Jesús Antonio del Río Portilla

Mientras los políticos discuten que si se adelantan los tiempos de la sucesión presidencial, que si el INE no quiere realizar la consulta sobre la revocación de mandato u otro tipo de distractores, la población mexicana enferma de COVID-19. Yo mismo también podría comentar que el cambio climático es un problema que debemos atender, pero la situación de creciente número de casos de COVID-19 debe ser urgentemente atendida.

Por cierto, considero que el cambio climático es urgente, que las amenazas al CIDE, al INAH a la ENAH a la UNAM, a toda institución de educación pública también son tópicos de atención inmediata por parte de la población mexicana, pero en otro nivel de urgencia comparada con la COVID-19.

Esta última mata personas en lo inmediato y causa enfermedades de largo plazo que pudieran ser evitadas con orientación y medidas por parte de las autoridades que elegimos para ocupar los puestos en el gobierno.

Estamos ante la variante Ómicron del SARS-COV2 que parece ser una especie viral de lo más contagiosa.

Ante este hecho, las autoridades en México, de todos los niveles, parecen estar ciegas, o al menos no actúan ante esta situación con base en lo que la sociedad ha aprendido en otros países y se escudan en que esta variante parece ser menos grave.

En algunos medios de comunicación se alerta basándose en la letalidad, que se define como el cociente entre el número de muertes entre el número de casos positivos. Sin embargo, en nuestro país no se contabilizan confiablemente los casos de COVID-19. De hecho, el número de casos registrados es mucho menor al dato real.

Por lo tanto, la letalidad no es adecuada para conocer la situación y en nuestro país con ella se sobre estima la gravedad de la situación.

Por eso, considero que el exceso de mortalidad es un indicador que refleja mejor la intensidad del impacto de la COVID-19 en el bienestar de sociedad mexicana.

En este indicador se pueden estimar más de 600 mil muertes en exceso durante los años 2020 y 2021 para nuestro país (los datos oficiales son de 300 mil muertes debidas al COVID-19).

Las muertes en exceso son un número más cercano a fatalidades asociadas con la enfermedad de COVID-19 en México. Es decir, ha habido aproximadamente cinco muertes asociadas al COVID-19 por cada 1,000 habitantes.

Desde mi punto de vista no necesitamos comparar con otros países u otras sociedades. El que haya cinco defunciones por cada mil habitantes asociadas solamente a esta enfermedad es claramente una muestra de que las diferentes estrategias no han sido las adecuadas.

En la última semana se han desbordado las solicitudes de pruebas para conocer si se padece COVID-19 en las diferentes ciudades del país. Esta situación de explosión de casos, a pesar de que contamos con más del 55 por ciento de la población con vacunación completa y con un segmento (parte de la población de mayores de 60 años con un refuerzo) es de llamar la atención dado que se ha mantenido un discurso de menospreciar los posibles daños a la salud de la población. En mi opinión, al no actuar con el ejemplo usando cubrebocas en todos los eventos de gobierno, no proveer de las pruebas necesarias a la población para que se pueda actuar con conocimiento, al promover el ambiente festivo y no alertar con responsabilidad, las autoridades locales, estatales y federales muestran un total desinterés por la salud de la población.

En particular, como ya he mencionado con anterioridad, la población en el sector más pobre es la que más ha sufrido los embates fatales del COVID-19, así que estas estrategias no han correspondido al dicho de “primero los pobres”, sino más bien parecen incrementar las diferencias.

La población con mayores recursos ha podido vacunarse en otros países, ha podido adquirir oxígeno cuando lo requiere o atención hospitalaria en el sistema de salud privado y se transporta mediante el sistema privado de transporte con seguridad, entre otros muchos privilegios.

En cambio, la porción más pobre de la población mexicana ha tenido que esperar a vacunarse cuando le toca y con lo que le toca, ha sufrido la saturación del sistema hospitalario público cuando sucedió (espero que ahora con este incremento nuevo de casos no se llegue a la saturación, como a principios del 2021). Se tiene que movilizar en un transporte público saturado e ineficiente, donde los contagios pueden darse ahora con mayor facilidad con la Ómicron que con las variantes previas, que eran menos contagiosas.

Por estas razones, solicito a las autoridades locales, estatales y federales modificar las estrategias basándose en la información que hoy tenemos y observar las estrategias que han tenido otras sociedades que han tenido menor número de muertes en exceso por habitante.

Estas últimas han sido capaces de disminuir comparativamente las fatalidades y estarán mejor preparadas mental, económica y socialmente para proceder con una recuperación.

Retomemos el camino de las pruebas periódicas en las escuelas y en los centros de trabajo donde se tengan reuniones presenciales (con las medidas de aislamiento en concordancia con el resultado), recomendemos el uso masivo y adecuado de los cubrebocas, mantengamos la sana distancia y todas esas medidas que se han instrumentado en otros lugares y que nosotros las hemos usado.

Estoy seguro de que, si ponemos en marcha estas medidas, la detección temprana de los casos evitará muchísimos contagios y con ello la salud de la población en general se verá menos impactada negativamente.

Por supuesto, que después de seguir estas medidas, tenemos que promover estrategias para combatir el cambio climático, la desigualdad económica en la población y el deterioro de las instituciones que nos posibilitan construir conocimiento para definir las estrategias adecuadas para aproximarnos al bienestar social.

Fuente: delrioantonio.blogspot.com