También demandan la atención de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado.

Se utilizan los métodos más crueles, lo que evidencia odio de género.

Víctimas de feminicidios acusaron, en el Senado, a las autoridades de proteger más los derechos humanos de los homicidas que de las familias que perdieron a una madre, hija o hermana, esposa, por crímenes de odio, que se han extendido en calles de las ciudades del país.

Durante el foro Violencia Contra La Mujer, que presidió la secretaria de la Mesa Directiva senadora Lorena Cuéllar Cisneros, los familiares solicitaron ser atendidos por la Comisión para la Igualdad de Género, a fin de que actúe para revertir el aumento de feminicidios; incremento advertido por estudios internacionales, como La Violencia Feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, realizado en coordinación con la Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el estudio, se destaca la preocupación de que los homicidios por género se realizan con mayor frecuencia en las calles y alcanzó 49 por ciento, en 2012; descendió a 35 por ciento, en 2014, y aumenta a 41 por ciento, en 2016.

Otro aspecto que destaca es la crueldad con que se agrede a las mujeres, factor para determinar feminicidio. “Es más frecuente el uso de medios más brutales para asesinar a las mujeres: en los últimos cinco años los objetos cortantes se usaron 1.3 veces más en los homicidios de mujeres que de hombres. Se recurre tres veces más al ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión, el uso de sustancias y el fuego son el doble que en el caso de los hombres”, señala el documento.

En el foro, Wendy Verónica Vázquez Ramírez; Sacrisanta Mosso Rendón, María de Lourdes Corona Santiago y Arturo Ibarra Serrano, entre otros familiares de mujeres asesinadas, entregaron a la senadora Cuéllar Cisneros una carta en la cual solicitan a la Comisión para la Igualdad de Género atiendan sus demandas, para que se hagan respetar sus derechos humanos.

Aseguran que los asesinos o imputados, “tienen más derechos que las víctimas. Nuestras leyes los protegen para que nadie atente contra ellos y sus derechos humanos”, por lo que no pueden decir sus nombres ni acusarlos públicamente, mientras no se demuestre su culpabilidad, aun cuando existen pruebas de esta, o bien de que las investigaciones han sido alteradas”.

Exigieron se declare al feminicidio como una emergencia nacional; la activación de la “Alerta de Género” en todo el país; capacitación de policías, jueces y peritos en materia de género; garantizar al 100 por ciento los derechos de las familias de las víctimas; cumplir con los protocolos y evitar la pérdida de pruebas y contaminación de las mismas.