La inversión del Gobierno federal de 2019 en programas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) es la más baja desde 2012, como proporción del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Este año, México invertirá el 1.6 por ciento de su gasto (91.4 mil millones de pesos) en el rubro, con una disminución de 0.6 puntos porcentuales con respecto al gasto en 2018 (92 mil millones de pesos).
Los programas de CTI tienen el objetivo de formar investigadores que resuelvan los “problemas nacionales fundamentales” para impulsar el “desarrollo del país” y el “bienestar de la población en todos sus aspectos”, a través de la educación y la mejora continua de los procesos productivos, de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
A la fecha existen 97 instituciones cuyo presupuesto depende directamente de estos ingresos. Por ejemplo, todos los recursos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y sus dependientes, así como de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) provienen de allí.
Asimismo, gran parte del presupuesto del Colegio de México (92 por ciento), del Instituto Politécnico Nacional (39) y de las universidades Autónoma Metropolitana (34.5) y Nacional Autónoma de México (31) dependen de los programas de CTI.
Con los recortes presupuestarios de este año, el CIDE dispondrá de nueve millones de pesos menos que en 2018, y el Conacyt tendrá una disminución de 2.7 mil millones. Con ello se suman a instituciones como el IPN (-167 mdp), la UNAM (-1.2 mmdp) y la UAM (-290 mdp) que, sin esta reducción programática, sufrieron recortes en su presupuesto general.
La suma de minoraciones económicas (4.4 mmdp) de estas cinco instituciones equivale, por ejemplo, a 2.4 veces el presupuesto erogado (1.8 mmdp) en becas nacionales del Conacyt durante el primer trimestre de 2019, o a la quinta parte del dinero invertido por el sector privado (22.8 mmdp actuales) en investigaciones de “desarrollo tecnológico intramuros”, en el periodo 2012-2013.
UN CASO DE ESTUDIO
El desarrollo en la productividad científica de un país está ligado con la “efectividad del gobierno” y la “estabilidad política” o la “ausencia de violencia”, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Ello puede observarse en casos como el de México y Brasil. Mientras que el primero invierte entre el 0.4 y el 0.5 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en CTI, el segundo destina el 1.27 por ciento, según cifras del Banco Mundial.
México (20.4) tiene, por un lado, una tasa de violencia por cada 100 mil habitantes inferior a la de Brasil (27.8). Pero Brasil (-0.3) tiene un mayor grado de efectividad gubernamental que México (-0.8), según las estimaciones de la UNESCO (2013) y del estudio “Seguridad Ciudadana en América Latina” (2018) del Instituto Igarapé.
Lo anterior coincide con los hallazgos del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) que indican que Brasil (3.7 puntos generales) tiene una mayor “calidad de la democracia” que México (3.1).
El país sudamericano superó al norteamericano en materia de “imperio de la ley” (2.5 contra 2.4), “rendición de cuentas electoral” (4.9-3.5), “rendición de cuentas interinstitucional” (3.4-3.3), “participación política” (4.2-3.4), “libertad” (4.2-3.1) y “capacidad de respuesta” (3.2-2.9). Sólo en el rubro de “solidaridad y equidad”, México (3.0) superó a Brasil (2.9).
Pese a que México (2.4 por ciento) ha tenido un mayor crecimiento promedio de su PIB que Brasil (0.1) durante el periodo 2013-2019, y a pesar de que México (16 por ciento) tiene mayores porcentajes de exportación de manufacturas de alta tecnología que Brasil (9.6), los datos internacionales señalan que el país sudamericano tiene más “efectividad de gobierno” y “calidad de la democracia”.
“Sólo la existencia de un auténtico régimen de libertades y derechos individuales ofrece a la ciudadanía su autonomía de acción y su consecuente responsabilidad cívica, semilla de una sociedad con interacciones virtuosas, creativas y constructivas”, se lee en un artículo del doctor César Cansino para la “Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales” de la UNAM (Vol. 58, No. 217, 2013).
Algo similar a lo que sucede entre México y Brasil, ocurre en los casos de Argentina, Chile y Uruguay que, aunque tienen niveles de inversión en CTI (0.5, 0.4 y 0.4, respectivamente) como los de México, tienen mayores niveles de inversión per capita que éste y que Brasil, con mayores niveles de efectividad gubernamental (0.06, 0.3 y 0.8) y calidad democrática (3.6, 3.9 y 3.9).
Pese a que los resultados en materia de comportamiento del sistema sociopolítico dependen de factores ulteriores a la inversión en CTI, no obstante este tipo de gasto es un facilitador de procesos de “gobernanza”. Esto es que, el desarrollo científico y tecnológico de un país –de acuerdo con la UNESCO– incide (positiva o negativamente) en la calidad de la intervención del Estado y por ende, en la reacción social coligada.
LA INVERSIÓN PÚBLICA
El gasto del sector público mexicano en ciencia, tecnología e innovación fue de 0.2 por ciento del PIB, en promedio entre 2007 y 2018, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Durante los años de gobierno (2007-2012) de Felipe Calderón Hinojosa, la inversión promedio anual fue de 27.2 mil millones de pesos; es decir, del 0.2 por ciento del PIB, cada año. Y en el sexenio (2013-2018) de Enrique Peña Nieto fue de 50.4 mil millones (0.3 por ciento del PIB).
La inversión en CTI aumentó a un ritmo de 13.4 por ciento anual entre 2007 y 2012. Asimismo, aunque la tasa aumentó a 15 por ciento en promedio en el periodo 2012-2015, a partir de 2016 comenzó una tendencia a la baja (-4.0 por ciento) que fue revertida en 2018 (+1.8 por ciento en comparación con 2017).
Esta tendencia coincide con una reducción presupuestaria de 5.2 mil millones de pesos en los programas de CTI de 2017, año en que el CIDE tuvo 24 por ciento menos presupuesto que en 2016, y en que los recursos destinados al Conacyt decayeron en 19.2 puntos porcentuales. Los recortes de entonces supusieron 126 y 7 mil 300 millones de pesos menos para cada institución, según datos de los PEF’s.
En este contexto, el 22 de agosto del año pasado, Enrique Graue Wiechers señaló que la inversión en CTI en México había sido “escasa e incierta”. Durante esa misma ponencia, el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió mesa con el rector de la UNAM.
“Vamos a garantizar que la aportación [del Gobierno federal] en el presupuesto para ciencia y tecnología aumente en el mejor de los casos […]. Y en el peor de los casos, que no se reduzca ni que tenga un presupuesto por debajo de la inflación; que aumente en términos reales”, dijo el ahora Presidente de la República Mexicana.
Sin embargo, el presupuesto de este año para programas de CTI (1.6 por ciento del PEF) fue el más bajo desde 2012 (1.6), pese y a que la reducción, en comparación con 2018, fue de 562.4 millones de pesos (-0.6 por ciento entre 2018 y 2019).
Por otro lado, el gasto en CTI del primer trimestre de 2019 (0.07 por ciento del PIB) fue el más bajo desde 2013 (0.06). Las cifras de la SHCP indican que entre enero y marzo, el Gobierno de AMLO erogó 12.7 mil millones de pesos en el rubro. Esto es 1.8 mil millones menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando la inversión ascendió a 14.5 mil millones.
RECORTE Y POLÉMICA
“Las instituciones públicas son frágiles. Son árboles sujetos a los azares de los incendios y las sequías, a los vaivenes e inconstancias de la política. Un árbol centenario puede ser talado en minutos”, escribió para Nexos (2019) el investigador del CIDE José Antonio Aguilar Rivera, en el marco de los recortes presupuestarios de este año.
Aguilar, como muchos otros en el ramo académico, acusó que aunque el presupuesto del CIDE –como el de muchas instituciones– sufrió “un decremento menor, las nuevas disposiciones del Gobierno federal han dificultado de manera extraordinaria su operación normal”.
La reducción en el rubro de ciencia y tecnología e innovación fue producto de las políticas de austeridad –para evitar el derroche de recursos públicos– aprobadas y ejercidas por la administración del Presidente López Obrador.
“Las medidas deberán aplicarse en las más de 300 instituciones de la Administración Pública Federal a partir del mes de mayo y tienen como propósito liberar mayores recursos para el desarrollo”, se lee en un boletín conjunto de las secretarías de la Función Pública y de Hacienda.
“Se reducirá en un 30 por ciento el monto aprobado para 2019 en materiales, combustibles, viáticos y pasajes aéreos nacionales, así como en estudios e investigaciones”. También “habrá una reducción del 50 por ciento en viáticos y pasajes aéreos internacionales, exposiciones, alimentación, asesorías para operación de programas, subcontratación de servicios con terceros y congresos, entre otros”, abunda la misiva.
Pese a que la comunidad científica nacional reconoce y apoya la intención del nuevo Gobierno para incrementar la eficiencia gubernamental, señala que los abusos no se resuelven con recortes presupuestarios generalizados, pero sí con mecanismos adecuados de auditoría y fiscalización.
En una carta fechada el 21 de mayo de 2019, más de tres mil investigadores y científicos mencionan que “los nuevos recortes imposibilitarían el cumplimiento de los compromisos definidos en los Decretos de Creación de los CPI’s”. Esto es, dejan en vilo las investigaciones, plazas operativas indispensables, así como el desarrollo de investigadores y proyectos tecnológicos de relevancia nacional.
En los últimos 20 años, México ha invertido entre el 0.4 y el 0.5 por ciento de su PIB en CTI. Empero, la inversión “mínima necesaria” en el país debería de ser del uno por ciento del PIB, según las estimaciones (2019) de la doctora Julia Tagüeña Parga, titular de la coordinación general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) para el periodo 2019-2021.
Asimismo, la inversión “ideal” por país en CTI, según los estándares internacionales reconocidos por la UNESCO, debería de ser de entre 2.5 y tres por ciento del PIB nacional. México invierte, en cambio, la cuarta parte de la mínima inversión necesaria, así como la quinta parte de lo requerido a nivel mundial.
Fuente: sin embargo.mx