La Unión Europea ha dado este martes el último paso para aprobar la normativa que prohibirá a partir de 2021 los artículos de plástico de usar y tirar más populares, como platos, cubiertos, bombillas para beber, bastoncillos de algodón y envases de poliestireno para alimentos, con el objetivo de reducir su impacto en el medio ambiente.

Los gobiernos del bloque comunitario han dado luz verde a nivel de embajadores a esta legislación, que ya obtuvo el visto bueno del Parlamento Europeo a finales de marzo.

Estos plásticos, según cálculos de la Unión Europea, representan cerca del 70% de los desechos plásticos que contaminan las aguas y las playas del territorio comunitario y el objetivo de la medidas es erradicar el uso de artículos de plástico para los que existen ya alternativas en materiales que no dañan el entorno.

A la lista propuesta por la Comisión Europea, que incluye bastoncillos, platos y cubiertos, vasos y pajitas para beber, se añadieron por exigencia del Parlamento Europeo los envases en poliestireno para comida rápida.

Además del listado de artículos que estarán vetados, la UE quiere que los Estados miembros tomen «las medidas necesarias» para reducir de manera significativa el consumo de otros productos, como los recipientes de plástico (otros que poliestireno) para comida rápida que no necesita preparación posterior a la compra y las tapas para bebidas.

También se prevén objetivos vinculantes para que los Estados miembros tomen las medidas necesarias para que en 2030 al menos el 30% de los materiales de las botellas de plástico sean reciclables.

En el caso de otros elementos para los que no existen por el momento alternativas mejores al plástico, la Unión Europea apuesta por incentivar su reciclado, por ejemplo en lo que se refiere a los aparejos de pesca, para asegurar que no son arrojados por la borda en alta mar, sino que la flota regresa a tierra con ellos y los recicla.

El objetivo es reducir a la mitad los desperdicios de estos productos con el objetivo de evitar daños sobre el medio ambiente que supondrían unos costes de 230.000 millones de euros en 2030 y la emisión de 3,4 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) ese mismo año.

Fuente: emol.com