Los edificios se sacudieron y estremecieron durante el terremoto de mayor magnitud que ha azotado a la capital mexicana, pero varios se mantuvieron en pie. Hasta que, exactamente 32 años después, se colapsaron en otro sismo y dejaron 228 muertos.

Hasta ese momento se había establecido un mito sobre esos edificios que habían aguantado la devastación de 1985, cuando varias zonas de la ciudad terminaron derrumbadas: el que hubieran sobrevivido significaba que serían resilientes cuando llegara el siguiente gran terremoto.

Y ese mito, junto con los edificios, también se derrumbó el pasado 19 de septiembre. La mayoría de los edificios capitalinos que colapsaron después de que un sismo de magnitud 7,1 impactara Ciudad de México habían sido construidos antes de 1985. Y la destrucción no discriminó: eran edificios de diferentes vecindarios con diversos niveles de ingresos, que dejaron atrapados en escombros a contadores de una empresa y a textileras de una fábrica, al igual que a niños de una escuela privada y residentes tanto de un multifamiliar en el sur de la ciudad como de un edificio en una de las calles más exclusivas de la capital.

Los expertos que han advertido desde hace tiempo que la ciudad necesita reforzar todas las estructuras para que sean resistentes de futuros sismos esperan que la tragedia convenza a las autoridades a ponerse a trabajar en ese aspecto, y a costear tales esfuerzos.

“No queremos solo papeles”, dijo Arturo Tena Colunga, ingeniero estructural de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Azcapotzalco que estudia cómo hacer a los edificios más resistentes contra ondas sísmicas. “Es un momento de oportunidad, un punto de inflexión para la sociedad mexicana”.

Tena Colunga dijo que su frustración con la situación solo aumentó al caminar cerca de los sitios derrumbados en los días después del terremoto. “La sociedad siempre piensa en cómo ahorrar dinero”, dijo. Pero para “los edificios en una zona sísmica, lo barato cuesta caro”.

La situación de las construcciones y la resistencia sísmica sí ha mejorado desde 1985; el sismo de ese año cobró la vida de por lo menos 10.000 personas, según estimados. La ciudad ha reforzado los reglamentos de construcción y unas reglas nuevas fueron avaladas por la oficina del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera apenas el 18 de septiembre, el día antes del nuevo terremoto.

Sin embargo, los dueños de edificios antiguos no tienen la obligación de modernizar sus edificios para que cumplan con nuevas reglas. Y, dado que cada sismo es único, las estructuras van a responder distinto a cada uno.

“Una de las lecciones que debemos aprender es nunca decir que un edificio en particular está a salvo”, dijo Sergio Alcocer, ingeniero estructural de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Necesitamos cubrir todas las bases de terremotos que podrían venir de todo tipo de lugares”.

La mayoría de los sismos que afectan a Ciudad de México tienen epicentros en la costa del Pacífico, incluido el terremoto de magnitud 8,1 del 19 de septiembre de 1985. Partes de la ciudad yacen sobre un lecho de lo que era un lago, una particularidad geológica que amplifica la propagación de las ondas sísmicas pese a que provengan de epicentros relativamente lejanos.

El daño en 1985 fue principalmente en las zonas céntricas de la capital, lo que desató la creencia de que otras partes de la ciudad librarían los efectos de sismos futuros.

El terremoto de mediados de septiembre fue atípico; el epicentro estuvo apenas 100 kilómetros al sur de la ciudad. Colonias que no habían resentido el sismo de hace 32 años sintieron este movimiento telúrico con fuerza; la mayoría de los edificios que colapsaron estaban hechos de cemento quebradizo, según H. Kit Miyamoto, comisionado de seguridad sísmica de California que visitó México después del 19 de septiembre.

En esta ocasión el daño fue más limitado, en parte porque el terremoto fue más débil que el de 1985 y con una mayor profundidad, de acuerdo con Miyamoto. Sin embargo, un sismo que golpee más cerca o con un una menor profundidad podría causar una devastación hasta 100 veces mayor.

“Esta es una advertencia no solo para Ciudad de México, sino para Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Tokio, todas partes”, dijo Miyamoto, un ingeniero estructural. En todas esas ciudades hay estructuras antiguas de concreto quebradizo que son vulnerables a un sismo de gran magnitud.

Los Ángeles ya comenzó a exigir que haya arreglos obligatorios de edificios vulnerables, como las estructuras de concreto y las que están en piso blando, así como las que tienen primeros pisos con mucho espacio abierto para estacionamientos o tiendas.

“Los Ángeles lo está haciendo en este mismo momento”, dijo Miyamoto, quien estimó que unos 13.000 edificios habitacionales en piso blando deberán cumplir con el nuevo código de arreglos. “Es definitivamente viable hacerlo y no es tan costoso como cree la gente”.

“Las empresas necesitan entender que el fortalecimiento para la resistencia sísmica es un buen negocio”, añadió.

Después del terremoto de 1985, las autoridades de Ciudad de México sí reforzaron escuelas, edificios públicos y algunas de las oficinas privadas más grandes. La mayoría de esas estructuras parecen haber quedado relativamente intactas, de acuerdo con Alcocer.

Sin embargo, la decisión fue en buena medida voluntaria para los dueños de otros edificios privados, a menos de que cambiaran el uso de suelo; de habitacional a oficinas, por ejemplo.

“Este terremoto nos hace reconocer que faltan muchos edificios por actualizar”, dijo Edgar Tapia Hernández, ingeniero estructural de la UAM-Azcapotzcalco.

Es probable que muchas de las estructuras que se derrumbaron en esta ocasión nunca habían sido arregladas, dijo Tena Colunga, entre ellas el edificio construido en 1983 que colapsó en la escuela Enrique Rébsamen, donde murieron diecinueve menores y siete adultos.

Es un colapso que ha abrumado a la ciudad, con las imágenes de un edificio escolar vuelto sándwich con algunos tablones de madera usados para apuntalar. A finales de septiembre, los funcionarios encontraron que la dueña de la escuela había construido pisos adicionales con documentos apócrifos y cometido otras violaciones.

Claudia Sheinbaum, la jefa delegacional de Tlalpan, donde se ubica la escuela, denunció a la directora del colegio por el derrumbe. En la denuncia se le pide al procurador de Ciudad de México que indague por qué se permitió esta construcción de un tercer y cuarto piso, y la directora ha sido citada a comparecer. Resultó que otra agencia gubernamental ya investigaba al Rébsamen por un aparente permiso de uso de suelo falsificado.

La dueña no ha salido en público durante más de una semana y su representante legal no respondió a llamadas de The New York Times.

Incluso en casos donde no hay sospecha de delitos, la cantidad de puntos donde hay derrumbes y daños estructurales graves sugiere que hay mucho trabajo por hacer. Mancera Espinosa dijo que, además de los 38 edificios colapsados, entre 800 y 1000 tienen daños estructurales severos y podrían ser demolidos; esa cifra todavía podría aumentar.

Los ingenieros que han revisado algunas de las estructuras ya encontraron fallas similares, como los pisos blandos de la planta baja. Los edificios ubicados en las esquinas también han sido muy vulnerables.

Tales hallazgos, junto con el conocimiento de expertos sobre las zonas sísmicas en la ciudad, posibilitan la identificación de las estructuras que están en mayor riesgo.

Tena Colunga dijo que le gustaría ver revisiones obligatorias de edificios en los que haya más de 100 ocupantes. Además, dijo, los materiales de construcción se degradan con el paso del tiempo, como un sujetapapeles que es doblado repetidamente hasta que se rompe.

“Por cada peso que se gaste en las actualizaciones, se ahorran siete pesos a la larga”, dijo.

Sin embargo, la asamblea legislativa local no necesariamente votaría a favor de tales cambios y el gasto visto a corto plazo podría desincentivar a varios.

Alcocer dijo que para ello “se requiere una normatividad” y el que las revisiones sean costeables para los residentes de menores recursos. Para convencer a los dueños de los inmuebles a que paguen, “hay que ser muy razonables en cuanto al tiempo y los incentivos económicos”.

“En cuestión política, no sé qué tanto podría progresar este programa”, dijo Alcocer.

Fuente: The New York Times