Jesús Antonio del Río Portilla

Estamos a unos días de las elecciones intermedias y todavía estamos sufriendo la grave crisis económica y de salud que nos ocasionó la COVID-19. Por otro lado, estamos sufriendo una crisis que no se combate con vacunas y es el cambio climático antropogénico que estamos causando por la adicción al uso desmedido de la energía y fundamentalmente al uso de los combustibles fósiles.

Me parece adecuado evaluar el desempeño de los actuales gobiernos en todos los niveles considerando estas dos temáticas. Por supuesto que se podrían analizar algunos otros tópicos, como el desempeño en el sector científico o en las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, por mencionar algunas; pero en este escrito abordaremos rápidamente el desempeño de las acciones para combatir la COVID-19 y el cambio climático.

Primeramente, quiero llamar la atención al boletín sobre COVID-19 que ha estado emitiendo el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM [1]. Esta publicación periódica contiene información pertinente que puede ser consultada fácilmente por el público en general y en especial el personal dedicado a salvaguardar la salud de la población.

En particular, en el boletín número 17 del volumen 2 publicado el 4 de mayo [2] encontramos varios artículos con información valiosa para el análisis que estamos planteando. Desde la editorial en este boletín se afirma que el no requerir el uso del cubrebocas o mascarilla, como si la pandemia no fuera un evento que requiriera la participación activa de la población en su conjunto, ocasionó un sufrimiento innecesario a la población mexicana.

El artículo que considero más importante para esta discusión es el escrito por Alejandro Cortés Meda y Guadalupe Ponciano Rodríguez, donde se dice el impacto de los determinantes sociales de la COVID-19 en nuestro país. Este documento basado en uno previo del Dr. Héctor Hernández Bringas concluye que las inequidades como pobreza y acceso a la atención médica influyen directamente en el riesgo de enfermar por la COVID-19 y morir a causa de este padecimiento.

Recordemos que en nuestro país, durante este siglo, el porcentaje de la población en pobreza ha oscilado entre el 40 y el 50 por ciento. Aunque no parezca, pero durante estos 20 años casi la mitad de la población mexicana ha vivido en condiciones de pobreza y esta situación la pone en riesgo mayúsculo ante cualquier eventualidad, como lo ha sido la COVID-19. Aunada a la situación económica, la baja escolaridad también afecta la probabilidad de muerte. En este artículo se encontró que prácticamente la mitad de las muertes se produjeron en personas con un nivel educativo máximo de primaria.

En nuestro país el número de muertes por COVID-19 supera las 200 mil personas. Sin embargo, el número de muertes no esperadas (en exceso), pero asociadas a COVID en marzo de 2021 superaba las 337 mil personas [3], de acuerdo con las cifras oficiales del propio gobierno federal. En poco más de un año han muerto más de 300 mil personas que vivían en México a causa del COVID-19, cifra que en sí misma ya es un desastre para la población.

En el mismo boletín, en el artículo de Daniela Hernández Puente y colaboradores se reporta la situación de la vacunación y se puede observar que en nuestro país se sigue una tendencia similar a la global. Esto pareciera un consuelo, pero al revisar los datos de personas completamente vacunadas en la base de datos de “Our World in Data” (ver la gráfica anexa) observamos que todavía no tenemos al 10 por ciento de la población mexicana con esquema de vacunación completa. Es decir, mientras que en Chile y Reino Unido ya se ha vacunado a más del 30 por ciento de su población, en nuestro país hay una deuda con más del 90 por ciento de ella.

Mientras observamos esta situación de la COVID-19 en nuestro país, el día lunes se anunció la compra de una refinería por parte de Pemex a la compañía Shell en Texas. Para mí esta noticia fue totalmente desesperanzadora. En el contexto nacional, y por supuesto en el internacional, las personas que estamos atentas a la verdadera crisis que nos enfrentaremos en este siglo, el cambio climático antropogénico, no dejamos de sorprendernos por la necedad de impulsar a los combustibles fósiles como una quimera para salir de la pobreza en nuestro país. La bonanza petrolera mexicana fue dilapidada por administraciones pasadas y solo sirvió para enriquecer a unos cuantos, dejando a la mayoría de la población sumida en la pobreza, como hemos comentado. Precisamente en los primeros años de este siglo fue cuando los precios del petróleo alcanzaron máximos históricos y la producción petrolera del país alcanzó también su máximo. A partir del 2010, la disminución ha sido la tendencia en la producción del petróleo en el territorio nacional. Por otro lado, los precios de las fuentes renovables de energía han ido a la baja disminuyendo en más del 80 % en una década y lo mismo sucede con el almacenamiento en baterías.

Por otro lado, la sociedad mexicana cada día reclama más la construcción de infraestructura adecuada en las ciudades para fomentar la movilidad no motorizada y recuperar los espacios viales dedicados a los automóviles para las personas.

Estos últimos aspectos indican que el futuro es la eficiencia energética, las fuentes renovables de energía y la recuperación de la tranquilidad de las personas evitando las trayectorias de máximo consumo. Esto último, ha sido evidenciado por la crisis económica causada por la COVID-19. Tenemos que aprender de las crisis.

Sirvan estas líneas para reflexionar sobre a quiénes elegiremos en las próximas elecciones. Reconozco que en el pasado la situación no era buena, pero ahora tampoco. Solo reitero que la responsabilidad está en la población en su conjunto.

Sí en cada persona que puede, asume y decide, hagámoslo con responsabilidad e información. Votemos este 6 de junio.

Fuente: delrioantonio.blogspot.com