Con Javier Milei como presidente, la ciencia argentina ha vivido degradación institucional, desfinanciamiento acelerado y paralización de proyectos estratégicos; su política de recortes ha pasado de entorpecer el trabajo científico a poner en riesgo su continuidad
El cientificidio en Argentina erosiona el futuro del país. “En los últimos 40 años de democracia nunca la ciencia y la tecnología argentina estuvieron en un pozo tan profundo como el actual”, señala Diego Hurtado, doctor en física y especialista en historia de la ciencia y tecnología en Argentina.
El gobierno de Javier Milei ha logrado la “degradación de las instituciones, la paralización y desmantelamiento de proyectos estratégicos —de vacunas, de medicamentos, de reactores nucleares y proyectos de satélites— y un desfinanciamiento profundo y acelerado”, puntualiza Hurtado, quien entre 2019 y 2023 fue secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina (ahora degradada a Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina).
Un informe del Grupo EPC reporta que el presupuesto para ciencia y tecnología retrocedió un 44% en dos años en términos reales. Desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, la inversión en ciencia y tecnología ha disminuido a su punto más bajo en la historia del rubro:
- 0.164% del PBI en 2025, nuevo mínimo histórico.
- 0.177% del PIB en 2002, mínimo histórico previo.
- 0.302% del PIB en 2023, último año de Alberto Fernández.
- 0.354% del PIB en 2014, máximo histórico.
- 0.194% del PIB en 1976, inicio de dictadura militar.
Sí, el país sudamericano atraviesa por una de los peores crisis económica y social de los últimos 30 años (inflación alta, pobreza elevada, fuerte ajuste fiscal), pero la reducción en presupuestos es selectiva. El Presupuesto de la Administración Pública Nacional cayó un 6.8% en 2025, mientras que el de Ciencia y Tecnología se desplomó 19.7%.
Diego Hurtado, también investigador de la Universidad Nacional de San Martín, indica que en otros momentos se dejó de financiar la ciencia y la tecnología: el periodo de Mauricio Macri, entre 2016 y 2019, fue uno; en la década de los 90, otro. Sin embargo, advierte, ninguno se compara con el actual.
- Desde 2015, el presupuesto para el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) ha caído un 35.3% de su capacidad presupuestaria en términos reales; en 24 meses perdió un 33%.
- El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sufrió una reducción del 20% durante 2024 y siguió a la baja ese año.
- La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), tercer organismo por volumen, acumuló un deterioro de 43.6% en los últimos dos años.
A la par, los salarios caen mes a mes. En solo dos años, los sueldos y las becas de Conicet han disminuido un 38%, las remuneraciones de docentes e investigadores en universidades nacionales cayeron un 31.5% (por debajo del nivel de 2002) y los del Sistema Nacional de Empleo Público se redujeron un 29.3%.
Hurtado, quien también fungió como vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y, en 2015, presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear del país, explica que el 80% de los casi 3,000 investigadores y tecnólogos de la CNEA percibe hoy salarios por debajo de la línea de pobreza.
El vaciamiento institucional no solo degrada el trabajo, también lo dificulta. En los últimos dos años, el presupuesto para insumos operativos se redujo 51.2%, mientras que la inversión en equipamiento cayó 64.7%. El dato más alarmante es el desplome del 81.7% en transferencias de capital, lo que anula la posibilidad de adquirir tecnología de punta para hacer investigación de vanguardia.
A través de decretos, el gobierno también disuelve el trabajo científico: eliminó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos y el Instituto Nacional de Medicina Tropical. Además, debilitó instituciones estratégicas, mutando al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en una unidad organizativa de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, y convirtió al INTA en un organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, con un presidente designado por el Poder Ejecutivo.
En los dos años que lleva la gestión presidencial de Milei, la comunidad científica ha organizado manifestaciones por todo el país y movilizaciones masivas junto a otros sectores sociales afectados por las políticas del gobierno, protestas que tienden a ser reprimidas de forma violenta por las fuerzas del Estado.
Parálisis de proyectos
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Agencia I+D+i), antes pilar del financiamiento científico, está hoy paralizada y no tiene comunicación con el sector. Así lo afirma Gabriel Morón, investigador del Conicet en el Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI) y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, cuyo comentario coincide con los demás testimonios recogidos para este reportaje.
El también vicedirector del CIBICI detalla que, antes de que asumiera Javier Milei como presidente, había convocatorias anuales para otorgar los fondos de la agencia. El laboratorio de Biología de las Células Dendríticas, donde Morón trabaja, consiguió uno en 2022, pero el gobierno nunca liberó los recursos.
Un efecto puntual de esta situación es que el laboratorio requiere ratones genéticamente modificados para sus experimentos que deben ser traídos del extranjero. Debido a los altos costos de importación, solían reproducir a los ejemplares para mantener las cepas; después, la falta de fondos cortó a cero ese proceso. Si bien reducen costos de mantenimiento, de igual forma pierden una herramienta experimental clave para el instituto.
Los proyectos, tanto individuales como para consorcios, sufrieron primero demoras en la entrega de fondos y, después, fueron suspendidos. “Hoy, el gobierno argentino, a través de la agencia, no financia la ciencia”, apunta Morón.
En el laboratorio de biología celular no pueden acceder a materiales indispensables, no hay para mantenimiento ni para reparación de equipos. “Estamos trabajando con lo que ya teníamos en las heladeras, en nuestros estantes de reactivos”, dice el investigador. Cuando urge algún insumo, los investigadores llegan a pagarlo de su propio bolsillo.
El agujero que deja el cientificidio en Argentina es profundo. La última convocatoria de fondos de la Agencia I+D+i fue en 2022. Cada año se financiaba un tercio de los proyectos, pero ahora, a los aprobados de 2022 se suman los de la convocatoria 2023. “El grupo de gente que tiene que pedir y que no tiene nada no es una parte: son todos los científicos de Argentina”, precisa el doctor en ciencias químicas.
A finales de 2025, la Agencia I+D+i comunicó que anularía lo adjudicado a proyectos en 2022 y cerró la convocatoria de 2023. Ante estas decisiones, las autoridades de los Centros Científicos Tecnológicos de Conicet expresaron su profunda preocupación. La anulación de los proyectos ya evaluados “afecta la credibilidad en las instituciones de financiamiento y genera un daño irreparable en la planificación de la investigación”. Además, advierten que “la exclusión o desfinanciamiento de la investigación en ciencias básicas en las [nuevas] convocatorias es [propio de] una visión limitada y empobrecedora”.
El CIBICI es una de los centros de investigación con doble dependencia: es del Conicet y está en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y sus investigadores son docentes de la institución. Esta condición les ayuda a salir a flote en medio de la crisis. La Universidad de Córdoba aprobó fondos de emergencia para mantener equipamientos y recursos básicos, como la conservación de su banco de células congelado con nitrógeno líquido, un elemento costoso que solía financiarse con subsidios individuales de los investigadores o fondos especiales de la agencia que no existen más.
Pero el financiamiento universitario también tiene problemas. En dos años, se redujo un 30.6% en relación con el PIB, pasó del 0.72% en 2023 al 0.50% en 2025, retrocediendo casi 20 años hasta el valor mínimo de 2005. A esto se suma que el 26 de diciembre de 2025 se convirtió en ley el proyecto de presupuesto de 2026, cuyo artículo 30 deroga una disposición que establecía que el presupuesto del Estado destinado a la educación no debía ser inferior al 6% del PIB.
El Instituto de Investigación Médica Mercedes y Martín Ferreyra, referente en investigación biomédica y neurociencia ubicado en el campus universitario de Córdoba, a unos pasos del CIBICI, ejemplifica esta vulnerabilidad. “Llegó un momento en que casi les cortan la luz porque no había fondos para pagar”, relata Morón. Para mantener la cadena de frío crítica en sus laboratorios, los investigadores recaudaron fondos y montaron obras de teatro en beneficio al instituto para instalar paneles solares.
Por su parte, científicos de la Universidad Nacional de Río Cuarto han vendido yerba mate para sostener el funcionamiento del laboratorio de rayos X del Departamento de Física.
“El problema es que no hay solo recortes; no hay políticas, no hay orientación, no hay metas”, precisa Diego Hurtado. El gobierno además busca sostener el dólar en una banda. “Ese precio necesita de lo que llamamos rueda financiera, para eso el gobierno está permanentemente endeudado con el FMI [Fondo Monetario Internacional] y con el Tesoro de los Estados Unidos. El resto de las políticas de salud, sanitaria, energética, alimentos, educación, ciencia y tecnología padecen los recortes para que el gasto público no genere desequilibrios vinculados al sostenimiento del precio de un dólar artificial que genera especulación financiera”.
Las políticas del gobierno argentino, asegura, son dictadas por reportes del FMI que exigen un plan de privatización de empresas públicas para sostener el equilibrio fiscal y monetario.
El sector privado no está exento de dificultades. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 cerraron 19,164 empresas, un promedio de casi 30 por día.
Planes científicos bajo fuego
Por todas partes hay planes científicos paralizados; es el caso del pequeño reactor modular CAREM-25. Diego Hurtado detalla que por más de 15 años, Argentina había buscado competir en esta área. Para 2023, el país tenía un prototipo con el 64% de avance y apuntaba a completarlo hacia 2029.
Esta tecnología, al no emitir CO2, pretende ser limpia, constante y segura. Es considerada una pieza clave para la transición energética: su mercado está en conformación, tiene un alto potencial como negocio futuro y también como plataforma de autonomía tecnológica e industrial, anotó Hurtado en un artículo en Anfibia.
“La Agencia de Energía Nuclear de la OCDE en 2024 evaluó 56 proyectos de pequeños reactores modulares alrededor del mundo y el prototipo argentino estaba entre los cuatro primeros”, dice el exfuncionario. Hoy existen más de 120 iniciativas globales en marcha, y retomar su lugar en la lista exigiría recomponer equipos y capacidades de varios años. La carrera luce perdida.
Algo similar ocurre en el sector satelital. Argentina colocó en órbita dos satélites geoestacionarios nacionales, ARSAT-1 y ARSAT-2, en 2014 y 2015, respectivamente. El ARSAT-3 debía lanzarse en 2018, pero el gobierno de Mauricio Macri detuvo el proyecto y buscó asociarse con la empresa estadounidense Hughes para acordar el negocio de banda ancha, algo que la oposición en su país no permitió.
La tecnología de ARSAT-3 fue actualizada y el programa se reorientó a un nuevo satélite llamado ARSAT-SG1, al cual se le dio una nueva fecha para su puesta en órbita: 2026. El país incluso proyectaba exportaciones de satélites, con acuerdos preliminares con Turquía, pero desde 2023 volvió a estar paralizado.
El campo de la radioastronomía también enfrenta trabas. En 2025 el gobierno decidió no renovar el convenio para la instalación del Radiotelescopio Argentino-Chino (CART, por sus siglas en inglés) en El Leoncito, provincia de San Juan.
El proyecto CART es gestionado por la Universidad Nacional de San Juan en cooperación con la Academia China de Ciencias (CAS) e incluye una antena de 40 metros de diámetro, el radiotelescopio más grande de Sudamérica. Este se sumaría a una red mundial de radiotelescopios que utiliza interferometría de línea de base muy larga; en una primera etapa, el radiotelescopio tendría fines astrométricos y geodésicos y, más adelante, objetivos astrofísicos.
La astrónoma, docente universitaria y científica de datos Carolina del Valle Garay ha trabajado en el software que monitorea las condiciones meteorológicas en la ubicación de la antena y en la programación del back-end digital del radiotelescopio. En noviembre, publicó una carta abierta dirigida al presidente argentino para pedirle que no frenara el proyecto.
Con sus más de 300 noches despejadas y clima seco, San Juan es un sitio ideal para la instalación del radiotelescopio. China había decidido invertir fondos y desarrollar colaboraciones científicas, por ejemplo, para estudiar la formación de nuevas estrellas y la detección de formaldehído en nubes estelares chocadas por supernovas.
No renovar el convenio se alinea con la política exterior de Estados Unidos respecto a China. En entrevista para Fox News, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, indicó que Javier Milei se comprometió a sacar a China de la Argentina.
Del Valle destaca que perder el proyecto significa perder la innovación y formación de recursos humanos que representa desarrollar un sistema de posicionamiento y uno de procesamiento de datos que este requiere. “Le escribo para defender un sueño colectivo, uno que nació mucho antes de mí y que no pertenece a ningún gobierno, sino al pueblo argentino”, escribió la científica. “El radiotelescopio CART no es un símbolo político: es la demostración de que la Argentina puede construir conocimiento de frontera, puede cooperar con el mundo sin perder soberanía, puede inspirar a los niños de los pueblos más pequeños a estudiar y a creer que también ellos pueden llegar lejos”.
La incertidumbre de la carrera científica
Las becas de la agencia se ubican por debajo de la línea de pobreza. Al exigirles dedicación exclusiva, el sistema pone a la comunidad científica en un dilema complicado: buscar ingresos adicionales, lo que infringe las normas de la beca, o abandonar la carrera científica.
Quienes persisten enfrentan un bloqueo administrativo sin precedentes en Conicet: primero demoraron en comunicar los ingresos, ahora en hacer efectivos los cargos. “La última convocatoria en la que ingresó gente fue en 2022. Hay investigadores seleccionados, pero pasó un año y medio o dos sin ser designados y no cobran, por lo tanto tienen que hacer otra cosa”, explica Morón.
Bajo la administración de Milei, paró el ingreso de nuevo personal a la carrera de investigación. Una de las afectadas es María Inés Sesma, doctora en Estudios Sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba. Ella investiga el hábitat asociado a la comunicación en ámbitos rurales. Pese a haber ganado el concurso, su carrera permanece en un limbo legal. ”Desde que Conicet empezó nunca se había cortado el concurso por ingreso de carrera, como hace dos años. Desde Macri —recuerda— empezaron a bajar la cantidad de ingresos, pero nunca había sido un recorte tan brutal como ahora”.
Poco más de 200 investigadores en todo el país se encuentran en condiciones similares: tras una extensión de beca de apenas tres meses, el apoyo estatal se extinguió. Aunque María Inés Sesma concursó hace dos años, los resultados no fueron publicados sino hasta el pasado mes de octubre. Si bien logró ser seleccionada, su designación está congelada.
La parálisis es acumulativa. Existe una cohorte previa a la de Sesma que aún aguarda la efectivización de sus cargos; solo después de ellos llegaría su turno. La incertidumbre ha comenzado a desmantelar la nómina de seleccionados, algunos investigadores han buscado empleo en otros sectores y hoy dudan sobre la conveniencia de regresar al Conicet. Las razones son diversas: sueldos congelados, falta de dinero y oportunidades más atractivas fuera del país.
“Trabajar sin saber cuál es mínimamente tu proyección en el futuro es un desgaste importante”, precisa Sesma.
Este clima de incertidumbre lo conoce Lucía Pedraza, doctora en Física por la Universidad de Buenos Aires. Con su beca postdoctoral de la Agencia I+D+i, Pedraza colaboró con las facultades de Agronomía y Ciencias Exactas en el desarrollo de un algoritmo para optimizar la rotación de cultivos. A pesar de la estabilidad nominal de esa beca, habitual en contextos globales, una inflación del 120% en Argentina redujo su poder adquisitivo en un 57% al finalizar el periodo.
Con la parálisis de los ingresos a la carrera de investigador, Pedraza ha optado por no presentarse al concurso. Su caso es sintomático de una oleada de «fuga de cerebros»: jóvenes científicas que evalúan la posibilidad de emigrar sin la certeza de poder retornar a un sistema sólido en su país. Otras personas en su misma situación han partido hacia Chile o Brasil.
Un informe del Grupo EPC revela que se ha reducido por un tercio la cantidad de jóvenes que aspiran a ser investigadores. El sector, precisa, ha perdido 5,143 empleos en los primeros 22 meses del Gobierno de Milei. Conicet representa más de un tercio de las pérdidas, con 1,912 puestos menos, que es más del 10% de su fuerza laboral. En relación a espacios de trabajo, uno de los mayores ajustes se dio en la Agencia I+D+i, que perdió el 40.9% de empleos.
Cuando Pedraza entró a la facultad en 2011, aún se percibían los ecos del desmantelamiento científico de la década de 1990. En aquel entonces, el Estado implementó costosos programas para repatriar a científicos que habían consolidado líneas de investigación en el exterior. Hoy, cuenta la doctora en física, los mismos profesores que vivieron esa crisis advierten que el escenario actual es más sombrío. “Si 10 años después yo todavía veía las marcas de los 90, pienso, ¿cuánto tiempo me va a llevar ver algo parecido a la facultad a la que yo entré? Es una rueda que tarda mucho en volver a girar».
“Siempre fue complejo hacer ciencia en Argentina, pero nunca con este nivel de incertidumbre”, agrega. Flota en el aire la pregunta constante de si el organismo que financia investigaciones existirá mañana.
Desarticular el futuro
Hurtado advierte que el problema del sector de ciencia y tecnología no es solo financiero, sino que los funcionarios actuales desconocen las áreas a su cargo, evitan rendir cuentas e incumplen con su deber institucional al no asistir a mesas de trabajo en el Congreso.
En lugar de explicaciones técnicas, indica, la comunicación está en la esfera digital. El año pasado, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología presentó el plan estratégico nacional a través de una serie de publicaciones en redes sociales, lo que Hurtado describe como una mera «enunciación de intenciones en un tweet».
“No es solo un problema financiero, es un problema ideológico, un proyecto de país donde la ciencia no es necesaria, no es protagonista y es hasta adversaria”, señala Lucía Pedraza.
Para legitimar sus recortes en ciencia y tecnología, señalan las personas entrevistadas, el presidente ha recurrido a la descalificación pública del sector. En septiembre de 2023, Milei declaró que Conicet cambiaría de nombre para limpiar «lo que han ensuciado los tipos que escriben estupideces».
Esta retórica ha sido objeto de estudios académicos. Un análisis de 109 horas de declaraciones públicas del mandatario entre diciembre de 2023 y julio de 2025 concluye que “Milei se dirige selectivamente a intelectuales e instituciones financiadas con fondos públicos, enmarcándolos como corruptos, inútiles o adoctrinadores, mientras que simultáneamente elogia a los productores de conocimiento orientados al mercado”.
El estudio señala que no se trata de un rechazo anticientífico absoluto, sino de una guerra por la ciencia, “un intento de apropiación de la ciencia bajo la lógica neoliberal”, lógica que se tuerce en asuntos como el cambio climático, donde su “fundamentalismo de mercado prevalece sobre el consenso científico”.
Por ahora, el daño a largo plazo resulta incalculable. Morón advierte pérdidas concretas, como el abandono de investigaciones locales sobre problemas nacionales como la enfermedad de Chagas. Esta patología, de alta prevalencia en su país, provoca daños crónicos en el corazón y el sistema digestivo, lo que no solo deteriora la calidad de vida de los pacientes, reduce la capacidad de trabajo y sobrecarga al sistema de salud pública.
Hurtado recuerda que, durante el segundo año del gobierno de Jair Bolsonaro, escuchó con incredulidad cómo sus colegas brasileños denunciaban un recorte presupuestario del 40%. “Algo que a mí me parecía surrealista es lo que hoy estamos atravesando en la Argentina”. Para el autor de La ciencia argentina: un proyecto inconcluso, 1930-2000, la fragilidad del esquema financiero actual lleva a la comunidad científica no solo a prepararse para un posible colapso, sino a diseñar, desde ahora, las estrategias para revertir el daño.
Fuente: es.wired.com
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