El presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, les tomó protesta
El Senado de la República eligió a siete nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por periodos escalonados de tres, seis y nueve años y entrarán en funciones el próximo 4 de noviembre próximo
José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzales fueron electos por un periodo de tres años, hasta el 31 de octubre de 2019; Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, por un periodo de seis años, hasta 31 de octubre de 2022; y Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y Janine Madeline Otálora Malassis por un periodo de nueve años, hasta 31 de octubre de 2025.
El presidente de la Mesa Directiva, senador Pablo Escudero Morales, tomó la protesta a los siete magistrados e instruyó comunicar al Presidente de México, al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de este resolutivo.
La elección de los nuevos magistrados electorales fue resultado de un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que recibió dictamen de la Comisión de Justicia, ante la cual comparecieron los 21 candidatos propuestos.
Previamente, el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes Márquez, destacó que los candidatos propuestos comparecieron ante la Comisión de Justicia, alcanzando 30 horas de trabajo, y subrayó que la participación de la sociedad civil fue fundamental para dar legitimidad al proceso.
Esto, al presentar el dictamen en el que se precisa que los candidatos de las siete ternas, enviadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reunieron los requisitos de conformidad con los artículos 99 párrafo XII de la Constitución Política y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que eran elegibles para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del TEPJF.
El senador del PAN dijo que ante la regulación rígida para integrar los dos tribunales constitucionales del país, la Comisión de Justicia ha buscado que el proceso sea más flexible y abierto, y advirtió que se debe acrecentar la competencia de la Comisión para las próximas legislaturas, pues se enfrentarán a procesos permeados de mayor democracia y de exigencia de la sociedad civil.
“Es impostergable una revisión del proceso e incrementar las facultades deliberativas de la comisión como sucede en los parlamentos más avanzados del mundo”, indicó.
Además, reconoció a la actual integración de la Sala Superior del TEPJF, por 10 años de resoluciones apegadas a la Constitución en un proceso democrático que ha avanzado con obstáculos complejos; a los nuevos magistrados les dijo que tendrán la gran responsabilidad de calificar la próxima elección presidencial, la más compleja y grande de la historia.
Finalmente, apuntó que se hubiera deseado mayor participación de mujeres en las ternas. Al respecto informó que solicitaron a la Junta de Coordinación Política que el periodo para el que sean designadas dos mujeres, sea de nueve años, con lo que se reconoce el talento y capacidad de todas las mujeres en el Poder Judicial de la Federación.
Al presentar su voto particular, el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, resaltó que en la forma de negociación de los cargos en el Poder Judicial ya no se aprecia pudor ni decoro, y que pareciera que en vez de mejorar los proceso de selección con mecanismos transparentes y verdaderamente imparciales, se regresa a los tiempos en los que las decisiones se tomaban únicamente desde Bucareli.
Con base en esto, presentó su voto particular en contra del dictamen por considerarlo subjetivo, dado que se redujo a la Comisión de Justicia a una simple oficialía de partes, que solamente revisó documentos y que acreditó que los 21 candidatos son idóneos en su perfil para ser magistrados, pero que no tuvo discusión al respecto.
En contra del dictamen, la senadora Layda Sansores San Román, del PT, consideró que la designación de los magistrados se dio “bajo el principio general de derecho: de cuotas y cuates”, debido a que a pesar de que no tiene las facultades, la Junta de Coordinación Política fue quien decidió y dictaminó “de facto” la selección de los siete magistrados. Con este método, preguntó, ¿cuántos creen que podrán ser imparciales?
Dijo que se trata de un proceso fraudulento, ilegal y dañino para el avance democrático, además de que no se conoce con qué criterio se estableció el escalonamiento de cada uno de ellos; “pocos saben en qué sótano, en qué cantina o en qué yate se tomaron las decisiones, pero es claro que el Tribunal quedó cooptado por la partidocracia”.
A favor, la senadora Martha Tagle Martínez cuestionó la forma en que se realiza el proceso de selección de los magistrados; se trata de una “caja negra”, pues estamos ante la posibilidad de ratificar las decisiones que se toman en la Junta de Coordinación Política, por lo que hizo un llamado a revisar el mecanismo de designaciones públicas que se llevan a cabo en el Senado.
Destacó que, con la designación de los nuevos magistrados electorales, se toma una de las decisiones más importantes para la democracia mexicana, ya que de la integración de la Sala Superior, como última instancia en calificar las 30 elecciones concurrentes y la presidencial de 2018, depende la certeza y legitimidad en los resultados electorales.
Durante el proceso de votación por cédula, se emitieron un total de 100 votos y se anunció que en tres cedulas todo se votó en contra.
Los resultados de la votación para elegir a los magistrados fueron los siguientes:
José Luis Vargas Valdez, 95 votos a favor, uno en contra y uno nulo; Mónica Aralí Soto Fregoso, 97 votos a favor; Felipe de la Mata Pizaña, 96 votos a favor y uno en contra; Felipe Alfredo Fuentes Barrera, 96 votos a favor y uno en contra; Janine Madeline Otálora Malassis, 96 votos a favor y uno en contra; Indalfer Infante Gonzales, 88 votos a favor y para Ángel Zarazúa Martínez 9 votos a favor, ambos de la misma terna; y Reyes Rodríguez Mondragón, 97 votos a favor.