Reducir costo de la justicia para los ciudadanos, simplificar procedimientos judiciales y eliminar diversidad de criterios, los objetivos.

El presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero Arroyo, hizo un llamado para redoblar los esfuerzos y concretar una legislación única en materia civil y familiar, que reduzca el costo de la justicia para los ciudadanos, simplifique los procedimientos judiciales y elimine la diversidad de criterios sobre una misma institución procesal.

A lo largo de casi seis años, el Senado de la República asumió el compromiso de impulsar el acceso a una justicia pronta y expedita, así como transformar las instituciones encargadas de esta materia para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, refirió el senador en la inauguración del foro “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”.

Agregó que se impulsó una reforma constitucional para unificar la legislación procesal penal y meses después de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, por iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, se emprendió uno de los mayores ejercicios del Estado mexicano: mejorar la calidad de la justicia cotidiana en todo el país.

Cordero Arroyo refirió que, derivado de estas iniciativas, entre diciembre del 2015 y marzo de 2016 y en el marco de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, diversos especialistas concluyeron que nuestro sistema de justicia de carácter, fundamentalmente local, “es lento, incierto, discriminatorio, complicado y costoso”.

Esto fue para todos una fuerte llamada para transformar el modelo con que contamos y eliminar las barreras de acceso a la justicia, como son el tratamiento diferenciado en las distintas entidades federativas y la dificultad para ejecutar una sentencia de manera pronta y sencilla, acotó.

Destacó que el pasado 15 de septiembre se publicó la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir una legislación única en materia civil y familiar, en un término de 180 días, plazo que termina precisamente en un mes.

“Esto nos exige redoblar el esfuerzo realizado por casi dos años en la materia”, a fin de lograr su oportuna aprobación y reducir el costo de la justicia, mejorar el uso de los recursos materiales y humanos, simplificar las actuaciones y procedimientos judiciales, eliminar la diversidad de criterios judiciales sobre una misma institución procesal e incorporar los más altos estándares internacionales”.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ana Lilia Herrera Anzaldo, dijo que los trabajos de este foro deben impulsar la creación de un código incluyente, con perspectiva de género, procedimientos prontos y expeditos; con la capacidad de agilizar la ejecución de sentencias y erradicar las prácticas discriminatorias.

Estamos frente a un reto enorme que nos invita a legislar pensando en el núcleo familiar y que en todo momento debe garantizar los derechos humanos, protegiendo las diferencias y reduciendo las desigualdades, concluyó.

La senadora del PRI, Yolanda de la Torre Valdez, expresó que es fundamental armonizar las reglas procesales en todo el país, a efecto de contar con un código de procedimientos civiles y familiares que permita facilitar la resolución de los conflictos de manera igualitaria en todos los estados.

Señaló que se ha convocado a este foro para recoger las aportaciones de los juristas más destacados, con el objeto de fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones jurídicas del país en beneficio de los ciudadanos, garantizando así un efectivo acceso a la impartición de justicia en la solución de conflictos civiles.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, insistió en que actualmente México cuentas con esquemas en este rubro “que ya no responden a los retos de una sociedad que demanda acceso a la justicia en materia civil y familiar, y esto ha incidido directamente en la merma de la confianza hacia las instituciones”.

Señaló que en el proceso civil y familiar existen multiplicidad de criterios ocasionada por las diferencias contenidas en las diversas legislaciones procesales que se han establecido en las entidades federativas.

José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, aseguró que es necesario unificar la legislación procesal existente en materia civil y familiar, para resarcir la diversidad de procedimientos y multiplicidad de criterios de interpretación que actualmente existe.

“Debe elaborarse una reforma que permita incorporar el principio de la justicia cotidiana, a través de procesos más ejecutivos, expeditos, simplificados y con fórmulas que favorezcan un mejor cumplimiento de las sentencias”, manifestó.

En tanto, Alfonso Pérez Cuellar Martínez, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, dijo que se debe generar un producto legislativo que establezca procesos más rápidos, con verdadero acceso a la justicia, capaces de generar paz social y resarcir los mecanismos de “tensión” que tiene la gente.

La legislación debe ser elaborada bajo el marco de la defensa, protección y expansión de los derechos humanos, así como construir esquemas de inclusión e igualdad de los grupos más vulnerables del país.

Alfonso Guati Rojo, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, asentó que con este foro inicia la construcción de un marco jurídico, con altos estándares de calidad, que se dejara a los operadores del sistema de justicia, a las familias mexicanas y las nuevas generaciones.

Luego de la inauguración, se dio paso a dos mesas de análisis en las que se revisaron los retos para acceder a una justicia plena y respetuosa de los derechos humanos y las nuevas dinámicas procesales del derecho familiar y civil.

Al foro asistió el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero.