplíe la libertad de elección por parte de los usuarios y mejore la calidad de atención. El cuarto, es la falta de respuesta a las principales causas de discapacidad, en México. Y el quinto obstáculo tiene que ver con la pobre participación de los ciudadanos en el diseño, operación y evaluación de los servicios públicos de salud y exige el involucramiento activo de pacientes y ciudadanos, en todos los ámbitos.

El colegiado comentó que la discusión sobre la renovación del sistema de salud, en México, debería quedar en manos de una comisión plural, en la que participen actores de los sectores públicos y privados, académicos, líderes sindicales y miembros de las organizaciones de la sociedad civil. “Lo ideal es que el presidente de esta comisión sea un reconocido personaje que no esté involucrado en tareas de gobierno.”

Agregó que la independencia de la presidencia y el carácter plural de las comisiones forman parte medular de su éxito. “La pluralidad evita que las comisiones sean capturadas por la inercia burocrática, que tiende a favorecer los intereses de los grupos en el poder. Ahora se trata de ponernos de acuerdo en el cómo, para realmente avanzar en esa dirección. Un sistema de salud eficaz y equitativo es esencial, no sólo para construir un país más sano, sino también un país más seguro, más próspero y mejor cohesionado.”

Depresión y ansiedad, trastornos más reportados en pandemia

Por su parte, la colegiada María Elena Medina-Mora comentó que la depresión y la ansiedad son los trastornos más reportados durante la pandemia y el confinamiento. Sostuvo que se trata de padecimientos discapacitantes, que pueden afectar al 4% del Producto Interno Bruto y que es necesario invertir en éstos para ser un país más productivo.

Recordó que, antes de la pandemia, alrededor del 6% de los pacientes con trastorno y depresión recibía una atención de mínima calidad, debido a la falta de medicamentos. Puntualizó que el presupuesto que se le asigna a los padecimientos mentales es ocho veces menor a la carga de la enfermedad, lo que se suma a los determinantes sociales como la pobreza y la violencia, que aumentan el costo.

De acuerdo con un artículo publicado en The Lancet, la depresión se incrementó cerca del 27% de forma global y los trastornos de ansiedad aumentaron, en América Latina y el Caribe, más del 31.7%. “México está entre los países que más incremento tuvo de la enfermedad. Uno de los factores que predice que alguien se enferme tiene que ver con un trastorno previo no tratado y, en México, vemos que esta brecha es muy grande y lo mismo pasa con los trastornos de ansiedad. Estamos entre los países con crecimiento más alto y con mayor preponderancia en las mujeres que en los hombres.”

En palabras de la directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, la violencia ha sido la causa más importante por la que las personas piden ayuda. Al responder a la pregunta ¿Qué tendríamos que hacer para cambiar esta situación?, la colegiada aseguró que, primero, se debe entender que la salud mental es importante y se tiene que considerar un servicio esencial para la normalidad y las próximas pandemias.

“México es uno de los países que más tiempo tarda en identificar estos trastornos, por ejemplo, una persona con depresión, entre que cumple el criterio diagnóstico y llega al tratamiento tarda 14 años. Por lo tanto, tenemos que reformar este sistema de salud para que la atención comunitaria y el primer nivel sean los lugares en donde se reciba esta atención.”

Medina-Mora sostuvo que es fundamental integrar la atención de salud mental como parte de la atención global de salud, así como extender la telemedicina, que ha sido muy efectiva. “Desde luego, tratar el suicidio, porque en comparación con muchos países en donde ha bajado el índice, en América Latina va para arriba, en México ha crecido significativamente y está afectando a nuestros jóvenes. Se tiene que incorporar al sistema de forma esencial.”

Agregó que es importante integrar a la escuela los programas de salud mental con un aspecto normativo, como se hace en otros países donde esta atención forma parte de las habilidades psicosociales y de las materias. “Necesitamos pensar en estos servicios comunitarios que den la atención psicosocial, servicios de primer nivel que empiecen a identificar, por lo menos, con un tamizaje, la depresión y otros recursos para las intervenciones psicosociales y la canalización.”

“Tenemos que pensar en otras intervenciones, en cómo darles a las personas estrategias de afrontamiento, de cuidado, recursos para atender la salud mental, quedarse en casa muchas veces significó la muerte de muchas personas en la familia por el hacinamiento”, finalizó la especialista.

Pandemias y estado de excepción

Al tomar la palabra, el colegiado José Ramón Cossío se refirió a la ineficacia de los gobiernos nacionales de establecer un estado de suspensión de derechos. Esta categoría del orden jurídico, que determina cuáles son las condiciones para que las normas no se apliquen en determinado momento, se encuentra en el artículo 29° de la Constitución Mexicana y establece la posibilidad de que la actuación del Presidente de la República y el Congreso de la Unión pueda llegar a la suspensión de los derechos humanos y de las garantías de protección de los derechos humanos durante un tiempo específico.

“Me he preguntado ¿por qué tan pocos países se han atrevido a utilizar durante esta pandemia estas medidas de excepción? No hablo de populismo, ni de autoritarismo, ni de la privación del derecho, sino del uso correcto del Derecho para enfrentar y para resolver una situación que se estaba presentando. Creo que aquí hay una respuesta sanitaria y después una respuesta política.”

El jurista mexicano comentó que, a lo largo del siglo XX y lo que se lleva del XXI, no ha sido fácil llevar a cabo esta suspensión de derechos, porque se observa en una condición estrictamente política y como un arma para destruir o derrotar a los rivales políticos. “Por primera vez, en la historia, tenemos la posibilidad de separar el problema sanitario y el problema de la suspensión de los derechos, inclusive de la suspensión del orden jurídico. Ésta es una experiencia o una lección que nos está dejando la COVID-19, porque se pone en riesgo a la sociedad y es necesario.”

De acuerdo con el especialista, en las siguientes pandemias se debe repensar la condición de la suspensión de los derechos y la suspensión de los órdenes jurídicos para que los habitantes de las colectividades no puedan hacer determinadas cosas, y las autoridades sanitarias puedan realizar acciones para enfrentar los fenómenos que se están viniendo sobre la población y que pudieran tener un efecto extraordinariamente pernicioso.

En palabras del colegiado, las autoridades piensan que no pueden suspender derechos por temor a ser vistos como un gobierno autoritario. “Lo que viene es un proceso de descentralización, en prácticamente todos los países. Vimos en los primeros meses de nuestra pandemia mexicana que la jefa de gobierno, los gobernadores y presidentes municipales, estaban tratando de contender cerrando algunos centros de diversión, algunos bares, algunos restaurantes, algunas escuelas, pero era una descentralización como si cada autoridad local tuviera, que no la tiene, la posibilidad de tomar una acción con respecto a su población.”

Agregó que hubo un arco de problemas, los que ni siquiera usaron esta herramienta para enfrentar la situación; los que la reconocieron, pero no la usaron por temor a verse autoritarios; y los que la usaron de forma tan torpe que lo acabaron declarando inconstitucional. “Si podemos separar el fenómeno de suspensión del orden jurídico de su parte política y relacionarlo con el fenómeno sanitario, entonces sí queda una cuestión central para el futuro. Yo creo que es un problema político en el sentido estricto, general, grande, en los términos para los abogados, los juristas y para quienes estamos tratando de hacer algunas relaciones entre derecho y medicina, o derecho y salud en general.”

Fuente: El Colegio Nacional