La pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 ha dejado múltiples retos en materia de salud, atención médica y justicia, desafíos que han sido el punto de partida de la primera sesión del año del Seminario permanente El derecho y la salud mental, coordinado por María Elena Medina-Mora, miembro de El Colegio Nacional, transmitida en vivo el 18 de marzo a través de las plataformas digitales de esta institución.

Bajo el título Después de la pandemia por COVID-19 ¿qué pendientes y enseñanzas tenemos?, la sesión contó con la participación de las especialistas Lourdes Motta Murguía, miembro fundador de la Red ALAS; Jennifer Hincapie Sánchez, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM; Mariana Mureddu Gilabert, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y J. Nicolás Martínez López, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente.

Lourdes Motta, cofundadora e integrante del comité ejecutivo de la Red Latinoamericana de Académicas en Género, Sexualidad y Derecho (Red ALAS), impartió la ponencia El concepto del valor en salud en los tiempos de COVID-19, en torno a la emergencia sanitaria que ha obligado a la población mexicana a reevaluar los servicios de salud tanto en el aspecto personal como en la sociedad.

Motta afirmó que “la pandemia de COVID-19 ha planteado problemas y demandas sin precedente histórico en la atención de la salud; ya que hace evidentes las fallas preexistentes en estos sistemas, generando efectos no previstos, se abre una gran oportunidad para que sean reformados y operen con una nueva perspectiva de valor”.

De acuerdo con la doctora en Administración de Servicios de Salud Pública, la pandemia generó disrupción en la prestación de servicios de rutina como la cancelación de intervenciones quirúrgicas, la interrupción del tratamiento de los pacientes, la suspensión de algunas campañas de vacunación, el retraso en la solicitud de servicios en enfermos con padecimientos agravados y el desabasto de medicamentos e insumos de rutina: “todo se concentró en emergencias en pacientes con COVID-19”.

También señaló que México estaba considerado, junto con los ocho países más ricos del mundo, como una de las regiones con la mejor preparación y sistema de respuesta ante emergencias y desastres. Ante la emergencia actual, parecía que estaba partiendo de cero: “es indispensable y urgente incentivar reformas a los sistemas de salud para fortalecerlos y resolver las fallas, así como brindar estos servicios a través de herramientas innovadoras como la telemedicina y regresar a esquemas basados y operados en las comunidades”. Asimismo sostuvo que se tiene que generar una nueva normalidad en los sistemas de salud para poder atender todo lo que se dejó de lado por la pandemia.

De acuerdo con la especialista, la salud virtual implica la implementación de telemedicina para ofrecer consultas remotas y el desarrollo de recetas y expedientes electrónicos, así como la generación de alertas para conocer si hay apego a los tratamientos. Sin embargo, entre los retos de este tipo de intervenciones se encuentra capacitar al personal de salud para romper la resistencia al uso de herramientas digitales, además de invertir insumos en este tipo de tratamientos.

Otra de las intervenciones de alto nivel es la vigilancia epidemiológica y los sistemas de información en salud, lo que significa mejorar y fortalecer estos mecanismos para la toma de decisiones en política pública. Lo anterior requiere incorporar mejores programas para registro e intercambio de datos y dotar al personal de pruebas de diagnóstico rápido.

Aseguró que se tiene que buscar que estas intervenciones logren el bienestar de la sociedad y no sólo del paciente: “el surgimiento de nuevas cepas y ‘olas’ de COVID-19 no permiten augurar que la pandemia terminará pronto. A partir de lo anterior se deben generar las reformas a los sistemas de salud nacionales para ofrecer intervenciones efectivas y con la mayor calidad”..

La toma de decisiones médicas en la crisis sanitaria por COVID-19

Por su parte, Jennifer Hincapie, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, ofreció la conferencia La toma de decisiones médicas en la crisis sanitaria por COVID-19. Comentó que, ante una crisis sanitaria, se requiere la implementación de una guía bioética para la asignación de recursos escasos, dispuesta con características poblacionales y estar fijada en el contexto de cada país: “además, se debe tomar en consideración que los profesionales de la salud son seres humanos que tienen crisis morales y requieren este tipo de apoyos para tener certeza en las decisiones que están tomando”.

La integrante del Consejo Directivo de la Red Bioética de la UNESCO explicó que una crisis sanitaria es una situación grave, repentina e inusual, originada por un factor de riesgo que genera una enfermedad infecciosa, y presenta un desbalance en la prestación de servicios de salud ante la presencia de incertidumbre científica, social y médica. Puntualizó que las acciones políticas, económicas, sanitarias y sociales frente a COVID-19 demostraron que ningún Estado o Nación estaba preparado para una situación de tal magnitud.

De acuerdo con la experta en bioética, los modelos de toma de decisiones clínicas están dominados por procesos analíticos, que siguen en gran medida el modelo de procesamiento de información y comprobación, mediante evidencia científica de la hipótesis: “la bioética es un campo de conocimiento multidisciplinario en el que convergen distintos discursos y se generan puntos de encuentro y diálogo entre las Ciencias de la Salud y la vida”.

Agregó que actualmente no se cuentan con los elementos suficientes para dotar, desde el campo de la bioética, al personal de salud con herramientas necesarias y suficientes que permitan tomar decisiones de manera certera para que no exista la incertidumbre jurídica de estar cometiendo un error, y tampoco se cuentan con los elementos suficientes para atender de manera expedita la salud de las personas que se ven afectadas: “lo que se tradujo a lo largo de la pandemia en la insuficiencia de equipo para el personal de salud y en carencia de insumos hospitalarios”, puntualizó.

Regulación pendiente de la telemedicina, la herramienta que acercó la salud durante la COVID-19

En su participación, Mariana Mureddu, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, compartió con el público la conferencia Regulación pendiente de la telemedicina, la herramienta que acercó la salud durante la COVID-19. Aseguró que México y Latinoamérica tienen dos temas pendientes importantes: el expediente clínico electrónico y la telemedicina.

“Una de las bondades de la telemedicina es que el futuro nos alcanzó y nos estamos viendo ante la necesidad de utilizar herramientas que no estaban hechas específicamente para dar consultas; sin embargo, a causa de la contingencia tuvimos que hacer uso de éstas”, aseguró la especialista.

De acuerdo con la magistrada, existe una evolución en la medicina y en los medios de comunicación. “Fue un objetivo del sexenio pasado el desarrollo de la telemedicina y del expediente electrónico. A pesar de sus intentos, actualmente no tenemos una norma”. Explicó que este tipo de prestación de servicios médicos permite llegar a más personas de manera más económica y eficiente: “ creo que es uno de estos valores en los que hay que reforzar e invertir en ellos, porque van a retribuir en un beneficio para toda la comunidad”.

Sostuvo que existe un vacío legal en la telemedicina, “no hay una normatividad clara y eso ha permitido que los médicos, a través de medios electrónicos con los que hoy contamos, puedan acercarse a sus pacientes”. Agregó que no hay ninguna norma que prevea un sistema de vigilancia de la consulta a distancia, tampoco se tiene claro si un médico puede hacer seguimiento de una enfermedad por este medio o si tienen la posibilidad de guardar los expedientes. “El otro elemento son las recetas digitales, por falta de normatividad muchas farmacias no surten el medicamento si la receta no es física”, añadió.

Finalmente, Mureddu comentó que es necesario hacer un seguimiento a las propuestas que hay en relación a la telemedicina, además de impulsar este tema y el de la receta electrónica, porque lo anterior facilitará tener en un futuro, no muy cercano, la posibilidad de llegar a más personas en materia de salud: “tenemos que darle seguridad al paciente y al médico para que se sientan legalmente apoyados”.

Justicia digital penal y pericial en salud mental, en la era de COVID-19

Al tomar la palabra, J. Nicolás Martínez, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, dictó la ponencia Justicia digital penal y pericial en salud mental, en la era de COVID-19. Haciendo hincapié que debido a la pandemia algunos países tuvieron que adaptarse para poder llevar a cabo audiencias y juicios. Sin embargo, México ya tenía un rezago en la administración de justicia y la emergencia sanitaria puso una carga más sobre el sistema.

El experto comentó que en México se estableció la justicia digital como una posible solución a las restricciones impuestas por la contingencia: “la actividad jurisdiccional limitó diversas funciones e imposibilitó actos procesales. Se llegaron a encontrar algunas dificultades en el sistema electrónico de los expedientes y se tuvo inaccesibilidad a medios digitales para iniciar juicios en línea por problemas de Internet y equipos”.

En cuanto a la evaluación pericial, el Poder Judicial del Estado de México inició los lineamientos para la valoración en materia de Psicología Forense, a través de medios electrónicos el 25 de septiembre de 2020: “recibieron capacitación los jueces y peritos y se asignaron recursos para la implementación de pruebas psicológicas, expedientes y demás recursos. Se determinó que la sesión debía ser grabada y resguardada en el expediente psicológico electrónico, y posteriormente ser evaluada, además, se debía contar con firma electrónica, dispositivo con cámara web, audífonos y micrófono”.

En palabras del investigador en Ciencias Médicas, el juez determina la viabilidad de los casos que requieran esta valoración, siempre y cuando no se cumplan los siguientes requisitos: asuntos de violencia familiar en la que las partes vivan en el mismo domicilio; cuando exista denuncia por abuso sexual a algún menor y el presunto agresor sea parte del juicio o de la red de apoyo familiar; menores que tengan entre 4 a 10 años al momento de la valoración; y cuando exista algún trastorno psiquiátrico que comprometa la seguridad de la persona después de la valoración a distancia.

Agregó que la mayoría de los psiquiatras del país se encuentran viviendo en la Ciudad de México. “La evaluación pericial, a través de los medios electrónicos puede favorecer justo a aquellos que se ubican en las distintas ciudades, que puedan generar su evaluación a distancia y desatorar ese cuello de botella que llega a ser la valoración de psiquiatría forense”, concluyó.

Fuente: El Colegio Nacional