El crecimiento del gasto mundial promedio en investigación del 2014 a 2018 aumentó 19.2% y el PIB global un 14.8%, pero en México pasamos de un 0.44% al 0.31% de inversión del PIB

De acuerdo con el informe de la UNESCO sobre la ciencia 2021: La carrera contra reloj para un desarrollo más inteligente, las prioridades de desarrollo se han armonizado en los últimos cinco años y los países priorizan su transición hacia sociedades digitales y ecológicas; sin embargo, la disparidad entre naciones se hace evidente, pues ocho de cada diez países siguen dedicando menos del 1% del PIB a la investigación; estos mismos son en gran medida los receptores de conocimientos científicos y tecnología extranjera, lo cual dificulta una transición más equitativa.

Con una tendencia de años atrás, pero especialmente reforzada por la pandemia, de acuerdo con los autores, la ciencia se ha convertido en sinónimo de modernidad y competitividad económica, e incluso de prestigio; además, para los países más afectados por el cambio climático, la ciencia ofrece la esperanza de una mayor resiliencia frente a las tormentas destructivas, los incendios, las sequías y otras catástrofes.

Para poder llevar a cabo esta doble transición, los creadores del informe concluyen que los gobiernos no sólo tendrán que gastar más en investigación y desarrollo, sino que habrán de invertir estos fondos de manera estratégica. Esto implicará adoptar una visión a largo plazo y armonizar sus políticas económicas, digitales, medioambientales, industriales y agrícolas, entre otras, para garantizar que se refuerzan mutuamente. Además, las reformas, las políticas y los recursos habrán de ser coherentes y apuntar en una dirección idéntica para alcanzar el mismo objetivo estratégico de desarrollo sostenible.

Para que esta doble transición tenga éxito, los gobiernos tendrán que reforzar su compromiso con la investigación y el desarrollo; sin embargo, el reto para países en desarrollo como México no parece nada sencillo, si revisamos aspectos básicos, el país ocupa los últimos lugares en términos inversión pública para ciencia, y bajando, ya que pasó de 0.44% en 2014 a 0.31% en 2018 del Producto Interno Bruto. El informe además se refiere al país como un ejemplo de políticas en retroceso, como es el caso de las tendencias en materia política que exigen una reorientación hacia el bienestar e incrementar la autonomía regional gracias a la especialización de inteligencia y políticas orientadas a la realización de misiones con fondos sectoriales, fuente fundamental de financiación pública para la investigación en sectores estratégicos, incluida la salud. En este sentido, se menciona que en 2020, el gobierno mexicano decidió eliminar sus fondos sectoriales como parte de una reducción de los recursos destinados a promover la innovación empresarial.

El informe hace hincapié en que las empresas no siempre apoyan los objetivos nacionales, ya sea por falta de motivación o de capacidad. Por ello “numerosas compañías siguen importando tecnologías de fuera, en lugar de desarrollar las suyas propias. A menudo son reacias a colaborar con las instituciones públicas de investigación”. Aun así los investigadores señalan que los gobiernos de todo el mundo conciben nuevas medidas para fomentar la transferencia de tecnología, en particular mediante la creación de laboratorios que permitan a las empresas “probar antes de invertir” en las tecnologías digitales. Esta transición requiere asimismo que en todos los países se adopte un enfoque integrado de la planificación a largo plazo y una sólida inversión en infraestructuras.

Durante la pandemia, los países han recurrido a la ciencia

Los diversos apartados del informe revisan el papel y los retos de la ciencia durante la pandemia, en el balance sigue latente el riesgo de exacerbar las desigualdades sociales y, en el caso de los países que llevan a cabo ambiciosos proyectos de infraestructura, agudizar la vulnerabilidad de la deuda, “la pandemia de Covid-19 ha intensificado estos dos factores de riesgo”, apuntan.

Aun así hay aprendizajes valiosos que demuestran la valía de considerar a la ciencia como parte de las políticas públicas de las naciones, por ejemplo, numerosos gobiernos crearon rápidamente comités científicos ad hoc para gestionar la crisis. Esto les permitió comprobar, de primera mano, las ventajas de contar con expertos locales para vigilar y controlar la progresión del virus. Además, la gestión de una crisis es, por definición, reactiva. Las estructuras permanentes pueden proporcionar a los gobiernos servicios de asesoramiento científico sobre una amplia gama de cuestiones a lo largo del tiempo con el fin de informar sobre la planificación estratégica nacional.

La pandemia ha demostrado el valor de las tecnologías digitales en una situación de emergencia. Brasil, por ejemplo, pudo utilizar 140 centros de telemedicina y asistencia electrónica durante la pandemia para realizar consultas virtuales y controlar a distancia la salud de los pacientes. Otra lección fue gracias a la existencia de la primera universidad virtual del Golfo, la Universidad electrónica Saudí, con ello Arabia Saudita pudo poner en marcha 22 canales educativos a las ocho horas del primer confinamiento. Por otro lado, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas del Líbano publicó una convocatoria urgente para la gestión de la Covid-19 ya en marzo de 2020, esta iniciativa desembocó en la aceptación de 29 proyectos de investigación relacionados con la pandemia.

En Estados Unidos, por su parte, se produjo una movilización sin precedentes en la industria de la biociencia. A mediados de 2020, se calcula que existían más de 400 programas de investigación farmacológica destinados a erradicar la enfermedad. Estas medidas se basaban en la Operación Warp Speed de la Casa Blanca, una asociación público-privada que destinó alrededor de 9,000 millones de dólares al desarrollo y la fabricación de vacunas candidatas, en particular mediante acuerdos de compra anticipada.

Fuente: eleconomista.com.mx