El Senado de la República trabajará conjuntamente con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) para tipificar como delito la violencia política contra las mujeres.
Durante el foro “Momento legislativo para la aprobación de la eliminación de la violencia contra las mujeres”, senadoras y servidores públicos reconocieron que es urgente establecer sanciones contra las agresiones de género, como negar derechos políticos, obstaculizar candidaturas o el ascenso a cargos de elección popular, amenazas; violaciones sexuales; y homicidios.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado, Diva Gastélum Bajo, advirtió que si no se permite dar voz al empoderamiento de las mujeres en funciones públicas, lejos de la violencia, difícilmente podrán sentirse representadas en el Congreso y el Ejecutivo las indígenas, migrantes, y quienes han sido víctimas de delitos, como violaciones, secuestro o trata.
Advirtió que un reto de la reforma es plantear con claridad “si los partidos políticos asumen de verdad las candidaturas de las mujeres como de ellos, o sólo asumen como propias las de los varones”.
Consideró que el análisis de esta iniciativa permitirá obtener una norma que “sirva de tabla de salvación para muchas mujeres que ven mermados sus derechos”, como es el caso de síndicas y regidoras de 14 municipios de Chiapas; así como de las alcaldesas indígenas de Oxchuc y Chenalhó, María Gloria Sánchez Gómez y Rosa Pérez, respectivamente.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PRI destacó que la iniciativa se basa en un trabajo de hace más de tres años, tiempo en que se han realizado análisis, foros y se han tomado opiniones de diversos especialistas.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, expuso que el fenómeno de violencia política contra las mujeres inició cuando comenzaron a acceder a espacios de poder y decisión, no sólo en el ámbito parlamentario o de ejercicio de gobierno, sino también dentro del Poder Judicial y del Instituto Nacional Electoral (INE).
Sin embargo, subrayó, es inexorable el avance de los derechos políticos de las mujeres; y en este contexto se deben establecer en la Constitución las garantías para que puedan ejercer cargos de elección popular, sin que ello represente un riesgo, incluso para sus vidas.
Por tanto, insistió, no hay marcha atrás en la reforma a la ley de delitos electorales; y la legisladora planteó que se establezcan sanciones acorde a la magnitud de las agresiones contra candidatas, ya sea en la etapa electoral o al haber sido electas, pues de lo contrario “todo este esfuerzo, se quedará solo en una campaña”.
En ello coincidió el consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Rodrigo Espeleta Aladro, al ofrecer el respaldo del gobierno federal para la concreción de esta reforma.
Expuso que es responsabilidad del Estado prevenir, erradicar y sancionar la violencia, al tiempo que reconoció los avances logrados por el Senado con diversas reformas, para hacer efectivos los derechos humanos y garantías individuales.
Pese a que las autoridades administrativas y jurisdiccionales han hecho su parte para contrarrestar la violencia política por género, “este fenómeno se transforma y evoluciona, colocándose un paso delante de las leyes”, aclaró el servidor público.
Ante ello, expuso, se requieren reformas eficientes para combatir este fenómeno, “el Estado debe detenerlo ya y todas las autoridades deben actuar en su competencia. Las senadoras han sido responsables y han estado al pie, empujando, presionando e insistiendo que debemos cambiar nuestro marco legal”.
El funcionario consideró que existe una gran oportunidad de establecer en las leyes secundarias la tipificación de la violencia política. “Estamos comprometidos, la Consejería Jurídica está en disposición de trabajar de la mano con ustedes”, refrendó a las senadoras.
Asistieron al foro la senadora independiente Martha Tagle Martínez; Hilda Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del PRI, así como la consejera del Instituto Nacional Electoral, Beatriz Eugenia Galindo Centeno; el fiscal especial para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo; y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez.