En estados como Ohio, se han llevado a cabo políticas fiscales que buscan atraer a fabricantes, pero las consecuencias para los servicios públicos y la gente sin recursos puede ser devastadora
El mundo actual funciona gracias a los chips informáticos. Teléfonos, frigoríficos, equipos de fabricación de empresas automovilísticas, sistemas de misiles militares y casi todos los elementos de la sociedad digital actual dependen de los minúsculos e intrincados dispositivos conocidos como semiconductores.
Los semiconductores son increíblemente difíciles de fabricar, sobre todo los más avanzados. Hacen falta máquinas enormes y delicadas, materiales difíciles de conseguir y una asombrosa cantidad de conocimientos técnicos.
En la actualidad, la producción de estos chips está formada por una compleja red de empresas e instalaciones de todo el mundo, con algunos puntos clave. Por ejemplo, la taiwanesa TSMC controla el 90% de la producción física de los chips de gama más alta.
La importancia de los semiconductores y el delicado proceso de fabricación se han combinado para convertir estos diminutos dispositivos en el campo de batalla principal de una nueva carrera entre Estados Unidos y China por dominar el sector tecnológico. Si la primera Guerra Fría se definió por el desarrollo de las armas nucleares, esta se define por el chip informático.
“Los estrategas de Pekín y Washington se dan cuenta ahora de que toda la tecnología avanzada (aprendizaje automático, misiles, vehículos automatizados, drones armados, etc.) requiere chips de última generación”, comenta Chris Miller, profesor asociado de Historia Internacional en la Universidad de Tufts, en su reciente libro Chip War.
La Guerra Fría Tecnológica entre Estados Unidos y China, junto a la escasez de chips inducida por la pandemia, ha motivado grandes esfuerzos por parte del gobierno federal para atraer la fabricación de semiconductores a Estados Unidos. Sin embargo, estas aspiraciones se han dado de bruces son la la deslocalización de la producción de chips.
La carrera de estados, condados y ciudades por entrar en la mina de oro de los semiconductores ha hecho resurgir viejos debates sobre la mejor manera de crear empleo y ha exacerbado las batallas locales por la vivienda, las escuelas públicas y el desarrollo empresarial.
Aunque revitalizar partes del país que atraviesan dificultades económicas es un objetivo admirable, el ritmo frenético de esta guerra está haciendo que miles de millones de dólares vayan a parar a las empresas, mientras que los ciudadanos se quedan con poco más que promesas vagas e instituciones públicas con falta de recursos.
En la carrera por hacerse con el futuro de la tecnología, los gobiernos ignoran los problemas actuales y dejan a muchos de sus votantes en la estacada.
Construir el ‘corazón del silicio’
La posición de Estados Unidos como centro neurálgico de los semiconductores lleva décadas arrastrando problemas. Según la Asociación de la Industria de Semiconductores, la cuota de chips fabricados en Estados Unidos cayó del 37% en 1990 a solo el 12% en 2020.
Para invertir esta tendencia, los gobiernos han hecho todo lo posible por atraer a fabricantes de chips para que instalen sus nuevas fábricas en Estados Unidos. A nivel federal, el Congreso aprobó en agosto la Ley CHIPS, que proporciona 280.000 millones de dólares (257.000 millones de euros) en nuevos fondos para acelerar la investigación y fabricación nacional de semiconductores.
Este fondo común, junto con los incentivos de los gobiernos estatales y locales, ya ha servido para llevar proyectos de empresas a Estados Unidos. Intel se está gastando 18.000 millones de euros en construir la mayor fábrica de chips del mundo, en un suburbio de Columbus (Ohio), que según la empresa dará empleo al menos a 3.000 personas cuando esté terminada en 2025.
“Ayudamos a fundar Silicon Valley”, dijo a Time Pat Gelsinger, CEO de Intel, cuando se anunció la instalación en enero de 2022. Afirmaba que se iba a construir el ‘corazón del silicio’ (un juego de palabras con Silicon Valley, ya que Silicon es silicio en inglés).
Intel consideró otras 38 ubicaciones en todo el país antes de elegir New Albany. Además de la proximidad a agua dulce, necesaria para fabricar chips informáticos, el lugar es idóneo para la nueva mano de obra de clase media de la planta.
En esta próspera localización se encuentran los centros de datos de Amazon, Google y Facebook, y la renta familiar media supera los 200.000 dólares (184.000 euros). Los primeros informes dicen que el salario medio de la planta será de 135.000 dólares (124.000 euros), y que el 70% de los puestos de trabajo serán técnicos de fabricación, un puesto que requiere una titulación específica de al menos 2 años.
Los legisladores de Ohio no dudaron en tender la alfombra roja a la planta de Intel, la mayor inversión del sector privado en la historia del estado. Incluso antes del anuncio de la empresa, la Legislatura estatal de Ohio aprobó en junio de 2021 un presupuesto fiscal con incentivos para atraer grandes proyectos.
Además, los cambios de última hora al presupuesto 2022-23 ampliaron convenientemente los créditos fiscales y las reducciones de impuestos a la propiedad (u omisión completa) para proyectos que superen los 1.000 millones de dólares en inversiones.
“Ahora somos lo bastante competitivos para atraer estos proyectos”, dijo orgulloso el vicegobernador de Ohio, Jon Husted, en una conferencia de prensa sobre el presupuesto. “Tenemos una oportunidad con la deslocalización que se está produciendo, y vamos a luchar agresivamente por estas inversiones y estos puestos de trabajo en el estado de Ohio”, añadió.
Una semana después del anuncio de la sede de Intel, Ohio anunció un paquete adicional de incentivos de 2.000 millones de dólares, el mayor de la historia del estado.
Como parte del paquete, el estado destinará 700 millones de dólares (643 millones de euros) a la ampliación de la autopista cercana y a otras mejoras de infraestructuras, 600 millones de dólares (551 millones de euros) a la propia planta y otros 650 millones de dólares (597 millones de euros) a incentivos fiscales.
A nivel local, New Albany concedió a Intel la mayor reducción del impuesto sobre bienes inmuebles de su historia (30 años sin pagar impuestos) y anexionó su municipio vecino para disponer de espacio suficiente para instalar la planta de más de 400 hectáreas dentro de la ciudad.
“New Albany es una comunidad estratégicamente planificada, y este proyecto encaja dentro de los parámetros de nuestro parque empresarial, donde ya trabajan 19.000 personas”, declaró el alcalde de New Albany, Sloan Spalding, en un comunicado.
En resumen, las subvenciones federales, estatales y locales concedidas a Intel están ahorrando a la empresa miles de millones.
¿Qué obtiene la ciudad a cambio?
Pero, como ocurre con cualquier decisión de financiación, el esfuerzo por atraer a Intel conlleva algunas desventajas. A diferencia del gobierno federal, que tiene una enorme capacidad para financiar sus iniciativas y endeudarse, los gobiernos estatales y locales están más limitados en cuanto a recursos.
Dar dinero en efectivo a las empresas o ahorrarles impuestos implica quitarle esos fondos a otras iniciativas.
En teoría, se supone que los miles de puestos de trabajo creados por estas nuevas empresas atraerán a más pequeñas empresas y contribuyentes a la zona (en el caso de la planta de Columbus, Intel calcula 10.000 puestos de trabajo además de los de la planta), aumentando la base impositiva e incentivando el crecimiento.
Pero tal y como indica un análisis realizado en 2020 por investigadores de la Universidad Estatal de Ohio sobre los beneficios de políticas de desarrollo como las deducciones fiscales, este tipo de programas “socavan las instituciones públicas tradicionales, como las escuelas, que dependen en gran medida de los impuestos sobre la propiedad para sus necesidades financieras”.
Solo en 2021, las escuelas de la ciudad perdieron 51 millones de dólares (47 millones de euros) debido a estas reducciones concedidas a los promotores como parte de un impulso para incentivar la construcción de nuevas viviendas.
Las reducciones intentaban resolver un problema real: se prevé que la población de Ohio Central crezca de 2 millones en 2010 a más de 3 millones en 2050, por lo que la ciudad necesita muchas viviendas nuevas.
Pero, según el estudio del Estado de Ohio, los programas de reducción de impuestos residenciales de Columbus apenas contribuyeron a resolver el problema de la vivienda, mientras que sí agotaron los fondos municipales.
“Los programas de reducciones fiscales han contribuido a aumentar los hogares de alto poder adquisitivo, pero degradan los recursos públicos disponibles para los casi 30.000 niños (de los cuales más de la mitad viven en hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza) de esta ubicación”, señala el informe.
La desviación presupuestaria y el deterioro de las instalaciones de muchas escuelas locales acabaron provocando las protestas del sindicato de profesores en 2022. “Los promotores reciben limosnas, los derechos de los niños se venden”, coreaban los profesores en una marcha ante la sede de los promotores en abril.
La protesta culminó en una huelga de 3 días de 4.500 profesores en agosto, la primera del sindicato desde 1975, que terminó solo después de que el consejo escolar aceptara un contrato de 3 años que garantizaba algunas disposiciones básicas, como aire acondicionado en todos los edificios escolares para 2025.
Esta lucha empeorará, ya que la ciudad ha concedido aún más reducciones fiscales sobre bienes inmuebles para incentivar la construcción de viviendas que absorban a los 3.000 trabajadores de la planta y a los 7.000 obreros temporales de la construcción necesarios para las instalaciones de Intel.
Según la plataforma de alquiler Zumper, el alquiler medio de un apartamento de un dormitorio en Columbus ha pasado de 551 euros en 2015 a casi 900 euros en 2023.
Los incentivos de la ciudad exigen a los promotores que se benefician de ellos, que reserven una parte de las viviendas asequibles construidas en las zonas designadas.
Pero el problema de esta política, denominada Programa de Áreas de Reinversión Comunitaria, son los criterios que determinan que los precios de los alquileres son “asequibles”. Estos, se basan en datos de toda la ciudad, lo que da lugar a “viviendas asequibles” que cuestan el doble del alquiler medio en los barrios con ingresos más bajos.
Por ejemplo, la renta media en Columbus es de 57.800 dólares (53.100 euros), pero la renta media por hogar en el barrio de South Linden es de 28.610 dólares (26.300 euros).
Mitchell Toomey, organizador de Affordable Housing Columbus, me comentó que, si bien estas políticas incentivaban la construcción de viviendas que podrían ser asequibles para un salario de 6 cifras, los trabajadores de ingresos medios y bajos se quedan sin opciones.
Pequeños chips, gran agua
Gracias en parte a la Ley CHIPS, el centro de Ohio no es la única región que entra en el juego de los semiconductores. También se están construyendo fábricas en Nueva York y Texas, y 2 de ellas se están ampliando a las afueras de Phoenix. Pero las fábricas de chips de Phoenix plantean un problema aún más grave que las batallas por la vivienda y los incentivos fiscales en Columbus.
Para fabricar semiconductores, las fábricas de chips utilizan millones de litros de agua al día. Por eso puede parecer extraño que Arizona (famosa por su desierto y su crisis hídrica) sea el centro neurálgico de la industria estadounidense del chip.
Los defensores de las plantas consideran que la compensación entre los nuevos puestos de trabajo y el elevado consumo de agua es positiva. Intel ya emplea a más de 10.000 personas en Arizona y contribuyó con 3.900 millones de dólares al PIB de Arizona en 2019 (casi 3.600 millones de euros).
Por otro lado, los fabricantes de chips dicen que gran parte del agua utilizada se puede reciclar: los datos de Intel muestran que alrededor del 80% del uso de agua de la planta de Arizona en 2020 se recicló posteriormente.
“Dadas todas las formas en que podríamos asignar nuestra agua, las plantas de semiconductores que reciclan la mayor parte de lo que utilizan no son una mala inversión”, escribió Joanna Allhands en un artículo de opinión en el Arizona Republic.
Sarah Porter, directora del Centro Kyl de Política del Agua de la Universidad Estatal de Arizona, declaró a KJZZ que, en el caso de las plantas de semiconductores, 3,8 millones de litros de agua pueden proporcionar 200 puestos de trabajo bien remunerados en este sector, mientras que un campo de golf solo proporcionaría 50 empleos mal pagados.
Pero ese análisis coste-beneficio no tiene en cuenta la presión a largo plazo que las plantas podrían ejercer sobre los ya de por sí sobrecargados recursos hídricos de la región. Incluso si se reciclara el 80% de la cantidad utilizada, habría una pérdida diaria de unos 10 millones de litros.
Los críticos sostienen que el uso excesivo de agua y los problemas de vivienda distan mucho de ser netamente positivos. Rashad Shabazz, catedrático de Geografía de la Universidad Estatal de Arizona y autor de Spatializing Blackness, me explicó que el deseo cultural de convertirse en el nuevo Silicon Valley y el impulso político de crear empleo pesaban más que las preocupaciones por la vivienda, las escuelas y el agua.
“Esto es lo que ocurre cuando los políticos y los promotores se reúnen para crear políticas públicas. Ninguno de los 2 tiene la previsión de ver el panorama completo, de entender el impacto que esto va a tener en el medio ambiente, en las escuelas, en las infraestructuras, en el agua”, reflexionaba Shabazz.
Los descontentos de la deslocalización
Aunque las inversiones para traer la producción de chips al país contribuyan al crecimiento de la industria estadounidense de semiconductores, seguirán dependiendo de otros países para completar el proceso de fabricación.
El montaje y el embalaje seguirán encargándose fuera de sus fronteras, y la tecnología que se fabrique en estas plantas estará años por detrás de los chips avanzados que pueda producir Taiwán. Mientras tanto, empresas como Intel y TSMC disfrutarán de miles de millones en incentivos como parte de la guerra de los chips.
Cabe preguntarse si la deslocalización de la fabricación de tecnología puede hacerse de forma sostenible y equitativa, sin desplazar, desfinanciar o desviar los fondos que necesitan los trabajadores más vulnerables y esenciales.
Si existe un modo de recuperar puestos de trabajo a la vez que se garantizan fondos para las escuelas y no se pone en peligro el suministro de agua de las comunidades, es algo que aún está por debatir.
Lo que está claro es que, como escribió Ashik Siddique, analista de investigación del Institute for Policy Studies, el apoyo bipartidista a la deslocalización de la fabricación de chips “demuestra que obtener una ventaja sobre China es aparentemente la prioridad más urgente de nuestro gobierno”.
Fuente: businessinsider.es