“Hemos perdido el 50% de nuestros ecosistemas naturales. Los principales problemas que enfrentamos son la deforestación, la pérdida y degradación de ecosistemas dulces acuícolas y la degradación de ecosistemas marinos”, sostuvo el ecologista Sergio Graf

El Día Mundial del Medio Ambiente tiene su origen en 1972, en Estocolmo, cuando se definió que el tema ambiental debería formar parte de las instituciones, de las políticas públicas de las naciones y debería ir acompañado de un marco legal. Ese fue el inicio de la institucionalidad de las políticas ambientales en el mundo, así lo expuso Julia Carabias, miembro de El Colegio Nacional, al coordinar e iniciar la primera parte de la mesa La sustentabilidad del desarrollo: una agenda para México, realizada el 5 de junio en el Aula Mayor de la institución.

La bióloga mexicana recordó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la Organización de las Naciones Unidas, y sus 17 objetivos, fue uno de los momentos más importantes e integradores del mundo en materia ambiental, pues, “orientó a los países, no fueron recetas, sino orientaciones que cada país adecuó a sus propias agendas nacionales, con el objetivo de revertir las tendencias de deterioro y construir un mundo más sano, equitativo y con bienestar, pero no llegaremos a esos objetivos si no garantizamos un planeta sano”.

En esta primera sesión, en la que participaron los especialistas Sergio Graf, Adrián Fernández, José Luis Samaniego, Leticia Merino y Ernesto Herrera, la colegiada subrayó que, después del proceso electoral vivido en nuestro país, en el centro de las políticas públicas deberá estar el tema de la sustentabilidad y el desarrollo.

Al tomar la palabra, Sergio Graf, presidente de la Junta Directiva del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente (CEIBA), señaló que la dependencia de la forma parte trabaja desde hace más de 20 años en propuestas colaborativas que se integran a los planes nacionales de desarrollo, en cada sexenio.

“Actualmente, enfrentamos una crisis múltiple de contaminación y cambio climático que pueden ser reversible; sin embargo, la pérdida de biodiversidad es para siempre. Agudiza las condiciones de pobreza y limita las perspectivas globales de desarrollo económico y la competitividad”. El ecologista social puntualizó que “hemos perdido el 50% de nuestros ecosistemas naturales. Los principales problemas que enfrentamos son la deforestación, la pérdida y degradación de ecosistemas dulces acuícolas, la degradación de ecosistemas marinos y la pérdida de material genético de la agrobiodiversidad”.

Además, en los últimos 80 años se han identificado más de 340 nuevas enfermedades infecciosas en el mundo. Por lo tanto, aseguró Graf, es importante considerar las siguientes propuestas, conservar con la menor intervención posible los ecosistemas naturales, mediante el fortalecimiento de la política pública.

Es necesario fortalecer las capacidades institucionales y presupuestales en todo el sector ambiental, aseguró, así como mejorar las condiciones de vida de la población mediante el manejo forestal sustentable; eliminar el comercio ilícito de la vida silvestre y la tala ilegal; detener la deforestación y la degradación de ecosistemas forestales; y basar el futuro de la agricultura reconociendo y apoyando a los campesinos.

Por su parte, Ernesto Herrera, de Reforestemos México, comentó que esta dependencia nació como respuesta a los incendios de 1998, “uno de nuestros objetivos es posicionar la agenda de los bosques como un tema de Seguridad Nacional, si los ecosistemas son el sustento, entonces, ¿por qué estamos perdiéndolos? El objetivo es promover el tema a nivel intersecretarial y que todos estén desarrollando indicadores con esta agenda, sin deforestar”.

Comentó que, si no se conoce la biodiversidad que existe en México, no se puede proteger, “necesitamos capitalizar nuestra biodiversidad para que sea un vehículo para nuestro desarrollo.

Tenemos objetivos puntuales: detener la deforestación, el manejo forestal certificado, así como restaurar el ecosistema y la arborización urbana”. También se requieren alianzas multisectoriales al servicio de ejidos y comunidades para brindar certidumbre a los bosques y atraer inversiones; empoderamiento y capacidades locales para el manejo y desarrollo de cadenas de valores forestales, y una agenda nacional de resiliencia urbana, salud pública y paz social sustentada en bosques y árboles.

Leticia Merino, de la Agenda Socioambiental 2024, expuso que es fundamental llamar la atención en el tema de polinizadores y agrotóxicos, “hay mucha tensión y preocupación por los 205 plaguicidas altamente peligrosos autorizados por la COFEPRIS, que generan problemas serios con los polinizadores y en salud pública. El tema agrario está en el corazón de la conservación de la biodiversidad”.

La especialista centró su participación en la Ley Minera planteada en 1992, que concedió amplias facilidades a las corporaciones y que generalizó la extracción a cielo abierto y con altos impactos ambientales. Recordó que, entre 2018 y 2024, la minería aportó 0.82% del ISR, 0.62% del IVA y 3% de las ganancias que reportan. Impuestos menores en más de 50% al promedio de América Latina en el mismo sector. Aunque existen ganancias, estas son privadas, pero tienen costos públicos.

Para poner un ejemplo, “entre 1995 y 2015, el volumen de oro que se extrajo en México fue 5.7 veces mayor al que se extrajo durante la colonia. La producción de una onza (28.35 gr.) de oro utiliza 40 kilos de explosivos, de 150 mil a 200 mil litros de agua, 500 litros de combustible y genera emisiones de 650 kilos de CO2, se desechan 150 toneladas de roca”.

De acuerdo con la ponente, en 2023 se presentó una iniciativa presidencial con cambios sustanciales, incluyendo el acceso al agua y el manejo de residuos para las concesiones vigentes, misma que enfrentó fuerte rechazo del lobbying minero en el Congreso; sin embargo, se aprobó en abril de ese año.

“La Ley Minera elimina la expropiación de la tierra como derecho del concesionario, descarta la figura de “terreno libre” para el primer solicitante y prohíbe la minería en zonas sin agua, regiones donde se ponga en riesgo la población y la práctica de la minería submarina. Además, obliga a tener programas de manejo de residuos, restauración, cierre y post-cierre de minas con obligaciones hídricas y ambientales”.

Aún con lo anterior, falta “limitar el consumo de agua en esta labor; establecer monitoreo y pago de derechos; prohibir técnicas de alto impacto socioambiental como la minería a cielo abierto y los pozos de carbón; acortar la duración de las concesiones, sin posibilidad de prórroga; limitar la superficie de las concesiones a no más de 2 mil habitantes; y brindar transparencia, acceso a la información y datos abiertos”, concluyó Leticia Merino.

En su participación, José Luis Samaniego, del World Resources Institute, se refirió al tema de la captura de carbono como una fuente de diversificación de las actividades del sector rural. Aseguró que uno de los retos para México es buscar alternativas que impulsen el pago por los servicios ambientales, que necesitan realizar como compensación aquellos quienes emiten a gran escala emisiones de gases de efecto invernadero, como los productores de petróleo.

También se necesita encontrar la fórmula para que los bosques y la naturaleza se conviertan en una fuente de ingreso para los dueños de la tierra. Samaniego dijo que plantearía alternativas para proteger los bosques y restaurar las tierras degradadas.

Adrián Fernández, de Iniciativa Climática de México, expuso que esta organización de la sociedad civil sin fines de lucro fue creada para promover la implementación de políticas, programas y proyectos de mitigación, con el objetivo de enfrentar la emergencia climática e impulsar un desarrollo integral bajo en carbono y socialmente incluyente. “Actúa como donante y como generador y divulgador de información técnica y científica relevante para la toma de decisiones”.

Sostuvo que, si México quiere cumplir la meta que le prometió al mundo en el 2030, requiere un despliegue acelerado de energías renovables, es fundamental la salida total, justa y progresiva del uso de carbón y de combustóleo en esta década. “No se necesitan nuevas plantas térmicas a base de gas natural.

Es esencial la reducción en el consumo de energía, a partir de medidas de eficiencia energética en todos los sectores. Se deben fomentar de forma inmediata proyectos como Ejido Solar y Hogar Solar, así como la expansión y fortalecimiento de la red eléctrica”.

El especialista consideró importante promover políticas que incentiven la movilidad activa y no motorizada para reducir el uso de vehículo privado; desarrollar un mejor diseño y planificación urbana, la movilidad y el transporte público masivo, y el cambio modal de transporte carretero a ferrocarril, renovación de flotas y esquemas de última milla.

“En cuanto al gas y petróleo, se tienen que establecer mecanismos de colaboración entre PEMEX y la industria privada para realizar inversiones que logren eficiencia energética y motiven el uso del hidrógeno verde, que puede contribuir en operaciones de combustibles”, finalizó Adrián Fernández.

Fuente: El Colegio Nacional