Por eso mi participación en la reunión del 24 de marzo en el Club de Industriales con la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, organizada por Luis Téllez
En México persiste la idea de que el Estado de derecho es un asunto exclusivo de juristas o políticos. Sin embargo, desde la perspectiva científica, el Estado de derecho es una variable estructural que determina el comportamiento de sistemas complejos. La economía, la innovación y la educación funcionan como uno de esos sistemas: cuando las reglas no se aplican de manera consistente, la impunidad se vuelve predecible, la inversión se frena y el sistema se vuelve inestable. Esto no es una opinión, es un patrón observable que se refleja en productividad, empleo y crecimiento económico.
Por eso mi participación en la reunión del 24 de marzo en el Club de Industriales con la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, organizada por Luis Téllez, presidente del Club Industriales, Guillermo Vogel, vicepresidente del consejo de Tenaris, y Armando Contreras Castillo, director general del INEA, responde a una lógica interdisciplinaria. Los problemas más importantes requieren entender cómo interactúan las variables legales, económicas, tecnológicas y educativas en un mismo sistema.
La conversación con representantes de la industria, del comercio, de la infraestructura, del transporte y del sector financiero confirma un principio fundamental: cuando el Estado de derecho se fortalece y se vuelve predecible, se abre un enorme nicho de oportunidades para proyectos estratégicos de desarrollo empresarial. Estas oportunidades no solo generan inversión y empleo formal, sino que pueden articularse con el desarrollo académico, científico y tecnológico de México, promoviendo un ecosistema donde la industria, la educación y la investigación trabajan como aliados estratégicos de la nación.
Para que este círculo virtuoso funcione, la educación básica y media superior no puede considerarse un gasto ni un recurso de intercambio. Los jóvenes no deben ser un cambio de moneda para atraer capital extranjero, sino la base de una soberanía educativa y científica capaz de sostener la industria, la innovación y un sistema de justicia confiable a largo plazo.
Mi propuesta es clara: generar proyectos estratégicos de desarrollo que integren inversión productiva con investigación aplicada, ciencia, tecnología y educación, de manera que la reducción de la impunidad, la creación de empleo formal y la protección de la inversión se conviertan en resultados medibles. Esto requiere indicadores de eficacia en el sistema de justicia y la construcción de ecosistemas donde industria, ciencia y educación trabajen como aliados del país.
La reunión no fue un ejercicio protocolario. Fue la evidencia de que distintos actores, empresariales, académicos, científicos y del sistema de justicia, podemos construir un entorno donde la certidumbre jurídica, la innovación tecnológica y la educación de calidad formen parte de un proyecto nacional estratégico. México no está limitado por talento o recursos, está limitado por su capacidad para traducir reglas claras en oportunidades reales de inversión, desarrollo y crecimiento social.
Si logramos que la ciencia, la industria y la educación trabajen de manera coordinada con el sistema de justicia, podremos garantizar que la próxima generación no solo herede oportunidades, sino también la capacidad de hacerlas sostenibles y soberanas. Ese es el verdadero desafío y la única manera de transformar el potencial del país en resultados tangibles para todos.
Sin un sistema de justicia predecible, la inversión se detiene; con él, se activa el desarrollo, la ciencia y el futuro de México.
Fuente: heraldodemexico.com.mx
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