Denuncian epidemia de desaparición de mujeres adolescentes.

Participaron colectivos, representantes de organizaciones civiles, quienes buscan formar parte del Consejo.

Las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y de Justicia llevaron a cabo las comparecencias públicas de las y los aspirantes a ocupar las 13 vacantes del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, informó que los 28 participantes registrados cumplieron con los requisitos de la convocatoria correspondiente, de los cuales sólo acudieron 25 aspirantes.

Recordó que el Consejo estará integrado por cinco familiares de personas desaparecidas; cuatro especialistas de reconocido prestigio en la defensa y protección de los derechos humanos y con especialidad en materia forense, y cuatro más representantes de la sociedad civil que sean especialistas en la materia, quienes ocuparán el cargo por tres años sin posibilidad de reelección ni ocupar otro cargo público.

En su exposición, Francisco Olvera Acevedo señaló que no hay mayor eficacia que la búsqueda que hagan los familiares de las víctimas, con el apoyo de las nuevas tecnologías y en lo personal seguirá luchando para atenuar la tragedia que vive el país con la desaparición de personas.

Denise González Núñez propuso la investigación rigurosa sobre las fosas clandestinas a través de un método científico, que sirva para hacer recomendaciones a las autoridades y de esa manera observar la magnitud del problema.

Mirna Nereida Medina Quiñonez ofreció aportar su experiencia empírica en la búsqueda de personas en el estado de Sinaloa, a raíz de la desaparición de su hijo en el año 2014, que ha logrado ayudar a localizar los cuerpos de 121 personas y más de cien de ellos se han entregado a sus familiares.

Mercedes Doretti, expuso que como integrante del Grupo Argentino de Antropología Forense ha participado en la investigación de la desaparición de personas en casi 20 países, y consideró que en el caso de México debe resolver el problema de la fragmentación de la información sobre desaparecidos.

Delia Icela Quiroa Flores Valdez dijo que a partir de su experiencia, ofrecería ser el enlace entre las familias de desaparecidos y las autoridades involucradas. Resolver este problema de influencia nacional, donde uno de los mayores retos es que los ministerios públicos federales y locales hagan su trabajo de localizar e identificar a las víctimas.

Santiago Corcuera Cabezut expuso que a partir de su experiencia en la ONU y en organizaciones de Derechos Humanos propone que el Consejo Ciudadano emita recomendaciones a las autoridades involucradas para encontrar a las personas y rendir buenas cuentas a la sociedad.

Juan Martín Pérez García, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, aseguró que del 20 al 25 por ciento de los casos de desaparición que suceden en el país se trata de niños, niñas y adolescentes. Informó que existe una epidemia de mujeres adolescentes desparecidas que no ha sido reconocida y por lo tanto no se están tomando acciones en la materia.

Informó que la desaparición de mujeres adolescentes creció 200 por ciento, es decir, que quienes tienen más probabilidades de ser víctimas se encuentran entre los 15 y 17 años, principalmente mujeres de escasos recursos, por lo que propuso crear un protocolo de búsqueda para niños, niñas y adolescentes.

Teresa Columba Ulloa Ziáurriz, quien preside una organización que atiende víctimas de trata de personas, detalló que han rescatado a mil 478 víctimas, 80 por ciento con vida; y los casos que maneja son de mexicanos rescatados en otros países y extranjeros en México.

Edna Dolores Rosas Huerta, del colectivo Solecito, informó que la organización está compuesta por más de 150 familias, han recuperado 287 cuerpos de 149 fosas comunes, a las que han accedido en la búsqueda de sus propios familiares desaparecidos.

Norma Patricia Quintero Serrano, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, propuso realizar un trabajo en conjunto con las autoridades y ampliar la participación de los familiares de los desaparecidos, en la proyección de leyes que atiendan éste fenómeno.

Los candidatos que representan a familiares de desaparecidos, propuestos por organizaciones sociales, plantearon utilizar mecanismos que ellos mismo han empleado para esta tarea.

Las senadoras María del Carmen Izaguirre Francos, Verónica Martínez Espinoza, Yolanda de la Torre Valdez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, del PRI, y PAN, y el senador Héctor David Flores Ávalos, cuestionaron a los participantes sobre diversos temas relacionados a la desaparición de personas, los mecanismos de búsqueda y posibles soluciones a este problema.

También expusieron sus propuestas, Edith Pérez Rodríguez, del Colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, de San Luis Potosí, Guillermo Mario Gutiérrez Riestra y María Guadalupe Aguilar Jáuregui, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.

Así como, los ciudadanos y ciudadanas Graciela Pérez Rodríguez, Mónica Meltis Véjar, Geovanni Barrios Moreno, Alejandro Arteaga Saucedo, Francisco Javier Rivas Rodríguez, Margarita Quevedo Orozco, Volga Pilar de Pina Ravest, Jorge Verástegui González, Verónica Jazmín Berber Calle, Consuelo Morales Elizondo, Humberto Francisco Guerrero, Grace Mahogaly Fernández Morán.