Busca desaparecer la participación de todos los actores no gubernamentales que hoy son parte del Consejo General de Conacyt

El modo como se seleccionaran proyectos “una censura y una limitación sustantiva a la libertad de investigación”.

Como un auténtico “retroceso en materia de ciencia, tecnología e Innovación (CTI)”, además de un riesgo a la libertad de investigación, calificaron las más altas instancias científicas, tecnológicas, académicas y del sector productivo del país a la propuesta de iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnología presentada por la senadora de Morena Ana Lilia Rivera.

La iniciativa en cuestión plantea mecanismos que excluyen al sector de CTI en el diseño de la política pública, centraliza y concentra la toma de decisiones del Conacyt al desaparecer su Consejo General (de composición plural y colegiada), y sustituir su función por la Junta de Gobierno (conformado únicamente por miembros del gabinete presidencial), asumiendo así el Conacyt la función de “juez y parte”.

El pronunciamiento fue hecho por la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (al que se la iniciativa pretende desaparecer) y que integran las academias de Ingeniería, Mexicana de Ciencias, de la Lengua, la Nacional de Medicina, UNAM, IPN y Cinvestav. Asimismo, la Asociación de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico (ADIAT), Canacintra, Concamin, Coparmex, Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, Consejo Nacional Agropecuario, Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Sistema de Centros Públicos de Investigación Conacyt, además de tres investigadores nacionales.

Su posicionamiento lamenta de inicio que la iniciativa pretenda desaparecer la participación de todos los demás actores no gubernamentales que hoy son parte del Consejo General de Conacyt y exhorta al Senado de la República a iniciar un diálogo constructivo e incluyente para acordar una ley que contribuya al desarrollo y bienestar de México.

La propuesta contempla la posibilidad de que Conacyt prohíba, limite o cancele programas, proyectos y actividades de investigación, y que suspenda el régimen de patentes, para aquellas líneas que sean consideradas unilateralmente como riesgosas por la Dirección General de Conacyt. A su vez, la definición de proyectos estratégicos está sujeta a la determinación de la propia DG de Conacyt, sin retroalimentación de la comunidad científica y tecnológica responsable de llevarlos a cabo.

Entre los puntos cuestionables, la Mesa Directiva del Foro consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) define que una iniciativa de Ley como la citada propicia que el Conacyt “operaría así al margen del sistema que pretende gobernar. No es claro que sea procedente que la Dirección General del Conacyt pueda presidir un Consejo formado por Secretarías de Estado, actuando como juez y parte”.

De igual modo, plantea como indispensable que una reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología sea discutida ampliamente por la comunidad de CTI a través de las instancias de participación existentes y una de ellas es el FCCyT.

La iniciativa de ley cuestionada se presentó en el Senado el pasado viernes para reemplazar la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, expedida en 2002 y que ha sido modificada en varias ocasiones, la última de ellas en 2015. También reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Para la Mesa Directiva del CCTyT su contenido significa “un retroceso en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)” y enlista puntos de riesgo o vulnerables, entre ellos al plantear que se requiere un cambio de raíz y de una renovación jurídico institucional muy amplia, cuando la ley vigente tiene un sentido mucho más completo que el que se plantea y que, aunque es perfectible, responde a la necesidad de crear mecanismos que aseguren una participación incluyente del sector de CTI en el diseño de la política pública.

Otro aspecto de retroceso es el hecho de que centraliza y concentra la toma de decisiones del sector en el Conacyt, desde la composición de su Junta de Gobierno (JG), hasta la autoridad que le otorga a la Dirección General (DG). “Desaparece el Consejo General de CTI, y en su lugar queda la Junta de Gobierno del Consejo (Presidencia de la República y Secretarías de Estado) y se elimina la participación de todos los demás actores no gubernamentales que hoy son parte del Consejo General (FCCyT, Academia Mexicana de Ciencias, la ANUIES, la Rednacecyt, consejeros representantes de los investigadores y del sector productivo, entre otros).

“La JG operaría así al margen del sistema que pretende gobernar. No es claro que sea procedente que la DG del Conacyt pueda presidir un Consejo formado por Secretarías de Estado, actuando como juez y parte”, define.

Otro riesgo es que en la propuesta se puede decretar la desaparición de los Centros Públicos de Investigación a juicio unilateral de la JG de Conacyt. “Aunque la ley mantiene formalmente la autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa de los Centros, en la práctica queda eliminada y hay una injerencia en su funcionamiento interno desde la DG de Conacyt, incluyendo los procesos para nombrar y remover a los titulares de cada CPI, así como a sus respectivos representantes legales”.

Asimismo, la propuesta implica desaparecer organismos existentes para la definición de política y consultas en materia de generación de conocimiento, entre ellos el FCCyT, Consejo Consultivo de Ciencias, la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República, “y deja al Conacyt como el único interlocutor del sector CTI del país con el Gobierno Federal. Desaparecen también la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación la cual establece la relación con los organismos estatales y la relación orgánica con la REDNACECyT (consejos de ciencia y tecnología de las 32 entidades).

En contraparte, define que los mecanismos de consulta con la comunidad académica, hoy normados en buena medida por la interacción en el Consejo General y el FCCyT, son sustituidos por foros de consulta ad hoc, nombrados por el Conacyt con atribuciones, funciones y financiamiento definido por el mismo, “en un claro conflicto de interés y desempeño como juez y parte”.

La cuestionada iniciativa también desaparece los comités intersecretariales, preside los comités de los fondos gubernamentales de CyTI, designa a los evaluadores de los proyectos y propuestas sin tomar en cuenta a las Secretarías de Estado y a los Gobiernos Estatales (cuando antes se nombraban de común acuerdo).

A su vez, propone que la Ley de Bioseguridad y de Organismos Genéticamente Modificados sea absorbida dentro de la propuesta y las funciones de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad, , excluyendo la participación de las Secretarías de Salud, SADER y SEMARNAT.
Cuestiona que la iniciativa fue presentada al Congreso de la Unión sin una discusión con la comunidad de CTI en el país, ya sea a través de los CPIs, de las Universidades e Instituciones de Educacíon Superior, o de las numerosas agrupaciones académicas reconocidas en la Ley y en diversos órganos colegiados del sistema, particularmente el FCCyT y las Academias de Ciencias, Ingeniería y Medicina, entre otras.