México tiene una gran deuda social con ese sector, reconoce la STyPS.

Hay un andamiaje jurídico institucional que data de 1940.

Es urgente reforzar la ley y los derechos laborales, así como la seguridad social de las trabajadoras del hogar, con el objetivo de erradicar la violencia y la discriminación que padecen, coincidieron legisladores y especialistas en el Senado de la República.

La justicia real no puede dejar de mirar a la mujer, sobre todo en el trabajo que realizan, “y no gritamos por gritar, sólo pedimos igualdad de oportunidades ante los hombres”, señaló Rosa Elena González, consejera de la Judicatura Federal.

Durante el seminario “Mujeres en el Siglo XXI: perspectivas y desafíos”, efectuado en el Auditorio Octavio Paz de la sede del Senado, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, afirmó que del trabajo doméstico se ha dicho todo, se ha propuesto todo y no se ha resuelto nada.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género insistió en la necesidad de actualizar la legislación para establecer sus derechos laborales, como son: vacaciones, prima vacacional, acceso a seguridad social, aguinaldo y salarios dignos.

La senadora Yolanda de la Torre Valdez, integrante de esa Comisión, afirmó que este sector es el más atrasado; estamos rezagados, 11 países latinoamericanos ya ratificaron el artículo 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre sus derechos laborales.

José Ignacio Rubí Salazar, subsecretario del Trabajo y Previsión Social, reconoció que es la gran deuda social que México tiene con ese sector, como resultado de un andamiaje jurídico institucional que data de 1940.

De los 2.4 millones de mujeres que realizan trabajo doméstico en el país, unas 9 mil están afiliadas al IMSS, a través de un seguro voluntario sólo para acceder a servicios de salud, pero sin derecho a las prestaciones sociales que establece la ley para el resto de la clase trabajadora.

Alejandra Haas Paciuc, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, aseguró que una de cada tres trabajadoras del hogar percibe menos de un salario mínimo, trabajan más de 12 horas diarias y es el sector laboral que más padece violencia.

Señaló que las trabajadoras del hogar exigen que sus derechos laborales sean establecidos en la legislación, además de recomendar la creación de un sistema nacional de cuidados (guarderías) para brindar atención a sus hijos.

Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, exigió que no se les denomine “trabajadoras domésticas”, como lo establece la ley actual, sino trabajadoras del hogar, porque es un empleo digno y así evitar la discriminación que padecen.

Afirmó que más del 99 por ciento de sus representadas labora sin contrato de trabajo y por eso exigen que se establezca en la ley su derecho a la alimentación, salarios dignos y prestaciones sociales.