El abuso sexual contra niñas y niños debe atenderse con nuevos mecanismos de reacción inmediata sobre los reportes, quejas o denuncias que se registren en los estados.

Senadores y diputados exhortaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a difundir el protocolo existente para evitar el acoso y abuso sexual en los planteles escolares, públicos y privados, a través de sus organismos de educación en cada uno de los 32 estados, así como intensificar acciones de supervisión en las escuelas para evitar actos de abuso contra los alumnos.

También solicitaron a la dependencia fortalecer e impulsar acciones de prevención, detección y atención de casos de bullying y acoso sexual que se presenten en los planteles escolares.

En un punto de acuerdo, propuesto por la senadora Yolanda de la Torre Valdez (PRI), se expuso que la descomposición social que padece nuestro país ha producido un incremento de hechos en donde las niñas, niños, adolescentes y, sobre todo mujeres, son quienes mayormente sufren abuso sexual, acoso escolar, acoso personal, acoso laboral y discriminación.

La SEP se ha preocupado y ocupado en desarrollar programas y acciones encaminadas a contribuir en la adecuada formación de los niños, y ha tomado acciones en aras de prevenir actos de acoso escolar (bullying) impulsando un protocolo para el efecto.

Es de reconocerse el interés de esa dependencia por generar nuevas acciones, en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para prevenir y erradicar la violencia, maltrato, acoso y violencia sexual en el nivel básico.

Un centro escolar, se señala en el punto de acuerdo, puede ser responsable ante casos de bullying si es negligente al reaccionar frente a este fenómeno, esto es, si incumple con los deberes que implica prestar un servicio educativo a menores de edad.

Los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que los centros docentes tienen la responsabilidad de garantizar espacios seguros para que los menores estudien libres de agresiones y vejaciones, a través de acciones que permitan diagnosticar, prevenir, intervenir y modificar positivamente la convivencia escolar.

En la propuesta se mencionan diversos hechos de abuso sexual contra niñas y niños y se indica que esos casos deben atenderse adecuando las normas existentes e implementando nuevos mecanismos de reacción inmediata respecto de los reportes, quejas o denuncias que se presenten ante la SEP y sus filiales en los 32 estados.

Al respecto, deben fortalecerse e impulsarse los mecanismos de supervisión existentes a efecto de que los planteles educativos operados por particulares, cuenten con sistema de monitoreo que impidan que los alumnos puedan ser sometidos a acoso en lugares desprovistos de atención.

De igual forma, los planteles públicos deben observar rigurosamente medidas tendientes a evitar que los docentes tengan contacto personal e individualizado con los alumnos dentro de los salones o en lugares cerrados dentro de los planteles que puedan incidir en actos de abuso sexual contra los menores.

También debe evitarse que familiares de dueños de planteles operados por particulares que no tengan a su cargo función administrativa o académica accedan y permanezcan en los planteles en los horarios en que se imparten actividades escolares.

Se deben desarrollar “alertas” en todos los planteles educativos, privados o particulares, a fin de detectar alumnos en potencial riesgo y brindarles apoyo especial mediante terapias de atención de apoyo y psicológicas para los alumnos y en su caso a los padres de familia, mediante las instituciones de apoyo social existentes.

El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.