El marco constitucional en materia laboral es envidiable, no es necesario recurrir a normas de organismos internacionales.

El Estado debe emprender una reforma estructural en las políticas públicas, a fin de frenar la discriminación laboral en instituciones de gobierno e, incluso, en las empresas privadas, propusieron el Instituto Belisario Domínguez (IBD), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y especialistas en la materia.

En la presentación del libro “La discriminación en el empleo en México”, expertas denunciaron que la exclusión en el trabajo se da por género, preferencia sexual, origen étnico, edad, y otros factores, por lo que el Estado tiene un enorme reto por enfrentar.

Estefanía Vela, autora del libro, aseguró México cuenta con una importante legislación en la materia: “La Constitución no es el problema, el marco constitucional es envidiable, no es necesario recurrir a normas de organismos internacionales”.

Se requiere una restructuración de los programas de gobierno, así como de las políticas de las empresas, pues aun cuando no se elaboraron con el objetivo de privilegiar a un solo sector de la población, en los hechos excluyen por motivos de género, edad, discapacidad, origen étnico y raza.

Un ejemplo simple, comentó, es que el IMSS sólo da derecho de guardería a un padre de familia, si es viudo o divorciado, se da por hecho que si es casado, su esposa puede cuidar a los hijos o tiene acceso a una de estas estancias, no se prevé que puede estar impedida a trabajar o estar dentro de la economía informal. Así se excluye de garantías a toda una familia.

La presidenta del Conapred, Alexandra Haas Puic, destacó que cifras oficiales evidencian la discriminación en las políticas públicas y de empresas o instituciones privadas.

La Encuesta Intercensal del INGEI señala que en 2015 ningún menor indígena se graduó en nivel secundaria; en materia salarial, los discapacitados reciben sueldos 128 por ciento menor los establecidos.

Marcela Eternod Arámburu, secretaria ejecutiva de Inmujeres; Marta Lamas Encabo, académica de la UNAM, y Ximena Andión Ibañez, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, se sumaron a la propuesta de emprender reformas organizacionales que hagan efectiva la erradicación de la discriminación laboral.

Señalaron las modificaciones que deben realizarse en los procesos de contratación, promoción y despido, además de que se requiere la evaluación para la asignación de jefaturas, coordinaciones y direcciones.

Las políticas públicas y privadas también habrían de incluir la conciliación de las necesidades laborales y familiares, así como la cultura organizacional de los espacios físicos y otros factores a favor de los trabajadores.