“Debemos cerrar las aguas de alta mar a la pesca y reservarlas para las distintas especies de la vida marina del mundo”, sostuvo el economista Rashid Sumaila, ganador del Premio Tyler 2023 al Logro Ambiental

“El tema de los océanos se reduce casi siempre a un tema de pesquerías y es mucho más que eso. En El Colegio Nacional, lo hemos abordado desde una perspectiva del futuro de la alimentación y ahora lo tomamos como el sujeto principal”, con estas palabras la colegiada Julia Carabias inició la segunda sesión del seminario El futuro de los océanos en México, realizada el 18 de julio en el Aula Mayor de la dependencia.

La coordinadora del encuentro comentó que uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas está enfocado a los mares y puntualizó que, después de muchos años de negociación, ya se tiene un instrumento para proteger las aguas comunes, se trata del acuerdo sobre la Biodiversidad de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, (BBNJ, por sus siglas en inglés), presentado en junio.

La sesión comenzó con los testimonios del ecologista Daniel Pauly y el economista Rashid Sumaila, ganadores del Premio Tyler 2023 por Logros Ambientales, considerado el Premio Nobel para el Medio Ambiente, que han recibido figuras mexicanas como los colegiados Mario Molina y José Sarukhán. Pauly enfatizó en la necesidad de prohibir la pesca en alta mar para alcanzar una mayor equidad entre los países costeros con menor capacidad pesquera y los países con grandes flotas. “Se podrían identificar más fácilmente los casos de pesca ilegal y disminuirlos, también los de esclavitud, porque cada país sería responsable de la pesca en sus zonas económicas exclusivas, y así no habría ninguna zona en los océanos del mundo que no estuviera bajo la jurisdicción de alguien”.

Por su parte, Rashid Sumaila sostuvo que el mundo tiene que pensar en un océano global, lo que significa que todo está conectado. “Solemos trazar líneas sobre el agua, pero el agua no lo sabe, los animales no lo saben, así que debemos pensar de manera global. Definamos como alta mar, a la zona marítima que se encuentra hasta 200 millas náuticas desde las costas de cada país, alta mar es propiedad de todos los ciudadanos del mundo; sin embargo, encontramos que, en esas zonas, se realiza pesca no regulada y no efectiva. Nuestra idea es que debemos cerrar las aguas de alta mar a la pesca y reservarlas para las distintas especies de la vida marina del mundo”.

Entre los participantes del segundo día de actividades del seminario estuvieron Andrew Rhodes, de la Secretaría de relaciones Exteriores; los consultores independientes David Gutiérrez y Gabriela Anaya; y María José Espinosa, directora de Comunidad y Biodiversidad (COBI). Al tomar la palabra, el biólogo Andrew Rhodes expuso que, pesé al extenso litoral y las bondades de mares y costas, en México, este sector está olvidado. “Necesitamos cambiar la narrativa enfatizando que México es el mar y México es una nación oceánica”.

El especialista aseguró que sólo el 5% de los fondos marinos a nivel global están explorados y la UNESCO tienen como meta explorar un 80%. Rhodes se refirió a los instrumentos que existen en la actualidad en torno al cuidado de estos ecosistemas. El primero es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar-Gobernanza Oceánica, que trata de toda la agenda del océano a nivel planetario y rige las actividades humanas en éste; sin embargo, tiene objetivos pendientes que no fueron incluidos como el de la protección y preservación del medio marino y la conservación y gestión de los recursos en aguas fuera de jurisdicción nacional.

En este contexto, en 2015 arrancó el proceso de elaboración del Instrumento internacional jurídicamente vinculante relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, BBNJ, que se adoptó en 2023 y continua en un proceso de ratificación de los países. “El tratado cuenta con cuatro apartados: el manejo de recursos genéticos marinos; los mecanismos de gestión basados en áreas; la evaluación del impacto ambiental, porque no sólo es de protección, sino de uso sostenible; y la creación de capacidad y transferencia de tecnología marina”. Se requiere la firma de 60 países para que entre en vigor este instrumento, lo que tomará aproximadamente dos años.

El tercero es el Convenio sobre la Diversidad Biológica, Marco Mundial Kunmig-Montreal de la Diversidad Biológica, que atiende tres grandes objetivos: la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de los componentes de esta diversidad y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos. “Contiene 23 metas entre las que se encuentran restaurar, al menos, un 30% de las zonas de aguas continentales, costeras y marinas degradadas; reducir al mínimo los efectos del cambio climático y la acidificación de los océanos; y conservar un 30% de manera efectiva el planeta”.

En palabras del experto, otro de los instrumentos existentes es el Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible, del que forma parte México. Se trata de un grupo de 17 países que representan el 50% de la línea de costa a nivel global y que se unieron para generar una nueva agenda oceánica sostenible con tres pilares fundamentales, la protección efectiva, la producción sostenible y la transición a una prosperidad justa y equitativa. “Necesita de un ejercicio coordinado. México decidió que la actualización de la política nacional de mares y costas, CIMARES, es el plan oceánico sostenible. Vayamos viendo al mar como una oportunidad de desarrollo sostenible para el país”.

Por su parte, el biólogo marino David Gutiérrez, centró su ponencia en las aguas naturales protegidas de México. Recordó que las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por el mar, mismo que contiene el 97% del agua del planeta y más de 3 mil millones de personas dependen de la biodiversidad marina. “Entre 70 y 100 millones de toneladas de peces son capturados cada año, sin incluir la captura desperdiciada como fauna de acompañamiento”.

El experto en instrumentos de las áreas naturales protegidas expuso que estas regiones son porciones del territorio nacional, donde el ambiente original no han sido significativamente alterado y están sujetas a protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de sus recursos. “Las áreas protegidas no son el único instrumento de política ambiental para la conservación, también están los ordenamientos ecológicos del territorio, el problema es que necesitan ser reforzados jurídicamente para hacerlos valer. También están las Unidades de Manejo, conocidas como UMA, pero en el mar el único dueño es el gobierno federal”.

El consultor independiente comentó que “es ineludible que el Estado mexicano defina sitios estratégicos para la conservación de los ecosistemas naturales, para cumplir con su obligación constitucional de preservar la biodiversidad. El instrumento de las áreas protegidas a nivel mundial ha demostrado ser el más eficaz. México tiene más de 11 mil kilómetros de costas, pero más de 3 millones de hectáreas pertenecen a zonas económicas exclusivas”.

Agregó que una de las rutas a seguir es buscar el mejor uso de la información científica disponible. “Necesitamos reforzar las entidades, las universidades, los institutos de investigación del país, porque hay muchísimo quehacer en este tema. Necesitamos hacer un trabajo interdisciplinario en donde intervengan especialistas de biología, economía, política y sociedad. Otro punto es que no podemos precipitar procesos, pero eso no significa desistir”.

En su participación, Gabriela Anaya, coordinadora del equipo de soporte de la Iniciativa de Impacto Colectivo por la Pesca y la Acuacultura Mexicanas, sostuvo que la gestión de los mares y costas de México es un problema complejo. “Por muchos años hemos visto al mar de espaldas, es decir, no lo hemos visto, a pesar de ser una nación oceánica”. Verlo de frente significa tener una mirada territorial de los mares en el país, que involucra a la sociedad, suma a la base social, personas comprometidas con el tema, pero que en México no existe, y contempla la equidad oceánica y su relación con los derechos humanos, aseguró la bióloga marina.

Detalló que, entre los enemigos de la gestión de los mares y costas en el país, se encuentran los silos sectoriales y las brechas de visión, es decir, los altos que existen entre la visión de una administración pública federal y la que le sigue, porque es de distinto color, lo que representa un crimen. “El océano es también procesos políticos, sociales, ambientales y económicos, que se expresan diferentes en cada región. Es indispensable que pensemos en la gobernanza de los océanos con estas consideraciones, necesitamos integrarlas y hablarlas”.

Puntualizó que es importante tener una gobernanza multinivel, con mayor involucración de los sectores, con diálogo y orquestación de esfuerzos. “Requerimos el trabajo a nivel local para enfrentar este tipo de desafíos. Tenemos que salir de la cámara de resonancia que hablamos las personas que hablamos el mismo idioma, tenemos que hablar desde la narrativa y el lenguaje de la ciencia, desde la política y desde el lenguaje coloquial, el de la concia, el del arte para generar un sentido de pertenencia, identidad y valores compartidos alrededor del mar, que no tenemos en este momento”.

Al tomar la palabra, María José Espinoza, directora general de Comunidad y Biodiversidad, comentó que es importante cambiar de paradigmas, narrativas, políticas y prácticas, contemplando el tema de la igualdad social en materia de océanos. Paradigmas que hablen de producción sostenible, de distribución de beneficios y de prosperidad, lo que requiere una integración revolucionada de empresas y comunidades pesqueras.

Recordó que la organización Comunidad y Biodiversidad A.C. que dirige promueve la conservación marina y las pesquerías sostenibles, a través de la participación efectiva con un enfoque comunitario y de ciencia ciudadana. “Las comunidades pueden ser protagonistas de estas transformaciones de conservación marina, pero también están ubicadas en sitios de poca información. Para tener realmente un impacto, expandimos nuestras colaboraciones con las comunidades pesqueras de México”.

Para lograr lo anterior, como comunidad, desarrollaron la aplicación PescaData, disponible en todos los dispositivos móviles, que coloca al centro a la pesca en pequeña escala. La aplicación actualmente cuenta con 2 mil 200 usuarios, ha registrado 163 soluciones que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 e impulsa la participación de mujeres y juventudes. Hasta ahora tiene el registro de 54 comunidades pesqueras de 11 ecosistemas marinos de México.

Fuente: El Colegio Nacional