Desde hace varios años México aparece en la lista de los mayores productores de drogas químicas del mundo. Pero poco se conoce sobre el daño ambiental y de salud que el negocio causa en el país.

Las autoridades dicen que no existe una evaluación sobre el impacto por la operación de los «narcolaboratorios», como se les conoce.

Es una parte del problema.

La otra es que tampoco hay un programa oficial que sea específico para atender las consecuencias de esas fábricas clandestinas de drogas sintéticas.

«Particularmente para eso no», le dice a BBC Mundo Arturo Rodríguez Abitia, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

«Para nosotros, está fuera de nuestras capacidades visitar los laboratorios clandestinos «.

Seguridad primero

Así, en la mayoría de los casos, la limpieza de las zonas donde operan los laboratorios clandestinos está a cargo del Ejército y la Marina.

Sin embargo no siempre es posible realizar el proceso en las mejores condiciones, reconoce el funcionario.

La mayor parte de los narcolaboratorios se encuentran en selvas o zonas montañosas de difícil acceso.

Con frecuencia los militares destruyen las instalaciones después de enfrentamientos armados, o con el riesgo de sufrir un ataque de narcotraficantes.

«La seguridad de las fuerzas armadas que se encargan del combate a estas actividades es muy precaria», señala Rodríguez Abitia.

En esas condiciones es necesario evaluar el daño que las sustancias químicas puedan causar al entorno, o proteger la vida de los militares.

Estadísticas

No está claro cuál de las dos decisiones prevalece. En todo caso, señala el subprocurador, por el sitio donde suelen encontrarse las instalaciones el impacto al medio ambiente suele ser “muy localizado”.

Hasta ahora, sin embargo, no se ha revisado el daño ambiental en esas zonas. Y al mismo tiempo el número de narcolaboratorios está en aumento.

En su informe de 2015 la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), establece que «el número de laboratorios de metanfetaminas descubiertos en México ha aumentado considerablemente desde 2008».

Además, «las autoridades estadounidenses han declarado que la mayor parte de la metanfetamina que circula en los Estados Unidos se fabrica en México».

Entre 2006 y 2015 se localizaron 1.323 de estos sitios clandestinos, según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) y la Policía Federal.

Los datos fueron la respuesta a una petición ciudadana a las áreas de transparencia de información de las dependencias, y se publicó en medios locales.

En todo caso las cifras oficiales muestran una tendencia al alza. En 2014, según JIFE, las autoridades mexicanas destruyeron 131 narcolaboratorios.

Hasta septiembre de 2016, sólo en Michoacán, Jalisco, Guerrero, Estado de México y Sinaloa, se desmantelaron 134 según conteo de medios locales.

De acuerdo con la agencia antidrogas de Estados Unidos (EE.UU.), la DEA, son dos las organizaciones que controlan la producción de metanfetaminas, cristal y otras drogas químicas: los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Los daños

¿Cuál es el fondo del problema?

La DEA compara el impacto de un laboratorio clandestino con el que causa una» pequeña bomba radiactiva». Los daños generalmente no son inmediatos -depende del grado de exposición de la víctima- pero a largo plazo el contacto prolongado causa severos padecimientos de salud.

Por eso, en Estados Unidos, los sitios donde operan los narcolaboratorios son aislados por completo, y en casos extremos, los edificios o casas donde se localizan se destruyen hasta los cimientos.

La «remediación», el término utilizado para considerar totalmente limpio y seguro un sitio contaminado, es un largo proceso, le dice a BBC Mundo Alberto Islas, director de la consultora Risk-Evaluation.

«Hacer esas limpias no es algo trivial, se puede tardar 15 o 20 años para dejar una zona como estaba antes, dependiendo el tiempo que hayan trabajado allí», explica.

Estos procedimientos no suelen ocurrir en México. Cuando se localizan en zonas urbanas, los precursores para elaborar drogas se trasladan a empresas especializadas en destruir sustancias tóxicas.

Pero el sitio donde se confiscaron las sustancias se resguarda durante algunos meses, y después suele quedar abandonado mientras concluyen los juicios contra los responsables de fabricar las drogas… si es que fueron detenidos.

Operaciones en la montaña

Si los militares encuentran laboratorios en zonas aisladas el procedimiento es distinto.

Generalmente para ellos resulta peligroso mover las sustancias químicas, que pueden ser compuestos orgánicos, aromáticos, solventes o ácido clorhídrico, por ejemplo.

El contacto con ese material, por sí solo, es peligroso para los seres humanos.

Pero cuando se mezclan, como sucede en la producción de drogas sintéticas, el riesgo aumenta, dice Islas.

«Dependiendo de lo que estén utilizando se vuelve muy inestable y puede explotar», explica.

En estos casos el procedimiento es el que recomienda la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, explica el subprocurador Rodríguez Abitia.

«Se buscan soluciones in situ y por ser de esta manera el control técnico de la destrucción no es tan estricto como ocurre con una empresa autorizada», reconoce.

Así, la primera alternativa es incinerar los elementos confiscados, siempre y cuando no representen un riesgo mayor al hacerlo.

Otra posibilidad es neutralizarlas con otros elementos, de tal manera que se reduzca al máximo su toxicidad e impedir, además, ser utilizadas de nuevo por los narcotraficantes.

Y la última alternativa es confinarlas en una fosa que se excava en el lugar. Las sustancias se guardan en contenedores especiales, cuando se cuenta con ellos.

Los procedimientos dependen de la seguridad en el entorno donde militares destruyen los laboratorios.

Los soldados, por cierto, son asesorados por la Profepa para protegerse y realizar la tarea lo mejor posible.

Pero en muchos casos el resultado es el mismo: los precursores químicos se quedan en las montañas y selvas.

Riesgos bajos

Hay que dimensionar el impacto ambiental de los narcolaboratorios, subraya el subprocurador Arturo Rodríguez.

Las zonas donde generalmente se establecen están lejos de áreas habitadas, como las regiones montañosas de Guerrero, Durango, Sinaloa o Michoacán.

Cuando se ubican en zonas pobladas el material se destruye de forma segura.

En México hay mayores fuentes de contaminación ambiental como las minas, añade el funcionario. «Causan un daño mil veces mayor que los laboratorios clandestinos».

Sin embargo, el problema es que no existen mediciones sobre el impacto de los narcolaboratorios, recuerda Alberto Islas.

En poblaciones como Tlajomulco, Jalisco, Culiacán, Sinaloa, o Tijuana se han localizado instalaciones dedicadas a la producción industrial de drogas sintéticas.

No son improvisados. «Tienen máquinas para elaborar las píldoras, no lo hacen a mano como en las montañas», dice el especialista.

Los sobrantes se envían directamente al drenaje, sin tratamiento alguno para evitar riesgos.

No son pocos. JIFE y la DEA calculan que por cada kilogramo de drogas sintéticas se producen cinco más de desechos tóxicos.

Y en México se han desmantelado laboratorios con capacidad de producir mensualmente miles de kilos de cristal, metanfetaminas, ice y otras drogas.

Fuente: BBC