Fomentar una participación creciente de los inventores nacionales en el desarrollo y concesión de patentes (…) es esencial para el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el mercado farmacéutico latinoamericano en cuanto a medicamentos innovadores se abastece de las importaciones realizadas por empresas transnacionales; por ello, en términos de comercio exterior, la región presenta un creciente déficit y una gran dependencia tecnológica.

Esta dependencia se da, no obstante, de haber experimentado un importante y sostenido crecimiento en publicaciones indexadas anuales en el sector, al pasar de un 3.85% en 2010 a un 5.02% en 2019 del total de publicaciones realizadas en el mundo.

América Latina y específicamente México deben impulsar la ya existente base de investigadores en el campo de las ciencias de la salud y la biotecnología, a través de trasladar los resultados de la investigación básica hacia el campo del desarrollo experimental, así como de su vinculación con el sistema de protección de la propiedad industrial.

En la región los no residentes dominan las solicitudes de patentes; en 2018, a residentes latinoamericanos solo se les otorgaron 314 patentes en este sector, lo que representa escasamente el 0.8% del total mundial.

En 30 años México ha crecido 3.5 veces en solicitudes de patente, pasando de 5,061 en 1990 a 14,312 en el 2020; sin embargo, en 1990 se tenían 661 solicitudes de mexicanos, representando el 13% y en el 2020 se registraron 1,132, es decir 7.9%, con ello la participación en la tecnología vía solicitudes de patente por mexicanos se redujo en un 39%, esta realidad muestra una clara relación de dependencia tecnológica.

Este bajo nivel de patentamiento es resultado directo de la desvinculación existente entre los núcleos de investigación y las empresas del sector. Ello se relaciona, por una parte, con los escasos incentivos que históricamente han existido en universidades y centros de investigación para patentar, así como con el posicionamiento de las empresas farmacéuticas que se han especializado cada vez más en los productos genéricos, cuyas patentes han caducado.

Para revertir esta realidad, uno de los aspectos a considerar es el necesario involucramiento de las empresas, las universidades y centros de investigación, en la definición conjunta de la cartera de proyectos, que cumplan con criterios de impacto social y económico, con el propósito de desarrollar capacidades en tecnologías emergentes, asociadas con áreas prioritarias del país, con una clara visión de financiamiento a programas de investigación de larga duración en disciplinas específicas.

Un segundo aspecto podría ser el establecimiento de núcleos de capacidades de investigación conjunta entre las universidades y las empresas, enfocados a desarrollar proyectos de investigación con horizontes de ejecución y escalas de recursos que los acerquen a las fases de producción.

Esto demanda dos elementos fundamentales:

• a) la creación de instrumentos financieros eficaces, capaces de atraer capital de riesgo desde etapas tempranas y
• b) contar con las capacidades humanas y técnicas necesarias para la adecuada gestión en el cumplimiento de las regulaciones sanitarias, que garanticen que los medicamentos y dispositivos médicos que se desarrollen o comercializan cumplan los requisitos mínimos de seguridad, calidad y eficacia.

En esta realidad las universidades desarrollan conocimientos con potencial real de aplicación industrial, aunque con un bajo nivel de apropiación por parte de las empresas, lo cual abre una gran posibilidad para revalorar la concepción de que la protección de la propiedad intelectual debe ser una condición necesaria para apoyar la transferencia de los resultados de la investigación universitaria incluso desde que se origina una nueva tesis de investigación.

Con ello se puede reducir la fuga de conocimiento, así como la eliminación del subsidio de procesos de patentamiento de entidades externas que se apropian del conocimiento generado por las universidades.

La apropiación del conocimiento tiene un impacto profundo en lo que consideramos como desarrollo tecnológico e innovación.

El potencial es grande, al día de hoy el Sistema Nacional de Investigadores está formado por más de 33,000 miembros activos.

Fomentar una participación creciente de los inventores nacionales en el desarrollo y concesión de patentes, a favor de empresas nacionales en el sector salud, es esencial para el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Buscar un equilibrio en la balanza de pagos tecnológica debería dejar de ser un componente marginal de la agenda de desarrollo económico de muchos países en desarrollo para convertirse en una política esencial de la estrategia de todos los países para mitigar la pobreza, alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e incrementar el desarrollo económico y social.

La independencia económica y sobre todo el bienestar de la población se debe apoyar en la generación de nuevos conocimientos que sean útiles para atender y resolver los problemas sociales, lo cual permitirá un mayor dinamismo de la economía y una mejor atención de los problemas nacionales.

La investigación y el desarrollo tecnológico son dos elementos precursores de la innovación y que resultan de la creación y aplicación del conocimiento científico, hacia la atención de las necesidades específicas de la sociedad.

México debe basar su desarrollo en el uso de conocimiento científico y tecnológico vía la propiedad intelectual, la política científica y tecnológica debe desarrollar leyes, normas, estrategias e iniciativas, enfocadas en el desarrollo de tecnología propia, por lo cual la adecuada gestión de los activos intangibles tendría que ser una prioridad para el país.

Fuente: expansion.mx