Si está interesado en el futuro de las criptomonedas, en concreto en Bitcoin, debería conocer la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. (BSA, por sus siglas en inglés). Se trata de una ley de casi 50 años que requiere que las instituciones financieras del país ayuden a los departamentos de policía a controlar el lavado de dinero. El Gobierno de EE. UU. podría intentar aplicar esa ley para imponer estrictos controles sobre distintos usos de las monedas basadas en cadenas de bloques (blockchain).

El vicepresidente de la consultora Financial Integrity Network con sede Washington (EE. UU.), David Murray, está especializado en financiación ilegal. En su reciente testimonio ante un subcomité del Senado de EE. UU., Murray pidió al Gobierno de EE. UU. que ampliara sus poderes bajo la BSA para combatir el uso de criptomonedas por parte de traficantes personas. “Los activos virtuales son vulnerables a las finanzas ilícitas porque ofrecen una solución rápida e irrevocable y el potencial anonimato”, explicó.

Tradicionalmente, los esfuerzos para eliminar la financiación ilegal se han centrado en los bancos y otros intermediarios financieros. Pero las redes públicas de blockchain como Bitcoin presentan unos desafíos únicos para la aplicación de la ley. La BSA, por ejemplo, exige que las instituciones financieras recopilen cierta información sobre sus usuarios y presenten informes al Departamento del Tesoro de Estados Unidos cuando las transacciones superen los 4.500 euros o las califiquen como “sospechosas”. Pero desde que una red global de ordenadores en lugar de una institución centralizada es capaz de validar las transacciones de Bitcoin, ¿a quién se supone que hay que regular?

Murray cree que, para fortalecer su control sobre las criptomonedas, el Departamento del Tesoro de EE. UU. debería ampliar la definición de “institución financiera” para que incluya a ciertos “proveedores de servicios” de criptomonedas. Aunque los intercambios de criptomonedas y los proveedores de almacenamiento de activos de criptomonedas ya están cubiertos por la BSA, otros actores importantes en los sistemas blockchain permanecen fuera del alcance de la ley, y Murray cree que eso debería cambiar.

Uno de los grupos que mencionó fue el de los “validadores de transacciones de activos virtuales”. Los distintos sistemas blockchain funcionan de diferentes maneras, pero en todos ellos, los participantes que ejecutan el software deben validar las nuevas transacciones. Bitcoin y criptomonedas similares los llaman “mineros” porque reciben dinero digital recién acuñado a cambio de esta actividad. Murray cree que Estados Unidos debería regular a los mineros como si fueran empresas de servicios monetarios.

Pero si se regulara a los mineros, “la tecnología se volvería inviable”, al menos en Estados Unidos, opina el director de investigación del grupo de defensa de políticas sobre blockchain Coin Center, Peter Van Valkenburgh. La idea probablemente tampoco sea factible. Dada la naturaleza seudónima de Bitcoin y de los sistemas similares, sería difícil, si no imposible, identificar y localizar a todos los mineros, que además podrían mudarse a otros países con reglas menos estrictas.

Para Van Valkenburgh, tampoco tiene sentido obligar a los mineros a mantener un seguimiento de sus clientes como lo haría una institución financiera, ya que realmente no son sus clientes. El responsable detalla: “No tienen ni idea de quién ha solicitado transacciones en la cadena de bloques, se limitan a seguir el protocolo”.

Van Valkenburgh señala que el Departamento del Tesoro de EE. UU. tiene el poder de ampliar la definición de institución financiera para incluir a los mineros, pero hasta ahora ha optado por no hacerlo. El organismo internacional encargado de vigilar el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera, también ha optado por evitar la regulación de los mineros, centrándose más en los intercambios de criptomonedas.

Existe la posibilidad de que esto cambie, tal vez a raíz de algún futuro delito con criptomonedas. Sin embargo, si las autoridades estadounidenses intentan expandir sus poderes bajo la BSA para tomar medidas enérgicas contra las criptomonedas, se enfrentarán a una batalla. Van Valkenburgh explica que usar la BSA para regular a los desarrolladores de software de criptomonedas y a los usuarios individuales sería inconstitucional.

Fuente: technologyreview.es