Jesús Antonio del Río Portilla

La jerarquía de la movilidad es primero las personas, para continuar con las personas ciclistas, las personas usuarias de transporte público de pasajeros, las personas prestadoras de servicios de transporte y, finalmente, las personas usuarias de vehículos motorizados particulares. Esta jerarquía es la que establece el artículo 6 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que se aprobó en mayo de este año para toda la República Mexicana [1], aunque en las calles de muchas ciudades parece que esta jerarquía se invierte y las personas conduciendo sus vehículos motorizados pretenden que las calles son de su exclusividad, actitud que debemos modificar.

Regresando al tema de la ley, entre sus finalidades está el derecho a garantizar que durante la movilidad las personas mantengan su integridad física y la prevención de lesiones, la accesibilidad a todas las personas, la movilidad eficiente de personas, bienes y mercancías, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la calidad de los servicios de transporte y de la infraestructura.

En cuanto a los aspectos de eficiencia y sostenibilidad se menciona que las autoridades procurarán los menores impactos negativos en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente, tanto en el presente como en el futuro.

También deberán promover medidas para controlar y reducir los efectos negativos de la contaminación del aire y la emisión de gases de efecto invernadero.

En esta Ley también se aborda el tema de la modernización del parque vehicular, estableciendo que las autoridades competentes promoverán mecanismos y programas para la renovación del parque vehicular, con los acuerdos necesarios para la renovación, con las especificaciones técnicas necesarias para cumplir con las finalidades mencionadas.

Si bien la definición de las especificaciones para la renovación del parque vehicular destinado al servicio público recae en el ámbito estatal, las autoridades municipales deben desarrollar estrategias y proyectos para la movilidad, fomentando y priorizando el transporte público y los modos no motorizados.

Desde hace algunos años he argumentado para tomar acciones que fomenten la transición hacia el uso de vehículos eléctricos en el transporte público.

Es con esta ley que los gobiernos locales tienen el sustento para realizar estudios y que con ellos propongan mecanismos para migrar a un transporte eficiente y que no emita gases de efecto invernadero a la población al transitar por las calles.

La semana pasada se publicó un estudio en esta dirección, sobre la viabilidad técnica y económica para la sustitución de los actuales vehículos de combustión interna (gas, gasolina o diésel) por autobuses o microbuses eléctricos [2].

En ese estudio se seleccionaron dos ciudades: Cuernavaca, Morelos y Morelia, Michoacán, para ilustrar la factibilidad técnica y económica de un transporte público eléctrico. En particular, se analizaron las características de la Ruta Uno de Cuernavaca, considerando sus recorridos y los actuales tipos de vehículos. Con un estudio de mercado, se analizó, con el parámetro de valor presente neto, la renovación de las unidades por otras de similares características de combustión interna, y la alternativa de sustituirlas por vehículos eléctricos con similar capacidad de pasajeros. En este análisis se utilizaron los valores promedios de los combustibles y de la electricidad en tarifa de HM para las diferentes épocas del año.

En este sentido, el costo por kilómetro con vehículos eléctricos fue de cerca del 15 % del costo que actualmente se tiene con los precios de los combustibles fósiles. Es decir, el kilómetro recorrido con uno de los vehículos eléctricos es mucho menos caro que con gasolina o gas.

También, se consideró la inversión en vehículos nuevos, de combustión interna y eléctricos, los costos de mantenimientos y los ingresos por el cobro del pasaje y se obtuvo que el valor presente neto de la inversión en un parque eléctrico es mayor que el de combustibles fósiles. Por lo tanto, la inversión es redituable al tener un mayor valor presente.

Adicionalmente, se hizo un análisis de la superficie disponible en las estaciones donde se guardan los vehículos durante la noche para instalar sistemas fotovoltaicos, incrementando este valor presente neto con la ventaja adicional que se disminuye sustancialmente, hasta un 90 por ciento, la emisión de gases de efecto invernadero para el caso de Cuernavaca.

Así, en caso de optar por una autogeneración eléctrica, el beneficio es mayor y las emisiones de CO2 todavía disminuyen más.

Esta situación ventajosa para el parque eléctrico indica que el gobierno municipal podría promover un programa de renovación de vehículos gestionando un financiamiento comercial o estatal o federal, para que la población de Cuernavaca empiece a contar con un sistema de transporte público de calidad, eficiente y no contaminante.

Situación similar se observó en Morelia. Por lo tanto, parece ser que la propuesta podría ser adecuada para cualquier ciudad de tamaño mediano de la República Mexicana.

Esta es una oportunidad que las administraciones municipales no deben dejar pasar para promover estrategias para brindar a la población en general un sistema de transporte público de calidad.

[1] https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMSV.pdf

[2] https://10.1371/journal.pone.0272363

Fuente: delrioantonio.blogspot.com