“Es importante separar esta tecnología y su aplicación médica en dos ramas: la primera, es la modificación de individuos de manera hereditaria; y la segunda, la modificación somática, que no va a pasar a las siguientes generaciones”, sostuvo Romero Camarena

“La biotecnología lleva muchos años en nuestras vidas, no es algo completamente nuevo, mucha de la biotecnología la consumimos a través de la insulina cuya producción proviene de organismos genéticamente modificados, también se usa para producir enzimas en la industria alimenticia y para producir vacunas”, comentó Estephania Zluhan Martínez, de la Unidad General de Conocimiento y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al moderar y dar inicio a la conferencia Biotecnología y genética, transmitida en vivo por El Colegio Nacional.

Aseguró que a diario llegan mensajes sobre la edición genética relacionados con los mamuts, los ratones o la edición de los músculos de un caballo para mejorar su condición. En Estados Unidos, por ejemplo, en la Corte Suprema, “hay un caso en el que una empresa quiso patentar dos genes íntimamente relacionados con la posibilidad de tener cáncer de mama. La Corte aseguró que lo anterior no era posible, porque esas secuencias se encuentran de manera natural”.

Pero, México no se queda atrás en casos relacionados con la biotecnología, subrayó la especialista, recordó que actualmente hay dos amparos en revisión, uno materia la soya transgénica y otro del maíz transgénico. En ambos, se abordó la incertidumbre del daño que pueden causar, el principio precautorio, y también el derecho de un medio ambiente sano. “Normalmente estos temas de la biotecnología, tiene esta capacidad de plantear cuestiones desde la bioética, la privacidad genética, la propiedad intelectual, los derechos humanos, el medio ambiente y la cultura”.

La sesión formó parte del Seminario Permanente de Derecho y Ciencia, fue coordinada por José Ramón Cossío, miembro de El Colegio Nacional y Alejandra Rabasa Salinas, titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos-SCJN. En ésta participaron los expertos Graciela Castro Escarpulli, David René Romero Camarena y Ana Laura Weiger Briuolo.

Al tomar la palabra, David René Romero Camarena, del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostuvo que existe un avance vertiginoso en la genómica, que ha llevado a obtener productos de manera biotecnológica. “Se han logrado modificaciones de organismos realizadas por el humano, pero, por primera vez, la podemos hacer de una manera más dirigida, específica y segura”.

Señaló que los puntos oscuros de la biotecnología tienen que ser discutidos y analizados para llegar a las mejores soluciones. “En el área médica, se propone, primero, no hacer daño, de lo que se trata es mejorar la vida y curar condiciones particularmente duras”. Para lo anterior, la tecnología del CRISPR es una de las más interesantes de los últimos tiempos.

De acuerdo con Romero Camarena, “es importante separar esta tecnología y su aplicación médica en dos ramas: la primera, es la modificación de individuos de manera hereditaria, tecnologías que se conocen como línea germinal, en general, es la modificación genética en humanos, lo que podría tener repercusiones en generaciones futuras; la segunda, es la modificación somática, que se hace para corregir un problema que tiene un individuo, pero que no va a pasar a las siguientes generaciones”.

Por su parte, Graciela Castro Escarpulli, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, enfatizó que la educación pública debe estar consciente de estas nuevas técnicas para que “todo mundo tenga una certeza de que las técnicas de biotecnología no van a afectar su dignidad humana, hay una falta de información al respecto”.

“Una de las partes más importantes de estos seminarios es llegar a toda la gente, a los científicos, a los estudiantes y a todos los sectores, porque hay que cuidar la dignidad humana, pero sobre todo que no se altere. Se necesita que todo el mundo tenga acceso a esta tecnología, sin importar la economía, sin importar etnia, ni género, porque resulta que con las patentes no llegaron las vacunas a todos, desgraciadamente por dinero”, aseveró la experta.

En su participación, Ana Laura Weiger Briuolo, del Instituto de Biología de la UNAM, expuso que son diversos los usos y contextos en los que se puede utilizar la biotecnología moderna, por lo que es importante no generalizarlos. “No es lo mismo liberar un organismo al ambiente y generar una modificación genética en una especie para todas las siguientes generaciones, sea maíz o cualquier otro organismo. Por eso es fundamental tomar en cuenta la diversidad de contextos”.

Agregó que “hemos estado viendo los efectos de manera tardía por no haber estudiado suficientemente todos los contextos”. Es necesario poner sobre la mesa el principio precautorio, como el análisis de riesgo, fomentar la investigación, la innovación y plantear preguntas.

“El principio precautorio surge después de un caso que se llamó Lecciones tardías de alertas tempranas, enfocado en todos aquellos que fueron falsos negativos de inocuidad, pues con el tiempo fuimos descubriendo que eran realmente problemas, que no se habían tomado los suficientes datos y que se tomaron decisiones sin información. La carga de la prueba es mostrar que son seguras para quienes las van a utilizar. Una innovación del tipo de las que estamos hablando, debe mostrar que no sólo va a beneficiar económicamente a una zona, sino que no va afectar los derechos a en la población de países enteros, incluso al planeta”, concluyó Weiger Briuolo.

Por su parte, José Ramón Cossío, miembro de El Colegio Nacional, recordó que durante los 15 años que laboró en la Suprema Corte de justicia, le pareció que debían tener mayor evidencia científica al tomar decisiones. “Al llegar a la Suprema Corte, me tocaron casos que eran complicados de resolver, el primero fue sobre el VIH, en la que a miembros de las fuerzas armadas en una condición de positividad se les quitaba la seguridad social debido “inutilidad”, así lo expresaba la Ley de las fuerzas armadas. La Academia Mexicana de Ciencias nos dio la posibilidad de acceder a los doctores, quienes nos explicaron en qué consistía la enfermedad y la positividad y con eso declaramos como inconstitucional esa ley”.

Por casos como los anteriores, la Suprema Corte firmó muchos convenios entre ellos con el CINVESTAV del IPN, con el objetico de utilizar información científica, no como medio de prueba, sino a la luz de un artículo del código de procedimientos civiles que dice que: el juez se puede allegar de toda la información que le parece pertinente para comprender aquello sobre lo cual tiene que resolver, describió el abogado mexicano.

El ministro en retiro de la SCJN dijo que, para casos como el de Tulum, el doctor Sarukhán aportó imágenes satelitales para saber reconocer construcciones en una región especifica, lo que permitió tomar una decisión y recuperar áreas de la zona. “Aquí es donde está la naturaleza del problema, porque teníamos que consultar información, procesar y comprender esa información, cuando nosotros no tenemos el expertis de estas actividades”.

“Si los tribunales tienen que tomar decisiones sobre los bienes más importantes que tenemos todos nosotros en nuestra vida: la libertad, la persona, el patrimonio y la familia, entonces, los tribunales deben tener organismos adecuados para comprender aquello sobre lo que están tomando una decisión seria. Ese es el piso en el que debemos de partir. Cuando ustedes trabajan sobre temas biológicos o biotecnológicos, tienen que acudir al derecho, porque el derecho es el mecanismo más grande de formalización que existe en la sociedad. Lo que nos unifica a todos es la formalización jurídica y por eso la ciencia tiene que venir al derecho, así como el derecho tiene que ir a la ciencia”, finalizó el colegiado.

Fuente: El Colegio Nacional