Ana Lorena Delgadillo, Gretchen Kuhner, Alejandra Macías y Ana Mercedes Saiz

Defender los derechos de las personas migrantes y refugiadas en México es una tarea que en años recientes se ha enfrentado con enormes resistencias de parte de las autoridades. Tal vez se podría decir: “¿por qué hablar de migrantes?, primero que defiendan los derechos de las mexicanas y los mexicanos”. Pero un gobierno que no respeta los derechos de las minorías más vulnerables de una sociedad termina por ser incapaz de hacer valer los derechos de todas y de todos. La indolencia y la incapacidad del Estado mexicano para defender a quien más lo necesita termina afectando tarde o temprano a toda la ciudadanía.

Como lideresas de organizaciones de la sociedad civil, estamos convencidas de que nuestro país puede y debe exigirse mucho más en la defensa de la población migrante, refugiada y solicitante de asilo. México puede hacer las cosas mucho mejor, con los estándares que le corresponden a un país de su tamaño e importancia en el mundo. Por eso, en abril y mayo, diversas organizaciones de la sociedad civil promovimos nueve amparos ante el Poder Judicial. Buscamos que el gobierno federal cumpliera su obligación y brindara a la población migrante, refugiada y sujeta de protección internacional acceso a la salud, a una estancia regular y a una vivienda digna, así como que se suspendieran las detenciones y se liberaran a las personas detenidas en las estaciones migratorias. A pesar de que el Poder Judicial emitió suspensiones a favor de las personas afectadas, las autoridades responsables no acataron las órdenes judiciales firmes. De hecho, constatamos con tristeza e indignación que las habían evadido.

La batalla jurídica continúa. El 3 de agosto, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa emitió una nueva resolución que ordena al comisionado del Instituto Nacional de Migración y al director general de Control y Verificación Migratoria llevar a cabo 11 importantes medidas de protección de manera efectiva, entre las que destacan poner de inmediato en libertad a las personas migrantes recluidas en las estaciones migratorias que son parte de algún grupo vulnerable; entregar un documento de residencia temporal a las personas liberadas e informar sobre el número de personas detenidas y liberadas de cada una de las estaciones migratorias en el país de forma continua.

Además, hay dos medidas ordenadas por los jueces que son de enorme relevancia. Una es que todas las personas en situación de migración o solicitantes de protección internacional deben tener asegurado el acceso a servicios de salud, y estar incluidas en las respuestas de prevención y mitigación de la pandemia, lo cual debe incluir pruebas y tratamientos en igualdad de condiciones con nacionales y migrantes residentes del país. La otra gran noticia es que se ordena establecer una estrategia para que las personas migrantes y solicitantes de protección internacional accedan a programas sociales para garantizar su sustento, así como su protección y mitigación de los efectos de la pandemia. Así, se reconoce lo evidente: las personas migrantes tienen los mismos derechos que todas las mexicanas y los mexicanos.

La resolución del incidente otorga a los funcionarios 24 horas para acatar la resolución, o podrían ser denunciados ante el Ministerio Público Federal por el incumplimiento de una resolución judicial, lo que podría implicar la imposición de multas, la destitución del cargo como servidores públicos o hasta privación de la libertad, de acuerdo con la Ley de Amparo. También ordena a la Secretaría de Gobernación informar en el mismo plazo las acciones que realiza para cumplir con la estrategia.

La experiencia de muchos años nos dice que nunca es prudente cantar victoria anticipada cuando una resolución judicial ordena a una autoridad cumplir con sus obligaciones. Seguiremos muy atentas para verificar que este mandato se convierta en realidad, porque al defender los derechos de las personas migrantes, defendemos los derechos de todas y de todos. Y es justo y necesario reconocer la labor fundamental del Poder Judicial en este caso, porque al cerrar las puertas a la simulación, siempre se abren espacios para la esperanza.