Dr. Jonathan Abraham Quintero García
Investigador Posdoctoral de El Colegio de San Luis. Presidente del Consejo Hídrico Estatal de San Luis Potosí
Un reciente estudio titulado “Barreras Sociológicas para la Gestión Sustentable del Agua en el Valle Potosino” revela que la falta de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí no es solo consecuencia de la sequía ni del agotamiento del acuífero. La investigación —basada en encuestas, entrevistas, análisis territorial y trabajo de campo— muestra que la crisis hídrica está estrechamente ligada a factores sociales, institucionales y urbanos que han pasado inadvertidos en el debate público.
El trabajo identifica cinco obstáculos principales para una gestión más justa y eficiente del agua: la desigualdad en el acceso, la falta de coordinación entre instituciones, la cultura del privilegio, la baja participación ciudadana y un modelo urbano-industrial que ha ocupado zonas cruciales para la recarga del acuífero.
Un acuífero sobreexplotado y un acceso desigual
El Valle Metropolitano obtiene la mayor parte de su agua del acuífero 2411, que desde hace décadas se encuentra sobreexplotado. Sin embargo, la forma en que el agua se distribuye entre la población es profundamente desigual. En colonias populares, las familias viven con tandeos, baja presión o días enteros sin suministro. En cambio, fraccionamientos privados de alto ingreso mantienen un abastecimiento más estable.
El estudio muestra que más del 90 % de los pozos registrados en el valle son privados, mientras que el organismo operador público depende únicamente de una fracción muy pequeña de ellos. A esto se suman pozos clandestinos y un creciente mercado de pipas que encarece el acceso para los sectores con menos recursos.
Esta desigualdad no solo refleja diferencias económicas: condiciona la calidad de vida, la salud y la seguridad de miles de familias.
Instituciones que trabajan por separado
Otra barrera clave identificada por la investigación es la fragmentación institucional. La Comisión Nacional del Agua otorga concesiones; las autoridades estatales supervisan proyectos; los municipios operan redes locales; e INTERAPAS depende de decisiones externas que limitan su margen de acción.
Esta dispersión de funciones provoca contradicciones en la información, retrasos en la toma de decisiones y falta de claridad sobre quién debe atender cada problema. Durante las recientes crisis de abastecimiento, esta falta de coordinación se hizo evidente en mensajes inconsistentes y diagnósticos poco claros.
La desorganización institucional no solo dificulta el funcionamiento del sistema hídrico, sino que deteriora la confianza de la ciudadanía.
Una cultura del privilegio que normaliza el consumo desigual
La investigación también documenta un fenómeno social menos visible, pero determinante: la cultura del privilegio en torno al agua. En sectores de alto ingreso se ha normalizado el consumo ilimitado bajo la lógica de “yo pago, yo decido”, mientras que el uso cotidiano de agua en colonias de bajos recursos se reduce a lo estrictamente indispensable.
El estudio identifica diferencias drásticas: en zonas residenciales exclusivas el consumo por persona puede superar los 500 litros diarios; en colonias populares, las familias viven con mucho menos de lo recomendado internacionalmente. Esta desigualdad se reproduce simbólicamente en discursos que responsabilizan a la ciudadanía por la escasez, ignorando las prácticas de alto consumo.
Participación ciudadana débil y mecanismos poco confiables
Aunque existen consejos ciudadanos, consultas públicas y espacios institucionales de diálogo, la investigación muestra que la mayoría son poco accesibles, poco transparentes o no influyen realmente en las decisiones. No sorprende entonces que las encuestas revelen niveles bajos de confianza en todas las instituciones del sector hidráulico.
Frente a esta situación, distintas comunidades y colectivos han comenzado a organizarse por su cuenta. Sin embargo, estas iniciativas suelen enfrentar obstáculos legales o administrativos.
El estudio concluye que la ciudadanía sí quiere participar, pero los canales oficiales no facilitan esa participación.
Una ciudad que creció sin considerar al agua
La expansión urbana e industrial del valle ha ocupado zonas de recarga natural del acuífero y áreas naturalmente inundables. Al construir en estos sitios, se reduce la filtración de agua al subsuelo y aumentan riesgos como inundaciones y escurrimientos.
El caso de la presa El Realito, que prometía resolver el abasto pero ha presentado fallas constantes, muestra cómo grandes obras pueden terminar agravando la crisis si se planifican sin considerar límites ecológicos y territoriales.
Un problema estructural que exige un cambio profundo
El estudio concluye que la crisis del agua en San Luis Potosí no se resolverá únicamente perforando más pozos o realizando obras hidráulicas aisladas. El problema es estructural: combina desigualdad social, decisiones urbanas mal planificadas, instituciones descoordinadas y una cultura que normaliza el consumo desmedido en ciertos sectores.
Las propuestas derivadas del estudio buscan replantear la relación de la ciudad con el agua: proteger zonas de recarga, transparentar concesiones, redistribuir el acceso, fortalecer la participación ciudadana y reconocer el agua no como privilegio, sino como derecho humano.
San Luis Potosí enfrenta así un desafío complejo, pero también una oportunidad histórica para construir un modelo más justo y sostenible para el futuro.
Fuente: oem.com.mx
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