En diciembre de 2015, el Poder Legislativo aprobó modificaciones a la Ley de Servidores Públicos a fin de que científicos de instituciones públicas o universitarias pudieran escalar sus investigaciones a niveles de empresa, pues hasta entonces las posibilidades estaban vedadas legalmente bajo la tesis de conflicto de interés.

En ese contexto, durante 2016 se emitió el decreto correspondiente para que los centros públicos de investigación y las universidades en un plazo de 180 días naturales adecuaran su normatividad interna y los científicos de vocación empresarial de ambos sistemas pudieran impulsar sus proyectos a nivel negocio.

Sin embargo, a más de un año del decreto para apoyarlo, la inmensa mayoría de centros públicos de investigación y universidades sigue sin cumplir la ley y continúa inhibiendo a los científicos con vocación empresarial.

Solo una minoría ha aplicado los cambios de Ley, e incluso en algunas bajo un esquema más restrictivo que en el marco anterior.

Hasta antes del 8 de diciembre de 2015, los más de 27 mil científicos adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) no podían explotar comercialmente el conocimiento generado en los centros de investigación y en las Instituciones de Educación Superior, mucho menos tenían posibilidad de formar las empresas de base científica que el país requiere.

Uno de los principales obstáculos era que el 70 por ciento de estos académicos trabajan en universidades y centros públicos de investigación, lo cual los hacía incurrir en un conflicto de interés, esto es, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos impedía la participación de los investigadores en empresas a las que se les pueda transferir tecnologías creadas en la misma institución. De ahí los cambios que sí la impulsaren.

Los cambios a la ley se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2015 y establecieron un plazo de 180 días para que las instituciones públicas de investigación adoptaran y adaptaran la legislación al pie de la letra y al espíritu de las reformas. Sin embargo, muy pocas instituciones cumplieron con el requisito legal que venció el 7 de junio de 2016 y, en algunas que lo llevaron a cabo se establecieron normas que son aún más restrictivas que las que existían antes de la reforma.

Por otro lado, a pesar de que el Congreso de la Unión trabajó en este cambio legislativo, ya decretado en el Diario Oficial de la Federación, no se ha internalizado por el Poder Ejecutivo, es decir, la Secretaría de Hacienda y de la Función Pública, lo que ha retrasado su impulso y puesta en marcha.

Al respecto, el doctor Enrique Galindo, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, puntualizó que la ciencia en México tiene un muy buen nivel, pero no corresponde a la economía de la nación.

“En el país, solo 23 por cierto de las patentes son de mexicanos y la mitad de centros de investigación. Por cada patente hay 30 artículos científicos y en países desarrollados la relación es de uno a cinco”.

En otros países la ciencia también hace empresas y hay una relación muy estrecha entre universidades y empresarios, enfatizó por su parte Arturo Menchaca, coordinador general del Consejo Consultivo de Ciencias (CCC), de la presidencia de loa República.

Se trata de talentos altamente calificados que se aprovechan para el bienestar del país y sus industrias, y citó como ejemplo al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) que genera 27 mil millones de pesos anuales en regalías de las empresas que surgieron de sus desarrollos tecnológicos.

En su oportunidad, el doctor Alfonso Larqué-Saavedra, del Centro de Investigación Científica de Yucatán, reiteró que el desafío es que este decreto se reavive a la brevedad posible para que concluyan los lineamientos y repercuta entre los investigadores. “Es inconcebible que la ciencia no haya podido demostrar su potencial para transformarse en bienestar social”.

El investigador se unió al llamado de sus colegas en favor de que los centros públicos de investigación concluyan los lineamientos internos para permitir a los investigadores generar y transferir patentes o formar empresas de base tecnológica. (Agencia ID)