Miguel A. Méndez-Rojas

La ciencia, la tecnología y la innovación en México atraviesan un momento complejo. En los últimos 4 años hemos sido testigos de un proceso de desmantelamiento de programas que, aunque no eran perfectos, eran perfectibles. Esfuerzos importantes que se habían llevado a cabo en las últimas décadas para incentivar la innovación, el emprendedurismo científico y tecnológico, la inversión y la participación del sector privado en el sector, fueron borrados de un plumazo, sin mediar una evaluación crítica que permitiera identificar áreas de oportunidad o mejora y más bien en medio de una lluvia de adjetivos negativos y juicios sumarios sin sustento.

Algunos cambios fueron solo de nombre, operando ahora con nuevas normas y objetivos, pero sin corregir de fondo inercias ni problemas. ¿El resultado? Una crisis y retrocesos importantes. Y, igual de grave, una sensación entre la comunidad de investigadores del país de que su opinión no importa, aun cuando sean quienes realizan el grueso del trabajo para mantener a flote (en un país como el nuestro) un ecosistema de investigación fijado con alfileres por su precaria situación que trabaja además a contracorriente respecto a las nuevas políticas públicas, lamentablemente ideologizadas.

La iniciativa de primera Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) presentada por el presidente de la República a la Cámara de Diputados el pasado 13 de Diciembre de 2022, ha sido extensamente criticada y rechazada por la comunidad académica y científica en general, a través de opiniones vertidas por destacados miembros de la misma, tanto de instituciones públicas y privadas, así como por desplegados de academias nacionales y profesionales, lo que refleja claramente que carece de esos consensos que clama poseer y que, aseguran sus artífices, recopilaron a través de foros incluyentes y representativos.

La iniciativa de Ley en cuestión limita al Conacyt, así como del Sistema de Centros Públicos de Investigación, además de afectar el propósito y funcionamiento del Sistema Nacional de Investigadores, removiendo criterios cuantitativos internacionales y reemplazándolos con evaluaciones cualitativas y poco transparentes, tanto para ingreso como para promoción. Además, discrimina de manera violatoria al Derecho Humano a la Ciencia, al sector privado, en específico a los investigadores adscritos a instituciones de educación superior privada, a quienes niega la oportunidad de recibir el mismo trato y estímulos que sus colegas en instituciones públicas reciben.

Lo mismo ocurre con el acceso a recursos para la investigación. Estos últimos 4 años han visto la mayor reducción al presupuesto público dedicado a CTI de las últimas 2 décadas, así como la introducción peligrosa de una ideología que fomenta elacercamiento a los llamados saberes ancestrales, en un mal llamado “humanismo científico”, limitando el desarrollo científico en áreas de frontera (algunas de las cuáles en las que México era tradicionalmente competitivo y líder global, como la Biotecnología).

El rechazo a esta transformación negativa del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, es solo un síntoma más de que hay una ausencia de liderazgo en la dirección de la ciencia y tecnología nacionales y un diálogo roto entre sus partes. Aun estamos a tiempo para revertir y disminuir el daño.

Fuente: milenio.com