En palabras del jurista mexicano, el problema es que cuando la crisis sanitaria haya quedado atrás, nos quedaremos con la crisis institucional, y nosotros ya nos habituamos a consentir que las autoridades ignoren la Constitución, hagan la suya propia y determinen con sus recursos exclusivos cuáles son las reglas que ellos están dándose a sí mismos

Las restricciones que el secretario de Salud emitió en marzo, en el contexto de la emergencia sanitaria y que fueron validadas por el presidente de la República por decreto en ese mes, en las que se prohibían las reuniones de más de 50 personas, se limitaba el libre tránsito, se establecía confinamiento para todos los mexicanos y se afectaba el derecho al trabajo, fueron una clara ruptura o violación de la constitución, aseguró el miembro de El Colegio Nacional, Diego Valadés, al impartir la conferencia Las pandemias del 2020: COVID-19 y crisis constitucionales.

La sesión transmitida en vivo el 4 de diciembre formó parte del programa de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020 y del ciclo Viernes viral, que coordina el colegiado Antonio Lazcano. El jurista agregó que con esas restricciones se limitaron derechos fundamentales de las personas sin seguir el procedimiento que la Constitución establece.

Explicó que, en un segundo decreto presidencial, emitido el mismo mes, se facultó al secretario de Salud para llevar a cabo actos adicionales como el de importar libremente, sin trámites de carácter aduanal y sin ninguna licitación pública, todo lo que fuera necesario para hacer frente a la pandemia, desde equipamiento médico, artículos para laboratorio y medicamentos, hasta vestuario para el personal. “Ustedes dirán y con toda la razón, eso había que hacerlo, limitar las reuniones, las actividades productivas y comerciales justo para evitar la diseminación del virus, pero se pudo haber realizado de acuerdo con el derecho y no en contra de lo que éste establece.”

“Si no tuviéramos normas que regulan esos estados de emergencia, pues habría que haberlas inventado en ese momento, pero el Estado mexicano es sólido, serio, con una gran tradición constitucional. Las medidas aplicadas eran medidas adecuadas, lo han sido en buena parte, pero no el procedimiento que se siguió. Además, el secretario de Salud, sólo un miembro del gabinete, determinó que no debían reunirse los congresos y el cierre de los tribunales de justicia en el país, esto es uno de los elementos por los cuales hablo de una crisis institucional en México y lo asocio a la crisis sanitaria de COVID-19.”

El doctor en Derecho se refirió a otras de las facultades con las que se dotó al titular de la Secretaría de Salud, como la autorización de compra de medicamentos que tiene que ver con la administración de los recursos federales y que por ley corresponde al secretario de Hacienda. “Esto nos indica que tenemos un problema institucional muy severo en el país, que se traduce en el desdén con relación al orden constitucional, el orden constitucional en México se ha hecho prescindible.”

En palabras del colegiado, lo anterior no es nuevo y corresponde a la naturaleza de un sistema presidencial atrofiado que no ha sido actualizado de acuerdo con los estándares de una democracia constitucional. “El problema es que cuando la crisis sanitaria haya quedado atrás, nos quedaremos con la crisis institucional, y nosotros ya nos habituamos a consentir que las autoridades ignoren la Constitución, hagan la suya propia y determinen con sus recursos exclusivos cuáles son las reglas que ellos están dándose a sí mismos. Esa previsibilidad de todo estado constitucional en México ya formará parte de nuestra vida cotidiana.”

Agregó que otro tema importante es la confiabilidad y que esta crisis ha demostrado que hay más derechos por construir, uno de ellos es el derecho a la verdad y otro igual de importante el de la proscripción de la arbitrariedad. El Estado no solamente debe actuar conforme a la ley, sino que además debe aplicar la ley de una manera razonable y coherente.

En relación con la verdad “las autoridades sólo tienen dos opciones, decirnos la verdad o decirnos que no conocen la verdad y la van a investigar, pero no la pueden inventar. Los funcionarios, en el caso mexicano, que presentan su declaración patrimonial están obligados bajo protesta de decir verdad, pero no lo están cuando se presentan ante una cámara de televisión o cuando dictan una conferencia, o cuando dan una entrevista a un medio de comunicación. Lo que se esperaría es que los funcionarios públicos actuaran bajo promesa de decir verdad en todos los casos, porque todas las demás veces pueden decirnos, constitucionalmente hablando, mentiras.”

“Por qué no llevar el derecho a la verdad a nuestra Constitución y por qué no imponer la obligación de pronunciarse con verdad a todos los servidores públicos. Este derecho no podemos dejar que lo interprete quien lo aplique, tenemos que construirlo y para ello hay instrumentos constitucionales, por ejemplo, el derecho de acceso a la información que el Estado posee. Lo que podemos hacer con este derecho es justamente que todas las decisiones que aplican los gobernados estén documentadas con motivos y fundamentos, y que se razone por qué otras opciones fueron desechadas.”

Comentó que, en el caso de la pandemia, la sociedad tendría derecho a saber por qué se decidió no aumentar al mayor nivel posible la identificación de casos de contaminación con la práctica de pruebas, cuál ha sido la razón por la cual no hay una recomendación enfática del Estado, no de sus voceros, en cuanto a protegernos con cubrebocas en todos los casos, o cuál es el número exacto de personas fallecidas, porque esas decisiones deben ser documentadas en un estado constitucional.

“Hay crisis sanitaria que la hemos acompañado por una crisis institucional y los efectos de ambos permanecerán por mucho tiempo. Necesitamos reformar al Estado para que el sistema presidencial que tenemos se vuelva un sistema más democrático.”

Fuente: El Colegio Nacional