El investigador emérito de la UNAM propuso trabajar de manera armoniosa y conjunta respetando la independencia intelectual, pero evitando confrontaciones innecesarias

Para el doctor Antonio Lazcano Araujo, profesor emérito de la UNAM y miembro de El Colegio Nacional, leer la propuesta de ley de Ciencia y Tecnología de la senadora Ana Lilia Rivera fue un sacrificio intelectual. “Alcancé a leer que se trata de un ajuste burocrático, que hay una mezcla de leyes que implica la pérdida de capacidad de varias dependencias, de secretarías de estado como Hacienda y Gobernación, o la misma Presidencia pierden poder de decisión si esa iniciativa es aceptada. Y me pregunto si las distintas dependencias del Gobierno Federal cederían esta capacidad de decisión”.

El científico mexicano especializado en biología evolutiva argumentó que la iniciativa de ley es absolutamente innecesaria y prematura, y que propició un enorme divorcio entre la comunidad científica y Conacyt. “Es peligroso para ambas partes y para el desarrollo científico y tecnológico del país. Conacyt no es nada sin la comunidad científica”.

Durante su intervención en la mesa “Marco jurídico y diseño institucional”, del Conversatorio para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el distinguido internacionalmente investigador mexicano propuso tomar medidas que garanticen trabajar de manera armoniosa y conjunta respetando la independencia intelectual, las autonomías de cada una de las partes pero evitando confrontaciones innecesarias.

“Las ventajas que tienen Conacyt son 50 años de trabajo de la comunidad que participa en comisiones, en comités, en labores de decisión, en propuestas. Y en este momento es lo que se necesita”, puntualizó el doctor Lazcano Araujo.

Quien coordinó la mesa fue el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien puntualizó que antes de modificar la ley de CTI, el primer paso es tener un diagnóstico del marco normativo actual y definir los conceptos clave y los objetivos a los que se espera llegar.

“La flexibilidad de la ley de debe ir aparejada con la libertad de investigación. Garantizar este principio requiere de un marco normativo capaz de permitir que en efecto se lleve a cabo y en ello tiene que ver con la naturaleza jurídica del Conacyt”, determinó.

En tanto, Ana Cecilia Noguez Garrido, premio nacional de ciencias, hizo hincapié en que los tiempos de gobernanza no son los mismos que los de la innovación. “Como usuaria de la ley esperaría que el marco legislativo se adapte con el fin de fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico, pues los proyectos en este sentido deben ser de largo alcance”.

Por su parte, el secretario académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Guillermo Cejudo Ramírez, planteó también la necesidad de pensar en el largo plazo, pero primero se debe construir la política de ciencia y tecnología, y a partir de ahí identificar los mejores instrumentos legales y presupuestarios.

Sobre el papel del Estado en materia de CTI dijo no puede interferir en las decisiones de las universidades y de los investigadores sobre qué debe investigarse, cuáles preguntas o cuáles métodos son válidos o no.

“Por ello no puede imaginarse un plan único que guíe el contenido de la actividad científica, son las comunidades académicas en sus colegios, sus claustros, academias y comités dictaminadores y, en última instancia, su revisión entre pares quienes van tomando las principales decisiones sobre la investigación”.

En la mesa participaron como moderadores los diputados Guillermo Aréchiga Santamaría (Morena) y Mario Alberto Rodríguez Carillo (MC). (Agencia ID/Noticyti)