Muchos informes e investigaciones internacionales de organizaciones de derechos humanos destacan cómo China ha construido un sistema de poder estatal que está integrado entre vigilancia de alta tecnología (digital), detenciones masivas y control legal sobre sus ciudadanos, especialmente los grupos minoritarios étnicos y religiosos.
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El régimen, que Beijing llama «gestión de la estabilidad» y «contraextremismo», parece ser un programa a escala industrial de erradicación cultural, control social e intimidación internacional, que según investigadores independientes y importantes grupos de derechos humanos representa más que un régimen autoritario, sino también un crimen contra la humanidad.
La región de Xinjiang es el ejemplo más evidente de este enfoque. Informes independientes, incluidos los de la ONU y Human Rights Watch, muestran que más de un millón de uigures y otros musulmanes étnicos turcos han sido detenidos en campos de «reeducación», combinados con políticas de asimilación forzada: vigilancia masiva, restricciones a las prácticas religiosas, adoctrinamiento político obligatorio y programas de trabajos forzados para reclutar trabajadores.
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Las organizaciones de derechos humanos han llegado a la conclusión de que estas medidas coordinadas (detenciones, desapariciones forzadas y represión cultural) alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad. Las negaciones de Beijing y sus esfuerzos por limpiar el registro no pueden borrar las pruebas, las imágenes de satélite, los documentos gubernamentales filtrados y los informes de campo que corroboran estos hallazgos.
Este sistema es muy peligroso por cómo integra la tecnología con la burocracia. Las cámaras CCTV, las bases de datos biométricas y los algoritmos policiales predictivos no son herramientas adicionales: son fundamentales para la capacidad del Estado de monitorear y controlar poblaciones enteras.
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Las empresas de tecnología y de vigilancia chinas han suministrado hardware y software que vinculan la identidad personal con el movimiento, la comunicación y el comportamiento; Las autoridades locales utilizan cebo para dirigirse a las personas a fin de someterlas a supervisión, como por ejemplo detención o libertad condicional.
Los informes muestran cómo se han utilizado cámaras de reconocimiento facial, seguimiento de ubicación y aplicaciones móviles para identificar a uigures y otras minorías para interrogarlos y encarcelarlos. Esta no es una distopía hipotética; Esta es una práctica documentada.
La aniquilación cultural ha llegado con la invasión tecnológica. Las autoridades cambiaron el nombre de las aldeas, restringieron los idiomas regionales en las escuelas, detuvieron a poetas, maestros y sacerdotes e interrogaron lo que se consideraban actividades culturales cotidianas. Estas políticas están diseñadas no sólo para prevenir el supuesto «extremismo» sino también para reemplazar la vida religiosa y cultural uigur con una identidad sancionada por el Estado.
Fuente: thewing.es
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