Los fabricantes deberán cumplir desde objetivos parciales en las etapas intermedias, hasta fechas definitivas de puesta a disposición masiva del producto

El gobierno del presidente Donald Trump ha establecido condicionamientos a los pagos de las vacunas COVID-19. Entre estos se encuentran etapas de aprobación en los diferentes estadios de avance, y pautas de producción. Esto pone presión sobre las farmacéuticas, incluida Moderna, la compañía que corre tras la aprobación de la vacuna mRNA-1237, para que cumplan objetivos ambiciosos. La empresa ha triplicado su valor desde que se anunciara públicamente su involucramiento en la producción de una posible vacuna. La entidad nunca ha tenido aún una vacuna aprobada a lo largo de su vida corporativa.

Los acuerdos firmados con los laboratorios han establecido una escala flexible de pagos. Así, el firmado con la compañía de biotecnología de Cambridge, Massachusetts, de 1,5 mil millones de dólares, se pagará en su totalidad si su vacuna recibe la aprobación regulatoria antes del último día del mes de enero del próximo año. Percibirá 300 mil millones menos si no alcanza ese objetivo de tiempo.

Moderna, además, recibirá USD 600 millones cuando pueda demostrar que cuenta con la capacidad necesaria para encarar una producción a escala mundial para su vacuna. Se podrá hacer de este fondo aún antes de que las instancias de aprobación se hayan cumplido.

El acuerdo con Moderna no es una excepción. Otros pagos del gobierno norteamericano a otras empresas competidoras también corrieron el mismo camino. Sus primeros pagos están condicionados al inicio de los ensayos clínicos para fines de septiembre, así como el límite para presentar su capacidad productiva tiene como fecha tope fin de año. Aunque en similares condiciones, cada contrato tiene sutiles variantes en términos e importes para cada laboratorio.

La flexibilidad contractual aporta una variable de riesgo para los laboratorios, al mismo tiempo que les impone presión al cumplimento de los plazos. Ambos ítems reportan preocupación para algunos especialistas en torno a la seguridad de la salud pública, en función a que por el hecho de acelerar procesos se pueda poner en riesgo la fiabilidad de los testeos adecuados de las vacunas.

Laboratorios en problemas

Estados Unidos tiene acuerdos de asignación con Johnson & Johnson, Pfizer Inc, BioNTech SE, Sanofi SA y GlaxoSmithKline Plc. También ha demandado 300 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca Plc a cambio de ayudar a financiar sus esfuerzos de investigación y desarrollo. Los laboratorios han evitado emitir opiniones respecto de los acuerdos variables firmados con el gobierno de Estados Unidos, aunque Pfizer ha declarado que su contrato con el gobierno para el desarrollo de la vacuna conjunta con BioNTech solo se hará efectivo si ésta recibe la aprobación regulatoria.

Existe preocupación entre los analistas económicos y del mercado de la salud, en virtud de que muchas de las empresas que se han volcado a la carrera por la producción de un antídoto adecuado para el COVID-19 tendrán serias dificultades para recuperar las millonarias inversiones aplicadas, considerando que el precio promedio estimado de cada vacuna por persona se situará, estimativamente, entre los 20 y los 42 dólares.

Los tiempos que se expresan oficialmente resultan sorprendentes en el marco comparativo con otros procesos similares. Titulares del programa de desarrollo de vacunas Operation Warp Speed del gobierno de los Estados Unidos ha declarado que esperan que sean capaces de entregar una vacuna para fin de este año. En tanto el presidente Donald Trump ha sido más optimista, expresando que cree posible tener disponible una alternativa antes de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.

Los plazos razonables para que una vacuna obtenga la aprobación regulatoria debe comprender la confirmación de su capacidad para reducir los incidentes de infección en un 50 por ciento en comparación con las personas que no están inoculadas y demuestran un alto nivel de seguridad.

Los científicos son más cautelosos que los políticos en este sentido. Para ellos los diferentes ensayos en curso han de convocar a decenas de miles de personas, atender los plazos necesarios para que se expongan al coronavirus y aguardar las evaluaciones. En este marco, el éxito podría darse pronto, o postergarse para mediados del próximo año.

Fuente: infobae.com